El secretario de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, advirtió, durante una entrevista en el programa «La otra campana», que emite LT7 AM 900 en dúplex con LT25 de Curuzú Cuatiá, con la conducción de Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy, sobre descuentos de entre $300 y $600 por kilo de hacienda que aplican frigoríficos exportadores a los productores que no cuentan con la validación de la plataforma Visec, creada en el marco de las exigencias establecidas por la Unión Europea para el ingreso de productos agropecuarios a ese mercado.
El dirigente rural explicó que esta situación genera preocupación en el sector ganadero, debido a que algunos establecimientos frigoríficos condicionan las operaciones comerciales a la inscripción en ese sistema y rechazan certificaciones emitidas por otras plataformas, incluso cuando acreditan el cumplimiento de los requisitos ambientales y laborales.
También cuestionó que las deducciones se apliquen sobre la totalidad de los animales comercializados, pese a que solamente determinados cortes tienen como destino el mercado europeo, lo que representa un perjuicio económico para los productores.
En ese contexto, Luna Vázquez reclamó una mayor intervención del Estado nacional y la creación de un mecanismo público de validación, con participación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que garantice transparencia y condiciones equitativas para el acceso a los mercados internacionales.
El dirigente señaló que Brasil, el Paraguay y Uruguay ya desarrollaron herramientas estatales para responder a este tipo de exigencias y cuestionó que la Argentina deje en manos de estructuras privadas la certificación de las condiciones necesarias para exportar.
-Tenemos en comunicación al doctor Adrián Luna Vázquez, representante de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y productor agropecuario, con quien ya hemos conversado en varias oportunidades. La última vez hablamos sobre la Ley de Tierras. ¿Cómo está, doctor?
-¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos.
-¿Cómo está el campo, doctor?
-Está un poco convulsionado por el tema del Visec, que genera mucha confusión y está provocando que un grupo de frigoríficos exportadores afecte directamente el precio de la hacienda de los productores mediante descuentos. Esto genera, por supuesto, nerviosismo y reclamos por parte de los productores.
-Tocar el precio es tocar algo muy delicado. De hecho, existen posibilidades en el mercado internacional y expectativas respecto de los precios. ¿Cómo puede estar ocurriendo esta situación, doctor?
-Lo que ocurre es que, como todos saben, la Unión Europea sancionó en Bruselas la resolución 1115 de 2023, por la cual exige, básicamente, que el importador europeo acredite que las producciones agropecuarias que ingresen a Europa estén libres de deforestación desde 2020.
Es decir, que se produzcan en un campo donde no haya habido deforestación desde ese año en adelante. También exige otro tipo de cumplimientos, entre ellos, condiciones de legalidad laboral y respeto por los pueblos originarios. A raíz de esta resolución, un grupo privado de frigoríficos y una ONG norteamericana armaron una plataforma de validación denominada Visec.
¿Qué ocurrió ahora? Ese grupo de frigoríficos, cuando va a comprar un animal, verifica si cuenta con la validación que exige el mercado. Si no la tiene, paga menos o directamente no compra.
De alguna manera, se está utilizando una herramienta que es propiedad de estos frigoríficos para generar una situación de competencia desleal o abuso de posición dominante en el mercado.
} Precio de hacienda bajo presión
-No es poco lo que se está descontando. Hay reducciones de entre $300 y $600 pesos por kilo, aproximadamente.
-Sí, exactamente. Es mucho. Además, lo más grave es que el 29 de octubre pasado el Visec firmó un acuerdo con la Uatre sobre la constancia de legalidad laboral, violando todas las leyes.
En la Argentina tenemos el Sistema Integral de Inspecciones del Trabajo y de la Seguridad Social y, por otro lado, la Ley 23.551, que permite que los delegados de la Uatre ingresen a los campos, pero exclusivamente acompañando al inspector oficial de la Secretaría o del Ministerio de Trabajo.
