La medida fue dispuesta por el juez Rodolfo Gustavo Lineras, quien hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Civil Todo Por Todos. El fallo ordena tanto al Ministerio de Seguridad como a la Jefatura de la Policía del Chaco hacer efectiva la prohibición.
El recurso fue presentado tras los hechos ocurridos el 17 de agosto en Taco Pozo, cuando integrantes de la asociación denunciaron haber sido detenidos ilegal y arbitrariamente por personal policial.
Según la resolución, además de la libertad ambulatoria, se vieron vulnerados derechos fundamentales como la integridad física y psíquica, la dignidad, la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el acceso a la justicia.
La Cámara sostuvo que persiste en la localidad un patrón de violencia institucional, agravado por la falta de control judicial y de investigaciones serias sobre denuncias previas de violaciones a los derechos humanos.
Esta situación, advirtió el tribunal, expone a la población de Taco Pozo a un estado de desprotección y desamparo jurídico, con especial impacto en los sectores más vulnerables.
Además de la prohibición para Melchiori, el fallo ordena la realización de un curso obligatorio de Derechos Humanos para el personal policial, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Exhortar al Ministerio de Seguridad y al Órgano de Control Institucional (OCI) a investigar y, en su caso, sancionar la conducta atribuida a Melchiori.
Pedir a la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos que lleve adelante una investigación «rápida, seria y eficiente» sobre los hechos denunciados.
Se instará al intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez, a realizar un acto público de disculpas hacia los integrantes de Todo Por Todos como medida de reparación simbólica.
Asimismo, la fiscalía fue habilitada a investigar posibles delitos de desobediencia judicial, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionario público relacionados con la actuación de Melchiori y otros agentes policiales.
