Los diputados nacionales Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de Resolución para solicitar al Poder Ejecutivo nacional la firma del préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre de 2023.
La iniciativa legislativa propone que el Poder Ejecutivo nacional firme el préstamo que ya cuenta con aval técnico, ambiental y financiero.
El proyecto recuerda que la operación AR-L1391 contempla un financiamiento total de USD700 millones y que el primer tramo disponible es de USD345 millones, con un período de gracia de cinco años y medio y un plazo de amortización de 25 años.
Los legisladores indican que el resto del monto se encuentra reservado para cubrir los costos de obra y accesos, por lo que la ejecución podría avanzar sin modificaciones presupuestarias internas. Según el texto, el único paso pendiente es la firma del Gobierno nacional para habilitar el proceso de licitación.
En ese contexto, los diputados sostienen que la falta de definición administrativa «genera incertidumbre» y retarda una infraestructura que consideran necesaria para las dos provincias y para la región. La presentación enfatiza que el financiamiento internacional aprobado cumple con todas las exigencias del organismo y que la demora afecta el calendario de obras previsto desde la autorización técnica del BID.
El pedido legislativo se enmarca, además, en el estado actual del puente General Manuel Belgrano, única conexión vial entre el Chaco y Corrientes. Las condiciones del tránsito intenso sobre esta vía y el tiempo de utilización acumulado son expuestos como argumentos centrales para plantear la necesidad de una nueva estructura.
La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo avance en el uso del crédito ya otorgado para responder a estas demandas de infraestructura.
Los autores del proyecto señalan que la intervención del organismo internacional se obtuvo tras un largo proceso iniciado años atrás. De acuerdo con la presentación, los requisitos ambientales, estructurales y financieros se encuentran verificados, lo que permitiría avanzar en las etapas siguientes sin redefiniciones técnicas.
El texto insiste en que la firma pendiente constituye el único obstáculo actual para poner en marcha la licitación.
SITUACIÓN DEL
PUENTE EXISTENTE
Los legisladores plantean que la necesidad del nuevo puente es urgente en función del volumen de tránsito y de los incidentes registrados en el puente General Manuel Belgrano.
En el proyecto se detalla que por el viaducto circulan más de 20 mil vehículos por día, cifra que provoca congestión, demoras y riesgos frecuentes para los usuarios.
Como parte de los fundamentos, el documento recuerda un accidente reciente que dejó un motociclista fallecido, dos heridos y más de diez vehículos involucrados. El hecho se presenta como ejemplo de la saturación y vulnerabilidad de la vía existente, dado que cualquier interrupción o incidente provoca un efecto en cadena en el tránsito entre ambas provincias.
El texto explica que el puente actual no solo funciona como enlace metropolitano entre Resistencia y Corrientes, sino también como paso obligado para actividades económicas y de transporte regional.
Esta multiplicidad de funciones recarga su capacidad y, según la fundamentación de los diputados, obliga a contar con una infraestructura alternativa que permita distribuir el flujo vehicular.
En el pedido se argumenta que un segundo puente daría respuesta a los requerimientos de seguridad vial y movilidad urbana e interprovincial. El proyecto también menciona que la falta de una estructura complementaria expone a la región a interrupciones prolongadas en caso de siniestros, reparaciones o contingencias climáticas, aspectos que se intensifican con el crecimiento de los movimientos diarios entre ambas orillas.
Los fundamentos legislativos sostienen que la construcción de una nueva conexión traería beneficios directos en la gestión del tránsito y contribuiría a disminuir los tiempos de desplazamiento.
La exposición remarca que la capacidad del puente General Manuel Belgrano se encuentra sobreexigida y que el aumento de vehículos registrados en los últimos años intensifica los problemas mencionados.
Impacto económico y social
El proyecto de resolución incorpora una descripción del efecto esperado de la obra en la región. Según los diputados, la construcción del segundo puente generaría empleo directo e indirecto, impulsaría actividades vinculadas a la construcción, la logística y el transporte, y contribuiría a mejorar la competitividad del Nordeste Argentino al reducir tiempos y costos de traslado.
La fundamentación destaca que los beneficios derivados del proyecto estarían respaldados por el financiamiento internacional y por la seguridad jurídica del esquema aprobado. Señala también que la obra tiene capacidad para dinamizar cadenas productivas asociadas a la construcción y al movimiento de bienes entre el Chaco y Corrientes.
En el texto se menciona que una mejora en la conexión vial favorecería la circulación de cargas y la integración regional. Los legisladores argumentan que la disponibilidad de un segundo paso permitiría fortalecer la actividad comercial y facilitar el tránsito entre ambas capitales provinciales y las zonas productivas cercanas.
El proyecto sostiene que el impacto social también sería significativo, ya que la obra permitiría descongestionar el tránsito en el puente actual y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios.
Según la fundamentación, la obra forma parte de una estrategia orientada a modernizar la infraestructura vial y a fortalecer la conectividad del NOA. Los diputados plantean que el financiamiento internacional aprobado constituye una oportunidad para avanzar en ese sentido y para consolidar la integración entre ambas provincias.
Condiciones del financiamiento
La presentación legislativa detalla que el crédito del BID aprobado en 2023 se otorgó bajo la Línea de Crédito para Proyectos de Inversión y que sus condiciones financieras son definidas como «favorables, sostenibles y ya aseguradas».
El documento indica que el primer desembolso previsto asciende a USD345 millones, mientras que el resto del financiamiento permanece disponible para ser ejecutado en etapas posteriores.
Los diputados comparan este esquema con iniciativas basadas en capitales privados que, según la fundamentación, no han logrado concretarse en proyectos equivalentes. Al respecto, sostienen que «resulta absurdo no ejecutar un crédito aprobado que permite iniciar la obra de inmediato», enfatizando que se trata de un financiamiento ya verificado por el organismo internacional en todas las categorías técnicas requeridas.
El proyecto subraya la seguridad jurídica asociada al préstamo y la posibilidad de avanzar sin demoras hacia la licitación una vez que el Poder Ejecutivo firme la documentación correspondiente.
Los autores mencionan que el crédito se encuentra listo para su utilización y que las condiciones contractuales establecidas por el BID fueron diseñadas para proyectos de infraestructura de gran escala.
Asimismo, la presentación indica que la operación AR-L1391 cuenta con respaldo para cubrir tanto la obra principal como los accesos necesarios en ambas provincias.
De acuerdo con los fundamentos legislativos, esta característica permitiría ejecutar el proyecto de manera integral, sin depender de fuentes adicionales de financiamiento.
Los diputados advierten que la demora en la firma afecta la programación del préstamo y las etapas administrativas previstas por el BID.
En ese sentido, la fundamentación remarca que la aprobación obtenida en noviembre de 2023 implicó años de gestión y que el financiamiento se encuentra disponible desde entonces para ser utilizado en el proyecto del segundo puente.