Pasaron más de cinco años del hecho y tres desde que el expediente fue elevado a juicio oral. Sin embargo, hasta el momento no hay una fecha concreta para el inicio de las audiencias.
La causa por el violento ataque de policías chaqueños contra jóvenes de la comunidad Qom del barrio Bandera Argentina, en Fontana, permanece estancada en la Cámara Segunda en lo Criminal, a cargo de la jueza Dolly Fernández, desde su radicación en 2021. El caso conmovió al país y al mundo en plena pandemia de coronavirus, cuando se difundieron imágenes del accionar brutal de los efectivos.
El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022, luego de que la jueza de Garantías 3 de Resistencia, Rosalía Zózzoli, dejara firme el requerimiento formulado por el fiscal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos. La acusación recae sobre diez agentes de la Comisaría Tercera de Fontana, entre ellos la jefa de la unidad, Claudia Lucena, por los delitos de “vejaciones” y “encubrimiento agravado”.
Los otros policías imputados que deberán enfrentar juicio son: Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera y Sebastián Alberto Vallejos. Todos los imputados continúan en funciones en la Policía chaqueña.
Desde entonces, la causa permanece sin avances. Tanto las querellas —representadas por el Comité para la Prevención de la Tortura, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, y la Defensa Pública— como las defensas técnicas, solicitaron la fijación de una fecha de inicio del debate oral. Sin embargo, según pudo saber el portal judicial Litigio, hasta el momento no hubo respuesta de la jueza Fernández.
Cabe mencionar que actualmente la magistrada se encuentra al frente de las audiencias preliminares del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde están imputados Emerenciano Sena, su hijo César y Marcela Acuña.
EL HECHO
El 31 de mayo de 2020, policías de la Comisaría Tercera irrumpieron violentamente en una vivienda de Fontana sin orden judicial. Las imágenes registradas muestran cómo los efectivos detuvieron a cuatro jóvenes —una de ellas menor de edad— mediante golpes de puño, empujones, patadas y amenazas con armas de fuego, profiriendo insultos discriminatorios por su identidad indígena: “Indios de mierda, los vamos a matar”, gritaban.
“Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”, escribió en ese momento el por entonces presidente, Alberto Fernández.
El operativo se habría originado tras un supuesto ataque con piedras a la comisaría, hecho que nunca fue acreditado. Una vez trasladadas a la dependencia policial, las víctimas denunciaron haber sido sometidas a malos tratos y vejaciones. Estuvieron detenidas por más de diez horas.
“Tenía miedo, no sabía adónde me estaban llevando ni si iba a volver a ver a mi mamá y a mis hermanos”, relató una de las jóvenes detenidas.
“Nos sacaron y nos estuvieron paseando en la camioneta. Temí que nos maten, que nos tiren por ahí como ha pasado en otros casos”, contó otro de los jóvenes, según recordó Amnistía Internacional, organización que fue admitida en la causa como amicus curiae —una figura jurídica que permite a terceros ofrecer información y argumentos relevantes para la decisión judicial.
El caso que motivó a la renuncia
de la cúpula de la Policía
Pocos días después del arresto de los policías acusados del ataque a las familias qom de Fontana, el, entonces, jefe de la fuerza provincial, Comisario General Fernando Romero, presentó la renuncia al cargo.
Allá en 2020 se informó el envío del expediente hacía Casa de Gobierno, a consideración de la, entonces, ministra de Seguridad Gloria Zalazar y del gobernador Jorge Capitanich, y obedece a cuestiones de posturas desde la Institución que no están de acuerdo en el no reintegro de los cuatro efectivos de la comisaría Tercera de Fontana, investigados en causa judicial y administrativa que son de público conocimiento, quienes fijaron su postura de que deben reintegrarse al servicio independientemente de la causa judicial en trámite y administrativa.
Según ese año, el comunicado que se publicó señalaba que la norma interna de la Institución establecía que al no encontrarse en situación de detención o privados de la libertad, el funcionario policial debe reintegrarse al servicio sujeto a lo que resulta de las causas mencionadas con anterioridad.
«El ejecutivo entiende que deben permanecer pasivos por delito, no estamos de acuerdo entonces obviamente, yo como Jefe de policía no puedo seguir trabajando ante esta situación». Agregó Romero
El dictamen de asesoría letrada aconseja el reintegro de los funcionarios, la ley del personal policial establece una situación de pasiva por delito en el art.117 a todo que el funcionario policial privado de la libertad o con proceso judicial en trámite, esto obedecía al viejo código procesal penal de la provincia, que tuvo sus modificatorias por lo tanto dejamos de aplicar la pasiva por por delito es decir solo aplicamos cuando el personal está detenido.