La jueza federal María Virginia Ise avanzó en el control de la prueba testimonial y pericial ofrecida por la Fiscalía. Entre los testigos que quedaron para el debate figuran Martín Innocente, Diego Villalba, Rodrigo Silva y diez integrantes de Gendarmería Nacional. También se informó la exclusión del testigo civil César Alarcón, cuya declaración fue cuestionada por una de las defensas. La próxima audiencia será el viernes, a las 10.
La causa conocida como “Narcopolicías” avanzó este martes 3 de noviembre en la selección de los testigos y elementos probatorios que podrán incorporarse al eventual juicio oral contra el comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Franco Andrés Ramírez, investigados por la presunta sustracción de casi 9,5 kilos de cocaína durante un procedimiento de incineración de estupefacientes realizado en Colonia Benítez.
La audiencia de control de la acusación estuvo a cargo de la jueza federal María Virginia Ise y se desarrolló en modalidad híbrida, con participación presencial en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y conexión virtual de los imputados desde su lugar de detención.
Según el acta oficial de la Oficina Judicial, la jornada comenzó a las 9.06 y finalizó a las 11.41, luego de que se analizaran testimonios, pericias telefónicas, documentación y convenciones probatorias.
La magistrada dispuso un cuarto intermedio debido a que todavía resta tratar la prueba ofrecida por las defensas. La continuación quedó fijada para el viernes 6 de noviembre, a las 10.
Los testigos que quedaron para el debate
Durante la audiencia se avanzó en la admisibilidad de los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la información proporcionada por una de las defensas, entre los testigos que quedaron para el eventual juicio oral se encuentran Diego Villalba, Martín Innocente y Rodrigo Silva.
También fueron incluidos diez integrantes de Gendarmería Nacional:
- Cristian Joaquín Sosa, cabo primero.
- Natalia Beatriz Bareiro, segunda comandante.
- Jonathan Hernán Maidana, primer alférez.
- Mauro Fabricio Enríquez, cabo primero.
- Ramiro Julián Roldán, cabo.
- Federico René De Lucca, cabo.
- Silvia Verónica Ester Giménez, gendarme.
- Rodolfo Ismael Rodríguez, cabo.
- Vanesa Raquel Ávalos, gendarme.
- Carlos Ramiro Albez, cabo.
La nómina corresponde a los testimonios informados durante la jornada del 3 de noviembre y se complementa con aquellos que fueron admitidos en audiencias anteriores.
El acta judicial confirma que se analizaron los testimonios ofrecidos por la Fiscalía, se produjeron desistimientos y se resolvieron oposiciones de las defensas. No obstante, el documento no detalla individualmente todos los testigos admitidos y remite al registro audiovisual para conocer el contenido completo de las decisiones.
Cuestionamientos al testimonio de César Alarcón
Una de las novedades de la jornada fue la exclusión del testigo civil César Alarcón, según informó la abogada Macarena Barceló Fogar.
La letrada señaló que la declaración de Alarcón fue cuestionada por su credibilidad y mencionó la posibilidad de que hubiera recibido algún incentivo de Juan Nicolás Almirón Núñez durante la jornada en que se realizó la quema de estupefacientes.
Se trata de una manifestación atribuida a la defensa, sin que exista en la documentación disponible una constatación judicial de que el testigo haya recibido efectivamente algún beneficio.
Tampoco surge del acta administrativa una fundamentación específica sobre la exclusión de Alarcón, por lo que los motivos exactos de la decisión deberán corroborarse en el registro audiovisual de la audiencia.
El testimonio del civil había sido considerado durante la investigación por su vinculación con las actuaciones desarrolladas en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez el 18 de diciembre de 2025.
Analizaron las pericias de los teléfonos celulares
Otro de los ejes de la audiencia fue la discusión sobre los testigos y peritos relacionados con la extracción, visualización y análisis de dispositivos telefónicos.
El acta judicial consigna que las partes formularon observaciones sobre la admisibilidad de estas declaraciones y que se precisaron los alcances de los testimonios autorizados.
