La diputada provincial Analía Flores presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados del Chaco para expresar su preocupación y rechazo ante lo que considera prácticas de persecución y amedrentamiento contra docentes de la Escuela de Educación Primaria N.º 363 “Maestro Rafael Lencinas”, de General José de San Martín, en el marco del reclamo por el incumplimiento de la cláusula gatillo y la falta de actualización salarial.
La iniciativa cuestiona una nota oficial emitida por la Dirección del establecimiento el 29 de octubre, relacionada con fotografías tomadas por docentes dentro de la institución y durante la jornada laboral, en las que exhibían carteles con demandas salariales.
El planteo de la legisladora apunta a las posibles consecuencias de este tipo de intervenciones administrativas sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la defensa de los derechos laborales y la organización colectiva de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
El documento cuestionado fue firmado por la directora Diana Andrea Sosa y deja constancia de que las docentes se fotografiaron en el establecimiento durante el horario de trabajo, sin comunicación ni solicitud previa de autorización.
Asimismo, hace referencia a la prioridad del cumplimiento de las funciones docentes, las actividades pedagógicas y los criterios institucionales para la utilización de celulares y dispositivos digitales durante la jornada laboral.
El acta aclara expresamente que su propósito es registrar administrativamente los hechos y que no implica, por sí misma, la atribución de una falta ni la aplicación de una sanción.
Al respecto, Flores advierte que este tipo de actuaciones puede derivar en mecanismos de señalamiento y disciplinamiento institucional que desalienten la expresión de reclamos laborales legítimos. En los fundamentos de su proyecto, sostiene que las autoridades educativas deben ejercer sus facultades dentro de los límites constitucionales y legales, sin obstaculizar la defensa de los derechos del personal docente ni el ejercicio de sus libertades individuales y colectivas.
DERECHOS LABORALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
La iniciativa de Analía Flores fundamenta su posición en normas nacionales y provinciales que reconocen la libertad de expresión, la protección del trabajo y la participación gremial. Entre ellas, menciona los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional; los artículos 18 y 87 de la Constitución del Chaco; el artículo 67 de la Ley Nacional de Educación N.º 26.206; y el artículo 7.º de la Ley N.º 647-E, Estatuto del Docente provincial.
Esta última norma contempla, entre otros derechos, el acceso a una remuneración justa y actualizada, la libre agremiación y la defensa de los intereses profesionales.
A partir de ese marco legal, la diputada propone repudiar las prácticas de disciplinamiento institucional que puedan desalentar la libertad de expresión y la organización colectiva, además de manifestar su solidaridad con las docentes involucradas y con el conjunto de la docencia chaqueña. “La defensa de la educación pública requiere instituciones basadas en la participación democrática, el diálogo y el respeto por los derechos humanos”, sostiene el proyecto, al plantear la necesidad de preservar espacios institucionales compatibles con el ejercicio de los derechos laborales.
Flores también propone exhortar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco a garantizar el respeto de los derechos constitucionales y laborales del personal docente y a promover ámbitos de diálogo, participación democrática y reconocimiento de la legitimidad de los reclamos salariales.