Magdalena Corvalán, representante del colectivo Ni Una Menos en la provincia, se pronunció tras el femicidio de Érica Romero, ocurrido en Resistencia y por el cual está detenida su ex, y remarcó que con este caso ya suman 8 los asesinatos por motivos de género en lo que va de 2025.
En declaraciones a Ciudad TV, expresó: «Nos ocupa, nos entristece como cada vez que nos tenemos que encontrar por una noticia así».
Corvalán sostuvo que «la respuesta del Estado no puede limitarse a la intervención posterior al hecho, sino que debe centrarse en la prevención».
«Nuestra demanda principal son las políticas públicas de prevención, porque no se discute si después de un hecho tan trágico como el femicidio de Érica o los otros siete anteriores que tenemos que lamentar en la provincia, el Estado estuvo o no estuvo presente», afirmó y agregó: «El tema está en que no se puede llegar siempre tarde, que más allá de la voluntad que se tenga, hay que tener firmeza en las decisiones políticas que se tomen tendientes a prevenir».
La militante subrayó que la prevención no solo es fundamental para evitar nuevas muertes, sino que incluso resulta más eficiente desde el punto de vista presupuestario: «Lo decimos siempre, no solamente que prevenir salva la vida de una mujer o una identidad femenina en la provincia y en el país, sino que también en términos presupuestarios al Estado le conviene prevenir. Porque después todo el engranaje que se debe poner en movimiento para contener una situación, para asistir a una familia y demás, termina siendo más costoso».
En esa línea, explicó que desde el colectivo exigen políticas preventivas que incluyan educación y reeducación.
«No solamente en los establecimientos educativos, donde a los jóvenes les debe llegar el mensaje de que no se puede naturalizar más los discursos de odio, de que la violencia machista no tiene que ser justificada», sostuvo.
También criticó las reacciones sociales tras el femicidio de Romero: «Como hemos visto terriblemente en redes después del femicidio de Érica, comentarios tremendos poniéndola de vuelta a la víctima en el banquillo de los acusados, desmenuzando su vida y otras cosas, cuando el hecho acá es que la violencia machista sigue vigente».
Asimismo, Corvalán advirtió que este tipo de violencia se ve legitimada incluso desde sectores institucionales como el gobierno nacional que desde el inicio de su gestión recortó y ajustó los sectores de atención a esta problemática.
«La violencia machista se justifica y se legitima incluso desde altas esferas del poder con discursos que son sumamente preocupantes y peligrosos para la sociedad en su conjunto», apuntó.
Respecto al rol estatal, expresó que muchas acciones impulsadas desde el gobierno provincial no alcanzan por sí solas: «Creemos que hace falta profundizar muchísimo, que hay acciones que se promueven desde el Estado provincial que más corresponderían a la sociedad civil. Colgar panfletos, pegar afiches de información, está bien, es necesario, pero tiene que ir acompañado de una estructura seria con equipos interdisciplinarios, con personal capacitado y que capacite, que sean multiplicadores en los ámbitos que son necesarios».
En ese sentido, mencionó una reciente campaña contra la trata de personas y observó contradicciones en su ejecución: «Veíamos una campaña contra la trata y la pegatina de panfletos en entes del Estado. Está bien, es positivo, la información llega. Pero también hay una contradicción porque lo que se pegaba era la calcomanía de la Línea 145, que sabemos que ha sido casi desmantelada y que el fin último es erradicarla».
Según explicó, desde el colectivo tienen contacto directo con compañeras de otras provincias que trabajan en esa línea: «Como colectivo Ni Una Menos Federal, parte de la red federal, tenemos compañeras que en otras provincias, sobre todo en Caba que trabajan fuertemente en la Línea 145 y conocemos de primera mano cómo lo están pasando y cómo se redujeron presupuestos y recursos que son necesarios a la hora de dar respuesta en casos tan delicados».
Por último, insistió en que la responsabilidad de proponer y ejecutar políticas superadoras recae en el Estado. «Hay acciones que son necesarias, sí, pero también las hacemos desde el territorio. El Gobierno tiene que tener una propuesta superadora, porque ellos tienen los recursos, tienen las estructuras y deben tener la decisión política», concluyó.
