La crisis del transporte urbano de pasajeros en Resistencia y el Gran Resistencia escaló esta semana tras una reunión en la Secretaría de Trabajo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas TCM y ERSA, que solicitaron el inicio de un procedimiento preventivo de crisis para justificar posibles despidos y pagos parciales de indemnizaciones.
Raúl Abraham, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, tras la audiencia clave en la Secretaría de Trabajo ratificó el rechazo del gremio a la propuesta de las empresas TCM y ERSA de avanzar con un “procedimiento preventivo de crisis” que implicaría suspensiones y pagos parciales de indemnización a choferes del transporte urbano.
La reunión que se celebró el lunes 21 concluyó sin acuerdo. “Nosotros no vamos a permitir, vamos a resistir hasta donde podamos. No queremos que se suspenda a los trabajadores ni que se les pague el 50% de indemnización. Considero que no es justo”, afirmó Abraham en diálogo con Radio Natagalá y agregó: “La crisis no la provocaron los trabajadores, pero sí son los que van a pagar las consecuencias”.
La postura del grem io
El sindicato ratificó que su propuesta es sostener el salario base de $1.300.000 y, como alternativa, aplicar el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite acordar sumas no remunerativas evitando cargas sociales (excepto obra social y ART). “Eso no afecta al trabajador”, explicó Abraham. “Se evita pagar lo más caro para el empresario, que es el costo laboral, pero el salario se mantiene”.
Además, UTA dejó claro que no aceptará ninguna maniobra que implique despedir con pagos reducidos: “Si tienen la posibilidad de pagar el 50% de indemnización, seguro que lo van a hacer, pero nosotros no lo vamos a aceptar”, remarcó el dirigente.
Mandato de asamblea
El gremio cuenta con el respaldo de una asamblea realizada el domingo 20, que otorgó mandato para que Abraham y su equipo negocien en representación del conjunto. “Nos dieron ese poder y mandato. Lo único que pedimos es el acompañamiento de todos”, expresó. “Tenemos que demostrar preocupación, unidad y una lucha por una causa justa y razonable”.
Si no se llega a un acuerdo favorable, anticipó que podrían iniciar medidas sindicales: “Vamos a esperar hasta el 30. Si no pagan el porcentaje que resta del aguinaldo ese día, al día siguiente comenzamos con la mediación sindical”, advirtió.
El rol del Gobierno
Abraham también apuntó contra la responsabilidad estatal en la crisis del sistema de transporte. “El Gobierno tiene una responsabilidad enorme. Que piensen en la gente, en el usuario. El subsidio se otorga en todo el mundo para tener un boleto accesible”, sostuvo. “Los que hacen uso son personas de bajos recursos. Hay que evitar que caigan más en el uso de la moto y se produzcan más accidentes. Hay que cuidar al ser humano”.
Próximos pasos y
riesgo de colapso
El próximo 30 de julio vence el plazo para el pago del resto del aguinaldo y el gremio espera una respuesta concreta. En paralelo, se espera la audiencia con la empresa ERSA, que también solicitó acogerse al procedimiento de crisis. UTA anticipó que mantendrá la misma postura que con TCM: rechazar despidos, aceptar suspensiones temporarias solo si se respeta el salario, y promover acuerdos dentro del marco legal.“Nuestro objetivo no es solo el bienestar del trabajador, sino que continúe el sistema. Que no caiga ninguna empresa y que no se pierdan fuentes de trabajo”, sintetizó Abraham. “Pero para eso necesitamos respuestas del Estado y que se cumpla lo que corresponde. No pedimos que nos regalen nada”.
un conflicto que se arrastra
El conflicto entre choferes, empresas y Estado no es nuevo en Chaco. El sector del transporte público arrastra años de tensiones, con subsidios atrasados, paros frecuentes y reclamos de actualización salarial que no se resuelven de forma estructural.
A mediados de 2023, la UTA Chaco también protagonizó un paro total de actividades por más de una semana, reclamando pagos adeudados por parte de las empresas. En aquel entonces, el Gobierno provincial intervino para garantizar los fondos. Pero este año, el recorte de subsidios nacionales dejó al sistema en una situación de mayor fragilidad.
procedimiento
preventivo de crisis
El “procedimiento preventivo de crisis” es una herramienta legal prevista en la Ley de Empleo para que las empresas, en situaciones económicas adversas, puedan presentar una propuesta ante la autoridad laboral que les permita reducir cargas, suspender personal o realizar despidos con indemnizaciones reducidas.
En este caso, tanto TCM como ERSA buscaron activar ese procedimiento. Pero UTA lo consideró una maniobra patronal para licuar los costos laborales sin agotar otras vías.
El artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo permite celebrar acuerdos entre partes para que los trabajadores cobren sumas no remunerativas mientras estén suspendidos, sin que pierdan la cobertura de salud.
Este tipo de convenios fueron utilizados masivamente durante la pandemia del COVID-19, como mecanismo para sostener el empleo formal mientras la actividad económica estaba paralizada. Abraham planteó que esta podría ser una alternativa válida para evitar despidos y suspensiones masivas.
La crisis del transporte
El sistema de transporte urbano en Resistencia es uno de los más precarizados del país. El esquema depende en gran medida de los subsidios nacionales y provinciales, que en 2024 y 2025 se vieron recortados por decisiones del Gobierno nacional.}Además, los costos operativos —combustible, repuestos, salarios— subieron por encima del índice inflacionario general, lo que llevó a las empresas a presentar balances en rojo y pedir “salvataje” financiero.
Si las empresas insisten en el procedimiento preventivo de crisis y el Gobierno no interviene con fondos adicionales o con un plan estructural, el conflicto podría derivar en:Paros totales de transporte.Juicios laborales por despidos indebidos.Crisis de movilidad para estudiantes, trabajadores y sectores vulnerables.
El gremio anticipó que mantendrá la presión y la unidad. “Estamos peleando por algo que es justo. Queremos que el servicio continúe y que se respete al trabajador”, concluyó Abraham.