La Justicia de Córdoba investiga la denuncia contra una madre acusada de haber sustraído $11 millones de pesos durante la organización de una fiesta de egresados en la ciudad capital. El hecho fue reportado por el grupo de padres y alumnos del sexto año de un colegio secundario, quienes señalaron a María Luisa B., encargada de administrar el dinero para el evento, como la responsable del presunto desvío de los fondos. Según dijeron las presuntas víctimas a El Doce, la suma había sido recaudada entre varias familias para costear la celebración.
El dinero en cuestión, gestionado durante ocho meses y recolectado mediante pagos semanales, estaba destinado al pago de un servicio hotelero y a otras actividades que integraban la fiesta de fin de ciclo lectivo. De acuerdo al testimonio de padres afectados, la sospechosa recibió cuotas de aproximadamente 150.000 pesos por alumno. Cuando se acercaba la fecha de la fiesta y surgieron las primeras consultas sobre los avances, desde la organización notaron demoras y falta de respuestas respecto a los comprobantes y recibos de pago.
En este contexto, los padres habrían intentado contactarse en reiteradas ocasiones con María Luisa B., quien dejó de responder los mensajes en los chats grupales y bloqueó los contactos telefónicos. Una de las madres relató: “Nadie podía ubicarla, desapareció y dejó a todos sin respuestas mientras el dinero nunca apareció”.
La denuncia presentada en la Unidad Judicial n.º 7 de Córdoba incluye pruebas documentales, como capturas de transferencias y listas de aportes realizados por las familias. Según la presentación judicial, la investigada sería la única que tenía facultad para gestionar y utilizar los fondos, ya que el resto de los padres participaba solo de manera informativa o mediante reportes de avance administrativos.
Medios locales detallaron que otros padres intentaron recomponer la situación para garantizar la realización de la fiesta, pero afirmaron que la suma perdida representa “una cifra imposible de suplir en tan poco tiempo”. Debido a la falta de recursos, la continuidad de la celebración quedó en duda y los alumnos afectados expresaron preocupación sobre cómo se resolverá el cierre de su etapa escolar.
La pesquisa judicial se encuentra en etapa inicial. El fiscal a cargo evaluará las pruebas presentadas y determinará si corresponde una imputación por estafa y retención indebida de fondos. Mientras tanto, el grupo damnificado busca alternativas para no frustrar el evento de egreso y reclamó a las autoridades del colegio y del Ministerio de Educación provincial para recibir apoyo. Hasta el momento, María Luisa B. no volvió a comunicarse ni ha brindado declaración pública.