El Gobierno de la provincia del Chaco resolvió la cesantía de tres agentes de la administración pública provincial luego de comprobarse reiteradas inasistencias sin justificación y abandono de servicio. La medida fue formalizada a través de decretos firmados por el gobernador y representa la sanción disciplinaria más severa dentro del régimen estatutario vigente.
El primero de los expedientes corresponde a G.L.P., quien desde febrero de 2022 registró un alto nivel de ausentismo en el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible. Según el decreto, acumuló 13 faltas en febrero, 16 en marzo, 16 en abril y 15 en mayo de ese año.
A pesar de las notificaciones cursadas a través de la plataforma oficial y el Boletín Oficial, nunca se presentó a ejercer su defensa ni justificó licencias médicas. La Asesoría General de Gobierno determinó que se configuró abandono de servicio desde el 10 de febrero de 2022, cuando sumó seis inasistencias consecutivas sin aviso.
El segundo caso involucra a N.L.R., quien no volvió a presentarse en su puesto desde septiembre de 2020. De acuerdo al expediente, en julio de 2021 se dispuso la suspensión definitiva de sus haberes y, pese a las citaciones, nunca compareció en el sumario administrativo.
Tanto la Dirección de Sumarios como la Asesoría General de Gobierno concluyeron que incurrió en abandono de servicio, lo que derivó en la aplicación de la cesantía.
La tercera sanción alcanzó a M.E.Q., trabajadora del mismo ministerio, quien dejó de concurrir a su puesto entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. Durante ese período se le bloquearon y suspendieron los salarios, pero no respondió a las notificaciones ni presentó descargos.
La investigación acreditó abandono de servicio desde el 9 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, el Ejecutivo firmó el decreto de cesantía.
En los tres casos, el Gobierno encuadró las sanciones en los artículos 21 y 22 de la Ley 292-A del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y en el artículo 23 del Régimen Disciplinario. El dictamen de la Asesoría General de Gobierno fue determinante para recomendar la expulsión definitiva de los agentes.