Familias, prestadores y trabajadores del sector de la discapacidad, entraron este viernes a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano, para exigir que los atienda el interventor Alejandro Vilches. «Este maltrato no se soporta más», expresaron.
En el marco de una reunión convocada por el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, quien primero citó a los representantes de los prestadores para tratar los aumentos el día de hoy a las once de la mañana, en un principio, pero luego cambió el horario de la reunión para las 10. Sin embargo, en el día de ayer, los prestadores fueron informados con que la cita fue cancelada por «fuerza mayor».
Después de varias horas de tensión en la entrada de ANDIS, el interventor recibió a los familiares cerca de las 14. «No tenemos buenas noticias, nos recibió el doctor Vilches. Estuvimos charlando, nos comunicó que la semana que viene puede llegar hacer una convocatoria al directorio. Nos dijo claramente que no puede confirmar, pero no es seguro, sino que habló para convocar después de las elecciones», informó Pablo Molero.
«Tampoco quiso recibir la nota, porque en estas circunstancias le enviaron mails puteándolo», añadió en esa línea «el se hace cargo de no tomar la nota y levantar la reunión, al salir». El interventor se negó a recibir la nota del Foro Permanente de Discapacidad diciendo que «no trabaja bajo presión».
«La agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses», expresó Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad. Por su parte, Lola Berthet, en representación de las familias, aseguró que «ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene, si nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones».
«Es agotador todo esto, es un sector vulnerable, como madre ya paso de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien venga abrir la puerta y nos reciba», sentenció.
En la misma línea, Claudia Dipólito, madre y psicóloga, denunció el incumplimiento de la ley 27.793 y apuntó contra la justicia por la falta de respuesta: «El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello, pero no hay avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Yo atiendo por 12 mil pesos la sesión, sin actualización hace un año».
«La situación es límite, nunca en la historia nos encontramos como hoy. Lamentablemente, no sabemos cuántos transportistas van a quedar en pie. Los transportistas están trabajando a pérdida», informó un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis). El litro de nafta se lo pagan $541, pero el combustible cuesta $1.700.