El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, avanzaron con una medida inédita: presentarán pruebas ‘definitivas’ ante un tribunal de Estados Unidos para cerrar la insólita polémica que los ha perseguido por años, que es demostrar que la Primera Dama francesa es una mujer.
La decisión se enmarca en la demanda por difamación que el matrimonio Macron presentó contra Candace Owens, una de las voces más influyentes de la derecha estadounidense. La influencer ha sostenido de manera insistente que Brigitte “nació hombre”, algo que el equipo legal del presidente califica como “una campaña organizada de desinformación” que traspasó fronteras y se instaló en el debate público europeo.
Con la presentación de pruebas fotográficas y científicas ante el tribunal, la pareja busca poner fin a la difusión global de este bulo y sentar un precedente frente a la propagación de noticias falsas en redes sociales y medios afines a la ultraderecha.
Tom Clare, representante legal del presidente francés, afirmó que las declaraciones de Owens resultaron “profundamente perturbadoras” para el mandatario y que han afectado su vida familiar. “No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta”, señaló en diálogo con la BBC.
Clare confirmó que se aportarán “testimonios periciales de naturaleza científica” y que la pareja demostrará “de forma general y específica” que las acusaciones son falsas. También anticipó que, de ser necesario, se presentarán fotografías de Brigitte embarazada.
Candace Owens y la campaña de desinformación
La influencer estadounidense, conocida por su apoyo a Donald Trump y por sus declaraciones tránsfobas, ha difundido reiteradamente la teoría de que Brigitte Macron “nació hombre”, identificándola falsamente como su hermano, Jean-Michel Trogneux.
La acusación se consolidó en la serie Becoming Brigitte, de ocho episodios, que se viralizó en redes sociales y fue amplificada por medios y cuentas afines a la ultraderecha en Francia, Estados Unidos y España. Para el equipo legal del presidente, se trata de “un ejemplo de desinformación transnacional diseñado para socavar a figuras democráticamente electas”.
Una teoría conspirativa que trasciende fronteras
El caso Macron no es aislado y ya tuvo capítulos previos en la Justicia francesa. En 2021, Brigitte y su hermano Jean-Michel, denunciaron a Amandine Roy y Natacha Rey por difamación, acusándolas de propagar en redes sociales el rumor de que la primera dama “nació hombre”.
En un fallo de primera instancia, ambas fueron condenadas a pagar indemnizaciones de 8.000 euros a Brigitte y 5.000 a su hermano. Sin embargo, en julio pasado, el Tribunal de Apelación de París las absolvió de 18 cargos, al considerar que actuaron “de buena fe” y que gran parte de sus publicaciones eran “demasiado imprecisas” para constituir difamación. Tras la absolución, la Primera Dama llevó el caso a la Corte de Casación, la máxima instancia judicial francesa, en un intento por revertir el fallo.
A nivel internacional, otras figuras políticas también fueron objeto de narrativas similares. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, fue blanco de teorías conspirativas que sostenían que había nacido hombre. En redes sociales circularon montajes fotográficos y videos manipulados que posteriormente fueron desmentidos por verificadores internacionales como Reuters y Politifact.
La misma dinámica se repitió con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quienes enfrentaron rumores sobre su identidad de género en el marco de campañas de desinformación.
Incluso Kamala Harris, quien fue vicepresidenta de Estados Unidos, fue mencionada en publicaciones que buscaban poner en duda su sexo asignado al nacer, replicando un patrón de teorías conspirativas que se repite en distintas latitudes.
Lo que está en juego
Para Macron, el litigio tiene un valor que va más allá de lo personal: es un intento de frenar la propagación de desinformación y de sentar un precedente legal sobre los límites de la libertad de expresión en la era de las redes sociales.
“Si la incomodidad de someterse a estas pruebas es el precio de frenar esta campaña, Brigitte está dispuesta a asumirlo”, concluyó Clare.
El caso podría convertirse en un hito judicial en la relación entre figuras públicas y plataformas digitales, especialmente en un contexto en el que los bulos sobre identidad de género se han convertido en un arma política a escala global.
Fuente: Perfil