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    Portada » Operativo federal en Resistencia por estafa al sistema previsional
    Policiales

    Operativo federal en Resistencia por estafa al sistema previsional

    1 de julio de 2025
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    Una investigación por fraude previsional derivó este lunes 30 de junio en un allanamiento a un estudio contable ubicado en pleno centro de Resistencia.
    La medida fue dispuesta por la Justicia Federal tras una denuncia presentada por la Anses, que alertó sobre una posible red delictiva dedicada a gestionar jubilaciones falsas mediante la simulación de vínculos laborales inexistentes.
    El operativo fue encabezado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y ordenado por el fiscal federal Ricardo Mianovich. El blanco fue el estudio contable Alicia Strada, situado sobre Marcelo T. de Alvear 186, donde se presume que operaba el núcleo de una estructura organizada de fraudes al sistema previsional.
    La maniobra habría consistido en presentar ante el sistema Arca relaciones laborales ficticias con el objetivo de que personas sin los años de aportes requeridos accedieran indebidamente a la jubilación. Para ello, el estudio utilizaba datos de otros clientes, haciéndolos figurar como empleadores.
    Las declaraciones juradas rectificativas eran presentadas como medio para «blanquear» relaciones laborales simuladas, en una práctica sostenida durante años.
    El accionar irregular fue detectado por la Dirección de Detección de la Anses, en coordinación con la sede regional del organismo en el Chaco.

    DENUNCIA FORMAL
    Y PRUEBAS CLAVE
    La denuncia fue radicada por el Ministerio de Capital Humano ante el Juzgado Federal del Chaco. En el documento se detallan los mecanismos empleados por la organización investigada para vulnerar los controles del sistema previsional y simular vínculos laborales entre personas sin relación real.
    Según consta en la presentación judicial, el estudio contable habría instruido a sus clientes para que, en caso de ser citados, declararan falsamente haber empleado a los supuestos beneficiarios. Algunos de estos «empleadores» ya habrían admitido ante la Justicia no conocer a quienes figuraban como trabajadores a su cargo.
    Los testimonios obtenidos en esta etapa conforman uno de los pilares fundamentales de la causa, al exponer una conducta coordinada para engañar al Estado. Al menos 23 casos sospechosos han sido identificados, aunque la cifra podría aumentar a medida que avance la investigación.
    Fuentes judiciales señalaron que el análisis forense de los registros permitirá determinar el alcance total del fraude y la posible participación de otros estudios contables o agentes previsionales.

    IMPACTO ECONÓMICO Y PREVENCIÓN DE DAÑOS
    A partir de la detección temprana del esquema, la Anses suspendió preventivamente las jubilaciones que ya habían comenzado a pagarse y bloqueó el cobro de aquellas en trámite. Se estima que el perjuicio económico causado al sistema previsional podría ascender a varios millones de pesos.
    Desde la dirección central de la Anses se informó que la maniobra fue neutralizada gracias al fortalecimiento de los sistemas de control interno. Para ello, se aplicaron parámetros de detección diseñados específicamente para identificar inconsistencias en la declaración de relaciones laborales.
    Esta acción preventiva permitió preservar recursos del Estado y sentó un precedente en materia de fiscalización. Sin embargo, voceros del organismo advirtieron que el escándalo podría derivar en una auditoría más amplia de los trámites jubilatorios en la región.
    La Anses trabaja actualmente en la mejora de los procedimientos de verificación, al tiempo que colabora activamente con el Poder Judicial para la prosecución de la causa.

    Hallan el celular de Leonela

    La investigación por el femicidio de Leonela Ayelén Giménez (25) tuvo un avance significativo ayer, cuando efectivos de Investigaciones Complejas encontraron su teléfono celular completamente destruido en un canal de desagüe frente al Zoológico municipal de Sáenz Peña, a la vera de la ruta nacional 95.
    La búsqueda se activó luego del análisis de cámaras de seguridad que registraron movimientos sospechosos de un vehículo detenido en el lugar del hallazgo.
    Por orden del fiscal Gustavo Valero, se realizó un operativo conjunto con Bomberos y el Gabinete Científico Judicial. Tras remover vegetación y palpar el lecho del canal, el equipo localizó el dispositivo a 10 metros del puente, bajo 80 centímetros de agua servida.
    El equipo encontrado, un Honor X5b, fue reconocido por coincidir con el número de serie de la caja original entregada previamente en la comisaría Quinta por un amigo de la víctima.
    El hallazgo del celular refuerza la hipótesis de que los responsables del crimen intentaron destruir pruebas clave.

    Reacciones

    Tras conocerse los detalles del operativo, el Ministerio de Capital Humano convocó a reuniones urgentes con autoridades del área previsional y de seguridad social para evaluar el impacto institucional de la maniobra. El caso se mantiene bajo secreto de sumario.
    Desde la sede regional de la Anses Chaco confirmaron que se ha dispuesto la revisión integral de todos los expedientes vinculados al estudio contable implicado, con el objetivo de detectar nuevos casos potenciales de irregularidades.
    El hecho generó preocupación en el entorno de profesionales contables y jurídicos, ante la posibilidad de que existan otras estructuras similares operando con esquemas comparables. La Justicia no descarta ampliar las actuaciones a más implicados.
    El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Chaco expresó que colaborará con la investigación en todo lo que sea requerido y que aplicará sanciones éticas en caso de comprobarse responsabilidad profesional.

    Avances judiciales

    La causa sigue en etapa investigativa, y se prevé que en los próximos días se amplíen las declaraciones testimoniales y se ordenen nuevas medidas probatorias.
    La fiscalía busca determinar el nivel de participación de cada involucrado y la existencia de posibles conexiones dentro del sistema previsional.
    La magnitud del fraude, el uso de datos personales de terceros y la articulación entre profesionales para manipular los registros estatales configuran un posible caso de asociación ilícita. Las penas por este tipo de delitos pueden incluir prisión efectiva y multas millonarias.
    Además de las responsabilidades penales, se analiza el eventual recupero de los montos cobrados indebidamente mediante mecanismos de devolución patrimonial.
    La Anses, en tanto, reafirmó su compromiso con la transparencia y adelantó que se continuará trabajando en la detección de maniobras similares. «No vamos a tolerar prácticas que perjudiquen al sistema y a los ciudadanos que cumplen con la ley», señalaron fuentes oficiales.

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