Es decir, un delegado gremial no puede ingresar a un establecimiento para realizar un control de legalidad porque carece absolutamente de facultades para hacerlo. Entonces, lo que está generando esta gente a través del Visec es que, si alguien se inscribe en la plataforma, la Uatre ingrese directamente a su campo. Esto también genera preocupación entre los productores.
-Una fuente me indica que el novillo apto para Europa se paga en torno a los$8 mil u $8.100 por kilo, mientras que el ganado que no cumple con los requisitos de la plataforma se desvía al consumo interno, sufre un descuento y cotiza entre $7.500 y $7.700 por kilo. Esto representa, como mínimo, una pérdida de valor del 10%, una diferencia muy importante.
-Además, quiero señalar otra cuestión. No toda la hacienda se destina a Europa. De cada animal que se compra para abastecer a la Unión Europea, solamente determinados cortes tienen ese destino. No se exporta el animal completo.
Ustedes saben que la industria frigorífica es la única que funciona, si se quiere, al revés, porque el resto de las industrias elabora productos a partir de distintas partes de otros materiales. Aquí lo que se hace es desguazar un animal entero.
Sin embargo, no toda la carne obtenida se exporta a Europa, sino solamente una parte. A pesar de eso, se aplica un descuento sobre la totalidad del kilo de hacienda y sobre todos los animales que se cargan.
Realmente, representa un perjuicio importante para el productor.
La trazabilidad entre la exigencia y el abuso
-Doctor, nos agregan otro dato. Esta normativa entra en vigencia recién en enero, con lo cual la industria frigorífica también se está anticipando a través de esta situación irregular que genera la propia aplicación de la normativa. Es una gran contradicción. A río revuelto, ganancia de pescadores.
-Lo más grave es que existen otras plataformas de validación. Por ejemplo, en CRA recibimos reclamos de todo el país porque la plataforma pública y gratuita Santa Fe Produce Sustentable valida a un productor e indica que cumple con todas las normas de la resolución 1115 de la Unión Europea.
Sin embargo, cuando ese productor quiere venderle a un frigorífico, le dicen: «Si no es Visec, yo no te valido», y se terminó.
Entonces, a pesar de contar con una validación emitida por otra plataforma autorizada por la Secretaría de Agricultura de la Nación, consideran que el productor no cumple porque no está registrado en Visec. Esto constituye un abuso de posición dominante en el mercado de compra.
El productor frente a reglas de un mercado desigual
-Doctor, ¿qué actitud debe tomar el productor cuando se encuentra ante estas situaciones?
-Desde CRA lo que hacemos es advertir y dar a conocer lo que está ocurriendo. El productor viene y nos dice: «Bueno, pero yo necesito vender». En la actividad ganadera, cuando el animal está listo para la venta, el productor tiene que vender; no puede especular con demasiado margen de tiempo.
Por eso, necesariamente debe tomar una decisión y pregunta: «¿Qué hago? ¿Me inscribo o no me inscribo?».
Nosotros dejamos libertad de decisión al productor, pero le damos a conocer lo que está ocurriendo para que pueda tomar decisiones adecuadas. Independientemente de eso, CRA se reunió el jueves con el ministro Sturzenegger y le planteó toda esta problemática.
Fundamentalmente, señalamos que, cuando en su momento hubo que acreditar condiciones para acceder a otros mercados, como la cuota Hilton, la cuota 481 para Estados Unidos o Vaca China, las validaciones de cumplimiento siempre estuvieron a cargo del propio Estado, a través del Senasa.
De hecho, llamativamente, todas estas plataformas utilizan información pública que se encuentra en los registros estatales, como los del Senasa y la Arca. Si Brasil, el Paraguay y Uruguay desarrollaron herramientas públicas, no entendemos por qué el Estado nacional no quiere hacerlo.
A veces, el dogmatismo ideológico hace que se dejen de lado situaciones necesarias.
