El Ejecutivo nacional informó la decisión, argumentando que se trataba de beneficios otorgados de forma irregular. La medida, que se enmarca en una auditoría integral de la Andis, busca reasignar recursos hacia quienes cumplan los requisitos, en un contexto de fuerte disputa política con el Congreso por el presupuesto del área.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno dio de baja 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral tras detectar que habían sido otorgadas de manera irregular. Según detalló, el 60% de los beneficiarios no se presentaron a verificar los requisitos exigidos para continuar recibiendo el beneficio.
El anuncio se conoció luego del rechazo en la Cámara de Diputados al veto del presidente Javier Milei sobre la ley que incrementaba el presupuesto destinado al sector de la discapacidad. Adorni explicó que, además de las bajas mencionadas, se anularon 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 de beneficiarios que renunciaron voluntariamente.
El funcionario sostuvo que las irregularidades detectadas abarcan casos en los que se utilizaron los mismos estudios médicos para justificar múltiples solicitudes. Ejemplificó con situaciones en Tucumán, donde se repitió la misma radiografía, ecocardiograma y medición de presión en diferentes trámites.
Adorni también recordó un antecedente en el Chaco, donde durante la gestión anterior se presentó la misma radiografía de hombro como prueba en 150 solicitudes distintas. Para el Gobierno, este tipo de prácticas constituye una muestra de fraude sistemático.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), encabezada por Diego Spagnuolo, sostiene que estas medidas permitirán un ahorro mensual de aproximadamente $35 mil millones para el Estado. Según estimaciones oficiales, la magnitud de los casos detectados implica un desvío de fondos que rondaría los USD1.000 millones anuales.
CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DEL SISTEMA
En su exposición, Adorni presentó datos históricos sobre el crecimiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas, la cantidad pasó de 79 mil a 1.045.000.
Entre 2015 y 2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la cifra descendió a 1.026.000, pero volvió a incrementarse hasta alcanzar 1.222.000 en diciembre de 2023, tras el período de Alberto Fernández. Para el vocero, este volumen «no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales».
En su comparación internacional, Adorni citó el caso de Israel, donde el 3,5% de la población activa recibe pensión por discapacidad, frente al 4,6% de la Argentina. Señaló que Israel enfrenta un contexto de conflicto bélico permanente y atentados terroristas, mientras que la Argentina no atravesó circunstancias similares en las últimas décadas.
La investigación interna alcanza a todas las personas que reciben la prestación bajo la Ley 13.478 y el decreto 432/97, con sus modificaciones. No incluye a menores de edad ni a quienes fueron auditados en 2024.
Las auditorías están siendo realizadas por médicos del Pami y personal de la Andis, y contemplan la verificación médica y documental de cada caso.
REACCIONES POLÍTICAS
Y PROYECCIÓN DEL GASTO
El Gobierno cuestionó con dureza la postura de la mayoría de los diputados que rechazaron el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.
Asimismo, Adorni afirmó que «el Congreso defendió este sistema corrupto», y acusó a legisladores de haber diseñado el esquema que, según sus palabras, favoreció a «los amigos de la política».
La administración de La Libertad Avanza advirtió que la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social incrementará el gasto público en aproximadamente $2.16 billones para 2025, lo que representa el 0,26% del PBI.
Para 2026, el gasto adicional estimado superará los $4.5 billones, equivalente al 0,47% del PBI, sin contemplar el impacto del aumento de beneficiarios en el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a quienes perciben estas pensiones.
El Ejecutivo remarcó que su objetivo es redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias que realmente lo necesiten. La Andis expresó que las auditorías «permitirán mayor transparencia y equidad en la distribución de los beneficios».
Según el Gobierno, la reducción de gastos asociada a la depuración del padrón contribuirá al cumplimiento de la meta de «déficit cero» y a sostener la política monetaria vigente. La cadena nacional anunciada por el presidente Milei incluirá referencias a esta medida y a los vetos recientes.