El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven presentó su registro nacional de femicidios correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de octubre. En ese lapso, se documentaron 200 femicidios y travesticidios en la Argentina, además de 315 intentos de femicidio y 8 instigaciones al suicidio de mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Según el informe, 174 de las víctimas fueron mujeres asesinadas en el ámbito íntimo, mientras que 16 casos correspondieron a femicidios vinculados de hombres y niños y tres fueron transfemicidios o travesticidios.
Los datos fueron elaborados a partir del análisis de medios de comunicación de todo el país.
Desde el Observatorio expresaron su preocupación por el contexto actual. «Observamos con preocupación un salto cuantitativo y cualitativo en la violencia machista, en un contexto de retroceso de las políticas públicas y corrimiento del Estado frente a las violencias de género», afirmaron y agregaron: «Los discursos de odio cobran cuerpo en la realidad: una mujer o una persona trans fue asesinada cada 36 horas».
El informe destaca que 17 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y que el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas, lo que refuerza el reclamo por la falta de respuesta institucional y la impunidad en los casos de violencia de género.
Además, al menos 171 niñas y niños perdieron a sus madres por femicidio en lo que va del año, 18 de ellos solo en el mes de octubre.
El Chaco, con mayor incidencia
El mapa de femicidios del Observatorio ubica al Chaco como una de las jurisdicciones con mayor tasa de casos cada 100 mil mujeres, alcanzando 1,53, cifra que la coloca en el tercer lugar a nivel nacional, solo por debajo de Misiones (1,84) y Neuquén (1,63).
Durante los primeros diez meses del año, se registraron nueve femicidios en el territorio chaqueño, lo que representa un fuerte incremento respecto de años anteriores.
Desde la organización remarcaron que estos números «no son solo estadísticas, sino historias de vidas arrebatadas por la violencia patriarcal y la ausencia del Estado».
«Cada femicidio ocurre porque hay un Estado que no previene, que no protege y que no sanciona a tiempo. No podemos naturalizar que haya mujeres y disidencias asesinadas en sus casas, en plena calle o a manos de sus exparejas sin consecuencias estructurales», señalaron desde Ahora Que Sí Nos Ven.
El hogar, el lugar más peligros
El relevamiento muestra que el lugar físico del femicidio continúa siendo mayoritariamente la vivienda de la víctima (39,8%) o la vivienda compartida con el agresor (25,5%), mientras que un 16,3% ocurrió en la vía pública. Esto evidencia, según el Observatorio, que el hogar -lejos de ser un espacio seguro- sigue siendo el principal escenario de las violencias machistas.
En cuanto al vínculo con el agresor, el 40% de los femicidas fueron parejas actuales de las víctimas, el 29% ex, el 15% familiares, y el resto conocidos o desconocidos. «Los femicidios no son hechos aislados ni producto de un arrebato. Son el extremo de un continuo de violencias que las mujeres y disidencias padecen día a día en contextos de desigualdad y subordinación», sostuvo la organización.
Octubre: 18 femicidios
Durante octubre se registraron 18 femicidios en todo el país, según el informe. A lo largo de 2025, el promedio mensual se mantuvo elevado, con picos de 33 víctimas en febrero, 30 en enero y 29 en mayo.
La tendencia no muestra signos de disminución pese a las múltiples alertas de organizaciones feministas y organismos internacionales. «Cada número representa una vida truncada y una familia devastada. La falta de políticas públicas efectivas, de presupuesto y de compromiso estatal nos está costando vidas», denunciaron desde el Observatorio.
discursos de odio, violencia real
El documento dedica un apartado especial a la responsabilidad de los discursos públicos que promueven el desprecio hacia las mujeres y las identidades disidentes.
Desde Ahora Que Sí Nos Ven señalaron que «los discursos misóginos impulsados por Milei, Bullrich y sus aliados Laje y Márquez se traducen en violencia real, cotidiana y fatal».
El texto cita el caso de Pablo Laura, el doble femicida de Córdoba que asesinó a Luna Giardina y Mariel Zamudio, y que integraba la agrupación Varones Unidos, una organización que -según denunciaron- «decía defender a los varones de la ideología de género» y fue incluso retuiteada por funcionarios del actual gobierno.
«Estos discursos alimentan el odio, legitiman el desprecio y matan», expresó la organización.
«Como en el transfemicidio de Azul Semeñenko, trabajadora estatal del área de género de Neuquén. El odio se inscribe en nuestros cuerpos. Las vidas trans importan», añadieron.
Para el Observatorio, la proliferación de expresiones de odio -desde burlas mediáticas hasta mensajes institucionales- forma parte de un «grave retroceso cultural» impulsado por sectores antiderechos que hoy ocupan espacios de poder.
«Adolescentes disfrazados de mujeres violadas, varones que dicen que el consentimiento es injusto o locales que cuelgan maniquíes en bolsas negras con frases misóginas dan cuenta del nivel de violencia simbólica y cultural que se está legitimando», describieron.
El Estado ausente
La organización feminista sostuvo que el actual contexto político se caracteriza por un «corrimiento del Estado frente a las violencias de género», lo que deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad.
«El gobierno nacional desmanteló programas de asistencia, recortó presupuestos y deslegitimó la agenda de género como política pública», advirtieron.
En ese sentido, denunciaron que las áreas que antes brindaban contención, asesoramiento o refugio a mujeres en situación de violencia se encuentran hoy «paralizadas o sin recursos suficientes».
«Denunciamos que estamos frente a un Estado femicida que promueve el odio, abandona y culpabiliza a las víctimas, mientras incumple las leyes y los tratados de derechos humanos», afirmaron.
Y concluyeron con un mensaje contundente: «Nuestras vidas están en peligro. Justicia para Azul y para todas las víctimas. El Estado no solo es responsable, es femicida de una vida que ya no está, una madre, una hija, una compañera, una identidad que fue borrada por la violencia machista».
Y concluyeron con una advertencia: «Si el Estado no asume su responsabilidad, el conteo de víctimas seguirá creciendo. No hay neutralidad posible ante la violencia patriarcal».
Medidas judiciales y denuncias
Otro aspecto alarmante del informe es que, de los 200 casos relevados, 33 víctimas habían realizado denuncias previas contra sus agresores y 22 contaban con medidas judiciales vigentes, como restricciones de acercamiento o botones antipánico.
Sin embargo, esas medidas no fueron suficientes para evitar los crímenes. «La ineficacia del sistema judicial y policial es una forma de complicidad institucional», señalaron desde el Observatorio.
«Cuando una mujer denuncia, muchas veces es revictimizada, se la obliga a convivir con su agresor o se desestiman sus temores. Esa desprotección termina costando vidas», añadieron.