Por otro lado, resulta contradictorio que el Estado esté siempre presente al momento de cobrar las retenciones, que representan el 60% de los ingresos fiscales para el país, pero que, cuando se trata de validar las condiciones de exportación que generan esas divisas, se corra a un costado y dé lugar a maniobras de oligopsonio por parte de un grupo de frigoríficos, permitiendo que la validación se realice de manera privada. Nosotros pedimos que el Estado no se haga a un costado.
} La soberanía productiva en el centro del conflicto
En una columna de opinión publicada el domingo en la página oficial de CRA, el secretario Adrián Luna Vázquez remarcó que el reglamento europeo 2023/1115 constituye una barrera paraarancelaria que, bajo fundamentos ambientales, perjudica a la producción nacional y desconoce disposiciones del ordenamiento jurídico argentino.
Luna Vázquez precisó que la normativa europea, cuya aplicación está prevista para el 30 de diciembre próximo, establece obligaciones de diligencia debida para los operadores que introducen productos en ese mercado, pero no exige que los productores argentinos se inscriban en Visec ni establece una plataforma privada como mecanismo exclusivo de certificación.
En ese sentido, diferenció el cumplimiento de las exigencias internacionales de la adhesión obligatoria a un sistema comercial particular y cuestionó que ambas cuestiones sean presentadas como equivalentes.
El dirigente recordó que la Secretaría de Agricultura creó, mediante la resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación para promover distintas alternativas de certificación.
También mencionó la plataforma pública Santa Fe Produce Sustentable como ejemplo de herramientas provinciales que permiten acreditar la trazabilidad mediante registros oficiales.
En ese sentido, Vázquez consideró que debe garantizarse la libertad de elección de los productores y la competencia entre diferentes sistemas para evitar costos innecesarios y condiciones excluyentes.
El dirigente también planteó objeciones institucionales vinculadas con las competencias provinciales sobre los recursos naturales y los bosques nativos.
Citó el artículo 124 de la Constitución nacional y la Ley 26.331, que reconocen a las provincias facultades para ordenar sus territorios y autorizar cambios en el uso del suelo.
En el mismo orden, remarcó que una asociación civil no puede desconocer ni reemplazar las decisiones administrativas de las autoridades provinciales competentes, cuyos registros deberían ser reconocidos en los procesos de validación internacional.
El secretario de CRA también remarcó que la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales corresponde a las autoridades administrativas del trabajo, de acuerdo con la Ley 25.877, mientras que la Ley 23.551 permite a los delegados gremiales acompañar a los inspectores oficiales en calidad de veedores.
Por lo tanto, cuestionó que una plataforma privada habilite mecanismos de control que exceden las atribuciones legales de la representación sindical.
Frente a este escenario, reclamó que el Estado nacional asuma un papel activo en la validación de las condiciones de exportación, como ocurrió anteriormente con los protocolos sanitarios, las cuotas Hilton y 481 y la habilitación de establecimientos.
Comparó la situación argentina con la del Paraguay, Brasil y Uruguay, países que desarrollaron herramientas públicas para responder a las exigencias internacionales.
Además, cuestionó que el Estado aporte información de sus registros oficiales, pero delegue en operadores privados la definición de las condiciones comerciales para acceder a los mercados.
Como propuesta, CRA plantea que la Nación y las provincias desarrollen mecanismos públicos de validación complementarios a las plataformas privadas, reconozcan los registros oficiales, permitan sistemas interoperables sin exclusividades y garanticen que los productores conserven el control de sus datos. También propone distribuir los costos de certificación de manera equitativa y evitar que la posición dominante de los compradores convierta la adhesión a una plataforma particular en una condición impuesta.
Asimismo, Luna Vázquez concluyó que la organización continuará cuestionando tanto las exigencias europeas que considera perjudiciales como los mecanismos privados que subordinan a los productores argentinos.