El X Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Redtram) se celebró entre el 8 y el 10 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de delegaciones de 20 ministerios públicos de Iberoamérica y el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodo), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La reunión constituyó un espacio de intercambio regional destinado a fortalecer los mecanismos de cooperación frente a delitos que trascienden fronteras y afectan a sectores particularmente vulnerables.
El Ministerio Público Fiscal de Argentina estuvo representado por los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo. Junto a ellos participó Victoria Sassola, auxiliar fiscal de la secretaría técnica, consolidando la representación argentina en el encuentro y su aporte a la agenda regional. La presencia de estas autoridades reflejó el compromiso del país con la protección integral de las víctimas y la cooperación internacional para el combate del tráfico ilícito de migrantes.
En el marco del encuentro, las delegaciones participantes subrayaron la necesidad de adoptar enfoques centrados en las víctimas, reconociendo la reparación como un proceso integral que respete los derechos humanos y minimice riesgos de revictimización. Se enfatizó la importancia de mejorar la detección temprana de situaciones de explotación y garantizar un acceso efectivo a la asistencia, evitando barreras que puedan entorpecer la protección de quienes han sido afectados por estos delitos.
Las jornadas también fueron una oportunidad para fortalecer la cooperación entre fiscalías. Se destacó la utilidad de los intercambios de información y experiencias para construir criterios probatorios consistentes, especialmente en casos que involucran múltiples jurisdicciones, donde la coordinación y el alineamiento metodológico resultan fundamentales para el éxito de las investigaciones y la sanción de responsables.
AVANCES Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA REGIÓN
Durante las jornadas, se compartieron diagnósticos y experiencias que reafirmaron el compromiso de proteger a las víctimas y mantener una respuesta coordinada ante delitos transnacionales. La centralidad de la víctima se enfatizó como principio rector, garantizando que cualquier intervención judicial o administrativa se conduzca bajo un enfoque de derechos y en consonancia con estándares internacionales.
Las delegaciones exploraron buenas prácticas de coordinación interinstitucional, destacando la necesidad de establecer protocolos claros y eficientes que permitan a distintos organismos judiciales y de seguridad trabajar de manera conjunta, fortaleciendo la eficacia de las investigaciones y la protección de los afectados.
Se abordó el papel estratégico de los sistemas de información y seguimiento, que facilitan la detección de patrones de explotación y la documentación de casos, contribuyendo a la construcción de criterios comunes y al intercambio seguro de datos entre jurisdicciones. La tecnología se reconoció como una herramienta clave para optimizar la actuación de fiscalías y organismos vinculados.
Intercambio técnico y mentorías
La capacitación y el intercambio técnico fueron reconocidos como herramientas estratégicas para fortalecer la respuesta regional. Las mentorías entre fiscalías y programas de formación continua permiten compartir experiencias, mejorar competencias y consolidar redes de cooperación internacional efectivas.
Se destacó la relación con redes y programas afines, que facilitan el acceso a conocimientos especializados y favorecen la construcción de criterios homogéneos para la actuación judicial y administrativa. Esta articulación potencia la eficacia en la persecución penal y en la protección de víctimas.
El encuentro evidenció la necesidad de fortalecer capacidades locales mediante la transferencia de experiencias de países con sistemas avanzados de gestión de bienes incautados y reparación de víctimas, como Francia, Italia y Suecia. Estos modelos sirven como referencia para desarrollar prácticas regionales coherentes y sostenibles.
La sistematización de casos y la compilación de jurisprudencia internacional constituyen herramientas fundamentales para mejorar la calidad de las investigaciones y la consistencia de las decisiones judiciales, asegurando un marco de actuación más sólido y previsible.
Se resaltó que la formación académica, jurídica e institucional contribuye a alinear lenguajes, reducir asimetrías y promover respuestas coordinadas frente a delitos que evolucionan rápidamente, incorporando nuevas modalidades y estrategias de explotación.
La cooperación internacional se reafirmó como un instrumento clave para tender puentes, acelerar aprendizajes y promover decisiones informadas, consolidando la eficacia de las políticas de prevención, persecución y asistencia a víctimas.
» Desafíos jurídicos y probatorios
El X Encuentro de REDTRAM puso especial énfasis en los desafíos jurídicos y probatorios que enfrentan las fiscalías al tratar con delitos de trata y tráfico ilícito de migrantes. Se destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de análisis jurídico y probatorio para enfrentar entornos cada vez más complejos y adaptativos.
Se acordó avanzar en espacios de trabajo que permitan compilar jurisprudencia y sistematizar experiencias nacionales, con el objetivo de construir criterios comunes aplicables a distintos escenarios. Esta labor facilita la coherencia de las investigaciones y la armonización de las prácticas judiciales entre países.
La perspectiva de género y la atención a situaciones de especial vulnerabilidad fueron elementos centrales en el análisis de los desafíos probatorios. Los participantes coincidieron en que estas consideraciones deben integrarse en todos los niveles de la investigación y en las decisiones judiciales, evitando sesgos y asegurando un trato equitativo a las víctimas.
La documentación migratoria y la movilidad transfronteriza se identificaron como factores que complican la persecución penal. La coordinación internacional resulta esencial para rastrear víctimas y responsables, así como para garantizar que los procesos legales se desarrollen con rigor y respeto a los derechos humanos.
Se hizo hincapié en la importancia de contar con equipos multidisciplinarios que incluyan expertos legales, psicólogos y trabajadores sociales, capaces de aportar información valiosa para la construcción de casos sólidos y para brindar apoyo integral a las personas afectadas.
Además, se discutió la necesidad de establecer protocolos de actuación que permitan a las fiscalías responder de manera ágil y efectiva ante nuevas modalidades de explotación, adaptando estrategias a contextos cambiantes y garantizando la protección de derechos fundamentales.