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    Portada » El municipio ordenó retirar los balcones gastronómicos y estalló el conflicto
    Política

    El municipio ordenó retirar los balcones gastronómicos y estalló el conflicto

    15 de julio de 2025
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    La decisión del Ejecutivo municipal de ordenar el retiro definitivo de los balcones gastronómicos instalados por bares y restaurantes en la vía pública durante la emergencia sanitaria por Covid-19 desató una fuerte controversia esta semana en Resistencia.
    A través de la resolución 1382/2025, la Municipalidad otorgó un plazo de 60 días hábiles para desmantelar las estructuras ubicadas sobre veredas y calzadas, argumentando que afectan la seguridad vial y contravienen el Código de Tránsito.
    La disposición generó un inmediato rechazo por parte de comerciantes del rubro y de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco, que alertaron sobre el impacto económico de la medida. «Hoy por hoy, si ese balcón desaparece, el negocio desaparece», advirtió Matías Rafart, presidente de la entidad en contacto con Radio Natagalá.
    Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida. El concejal Alejandro Aradas -presidente del Concejo Municipal- sostuvo: «Estos balcones fueron una solución excepcional en un contexto extraordinario, pero hoy van a contramano del ordenamiento urbano que necesita la ciudad».

    emergencia sin efecto
    La autorización de los balcones se había formalizado en 2021 bajo la gestión del exintendente Gustavo Martínez como parte de un paquete de medidas destinadas a sostener al sector gastronómico en plena pandemia.
    Mediante la resolución 1382/21, se permitió la instalación de estructuras desmontables en la vía pública, la eximición del pago de tasas por uso del espacio público y la habilitación de decks, mesas y sillas en calzadas y veredas.
    Tres años después, la nueava gestión encabezada por Roy Nikisch decidió revocar esa norma. Según el nuevo Código Único de Tránsito y Transporte, las calles deben mantenerse «completamente despejadas para garantizar la libre circulación y la seguridad».
    En ese marco, el Ejecutivo resolvió devolver el espacio público a su función original y facultó a las secretarías de Economía y Gobierno a coordinar el retiro de las estructuras.
    «No se puede ordenar el tránsito si seguimos ocupando el espacio público de esta manera. Es momento de recuperar la normalidad y avanzar hacia una ciudad más ordenada», afirmó Aradas.

    «Nos dejan sin trabajo»
    Del otro lado del conflicto, las críticas no tardaron en aparecer. Matías Rafart, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco, calificó la medida como arbitraria y perjudicial.
    «No entiendo el porqué de esta resolución. Si falta alguna medida de seguridad, trabajemos juntos para regularizarla. Pero sacar los balcones es sacar un espacio de trabajo», expresó.
    Asimismo, Rafart afirmó que actualmente existen siete balcones gastronómicos en funcionamiento en la ciudad, todos ellos habilitados durante la pandemia y con inversiones importantes. «Son estructuras que no causaron ningún accidente. En otras ciudades del país siguen funcionando. Buenos Aires, Córdoba, Bariloche… acá se los quiere eliminar sin siquiera una mesa de diálogo», sostuvo.
    «Hay comercios que dependen exclusivamente de ese espacio. Si lo pierden, directamente cierran», advirtió.
    También remarcó que la resolución se emitió «sin consulta previa» y que el sector se enteró por los medios. «Siempre hemos sido convocados a dialogar con funcionarios como Rofé o Barisco, pero esta vez nos sorprendió una decisión unilateral. Vamos a pedir una reunión urgente con el intendente Nikisch», aseguró.

    Una decisión política
    Uno de los puntos más cuestionados por los gastronómicos es el argumento de la seguridad vial. «No hay ningún registro de accidentes por estos balcones.
    Hubo siniestros en esquinas o por otras causas, pero nunca por las estructuras. Es más, la gente los usa, se sienta, consume. Si fueran un estorbo, estarían vacíos», apuntó Rafart.
    Además, cuestionó el doble estándar en el control del espacio público. «En cada esquina hay un parripollo nuevo con garrafa, eso sí es un riesgo. Nosotros pagamos impuestos, invertimos, embellecemos la ciudad. Pero a los únicos que se les exige algo es a los privados que están en regla», expresó con indignación.
    «Si se quiere regular el uso del espacio público, que se haga con todos no solo con siete bares del microcentro», reclamó.

    Inversión y empleo en juego
    Los balcones gastronómicos representan no solo un espacio físico, sino también un factor clave para la economía del sector.
    «Cada mesa en la vereda es un puesto de trabajo más. Es un cocinero más, un mozo más, un proveedor que vende más. Es una cadena», explicó Rafart.
    Incluso señaló que algunos comercios abrieron exclusivamente bajo ese formato. «Hay bares que no tienen salones cerrados. Solo pueden atender al aire libre. Si pierden esa posibilidad, no tienen cómo seguir funcionando», dijo.
    El costo de instalación de estas estructuras fue elevado. «En su momento eran inversiones grandes, por eso no todos pudimos hacerlo. Hoy sacarlas también es un gasto.
    Y en un contexto donde las ventas bajaron por el frío y la situación económica, esto golpea más fuerte todavía», señaló.

    modelo de ciudad en disputa
    El conflicto por los balcones gastronómicos revela una tensión de fondo en Resistencia: ¿cómo se concibe el uso del espacio público? ¿Qué modelo de ciudad se impulsa desde el Estado?
    Para Aradas, se trata de recuperar la vía pública como espacio común. «No podemos permitir que lo excepcional se vuelva permanente. El orden y la seguridad son prioridad», sostuvo.
    En cambio, para Rafat, el retiro es un retroceso. «Una ciudad que apoya su gastronomía es una ciudad que atrae turismo, genera empleo y se embellece. Esto no lo entendieron», lamentó.

    Expectativas de diálogo
    El sector gastronómico aún espera revertir la medida. «Vamos a pedir una audiencia con el intendente. Queremos regularizar lo que haya que corregir, pero no perder lo que tanto costó construir», afirmó Rafart.
    Desde el Ejecutivo aún no respondieron oficialmente a los reclamos. Mientras tanto, el reloj corre: el plazo de 60 días para desmontar las estructuras ya comenzó.
    «No se puede construir una ciudad ordenada arrasando con quienes invierten y trabajan todos los días. Esperamos que prime el sentido común», concluyó Rafart.

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