Las pericias telefónicas constituyen uno de los elementos utilizados por el Ministerio Público Fiscal para reconstruir las presuntas comunicaciones entre los policías investigados.
Durante el procedimiento de control se produjeron desistimientos de algunos testimonios y se resolvieron objeciones relacionadas con los peritos analistas.
La exclusión de un especialista como testigo no implica necesariamente la invalidez de los estudios realizados, ya que la admisión de los informes y su valoración durante el juicio constituyen cuestiones diferentes.
La Fiscalía estuvo representada por Hilgenberg, Dragell y Giménez
La audiencia se desarrolló sin la presencia del fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, quien intervino en la formulación de la acusación.
Según consta en el acta oficial, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Ruth Hilgenberg, Agustina Dragell y Juan Gabriel Giménez, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia.
Por las defensas participaron Gonzalo Sánchez y Juan Martín Varas, en representación de Rubén Héctor César Alegre, y Lucio Gonzalo Otero, defensor de Franco Andrés Ramírez.
Ambos imputados participaron de manera virtual desde el Escuadrón 14 “Las Palmas” de Gendarmería Nacional, donde permanecen detenidos.
Convenciones probatorias y documentación
Durante la jornada también se avanzó en el tratamiento de la prueba documental y las denominadas convenciones probatorias.
Estas últimas son acuerdos entre las partes sobre determinados hechos o circunstancias que no serán discutidos durante el juicio oral, con el objetivo de concentrar el debate en los aspectos que permanecen controvertidos.
La jueza también abordó la prueba ofrecida para una eventual audiencia de cesura, instancia destinada a discutir la pena en caso de que previamente se establezca responsabilidad penal.
En particular, se analizaron informes socioambientales y la modalidad mediante la cual podrían incorporarse al proceso.
Hacia el final de la audiencia, las defensas formularon observaciones relacionadas con las penas solicitadas y la integración del tribunal que eventualmente tendrá a su cargo el juicio.
Estas cuestiones quedaron pendientes de tratamiento.
La Justicia Federal avanzó en la selección de testigos de la causa Narcopolicías. La audiencia contra Alegre y Ramírez continuará el viernes 6 de noviembre.
Alegre y Ramírez, los dos acusados que continúan por la vía ordinaria
La investigación se inició después de que se detectaran irregularidades durante una quema de estupefacientes realizada el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que se habría desplegado una maniobra para sustraer 9,490 kilos de cocaína que debían ser destruidos y posteriormente destinarlos a su comercialización.
En la acusación original, la Fiscalía solicitó 15 años de prisión para Rubén Héctor César Alegre, a quien señaló como presunto organizador de la maniobra, y 12 años para Franco Andrés Ramírez.
Ambos enfrentan imputaciones vinculadas con la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de intervinientes y por su condición de funcionarios públicos, además del delito de peculado.
Las penas mencionadas son pretensiones fiscales y no constituyen condenas.
Los restantes policías involucrados fueron resolviendo su situación mediante procedimientos abreviados.
Juan Nicolás Almirón Núñez y Néstor Ariel Urne Canteros recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva, mientras que Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.
Posteriormente, Gustavo Andrés Quizama alcanzó un acuerdo de juicio abreviado por seis años y seis meses de prisión, según informó su defensor Miguel Ángel Barceló.
La audiencia continuará el viernes
La Oficina Judicial confirmó que la audiencia de control de la acusación se reanudará el viernes 6 de noviembre, a las 10, nuevamente ante la jueza María Virginia Ise.
Durante la próxima jornada se continuará con el tratamiento de la prueba ofrecida por las defensas y las cuestiones procesales que todavía permanecen pendientes.
Una vez finalizado el control de la acusación, corresponderá determinar si se dicta el auto de apertura del juicio oral, que establecerá los hechos y las pruebas admitidas para el debate.
De esta manera, la causa Narcopolicías avanza hacia una nueva etapa judicial, con Alegre y Ramírez como los dos acusados que continúan por la vía ordinaria, mientras se define el conjunto de testimonios, pericias y documentos que podrán utilizarse durante el futuro juicio.