Organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos de todo el país impulsan desde el pasado lunes 22 la campaña nacional «Una Navidad sin presas por emergencias obstétricas» para exigir la libertad de Paola Verónica Ortiz, una mujer cordobesa que lleva más de 13 años privada de su libertad tras haber atravesado una emergencia obstétrica, en un caso considerado emblemático de la criminalización de mujeres pobres y vulnerables.
La iniciativa apunta directamente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, al que se le reclamó la revisión de la condena y la reparación de lo que las organizaciones definieron como una injusticia histórica.
La convocatoria se desarrolla con una fuerte estrategia de visibilización en redes sociales, donde se promueve el uso del hashtag #LibertadParaPaola, la difusión de mensajes de apoyo y el acompañamiento al pedido de revisión judicial con la firma a través del siguiente link https://forms.gle/FZo4zottR6J84J1w8.
Según expresaron las organizaciones convocantes, el objetivo central es instalar en la agenda pública que una emergencia obstétrica no constituye un delito y que el sistema judicial debe aplicar perspectiva de género y derechos humanos en este tipo de causas .
Un caso que
volvió del
debate público
Paola Verónica Ortiz fue condenada en 2012 a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, luego de haber atravesado un parto en avalancha sin asistencia médica ni acompañamiento, en un contexto de extrema vulnerabilidad social, económica y emocional.
De acuerdo con la reconstrucción del caso realizada por las organizaciones que impulsaron la campaña, el nacimiento se produjo sin vida, pero el proceso judicial avanzó sobre la base de hipótesis, prejuicios y estereotipos de género, sin pruebas concluyentes sobre la existencia de un nacimiento con vida.
Al momento de los hechos, Paola tenía tres hijos, no había completado sus estudios secundarios, vivía en una habitación prestada y no contaba con un trabajo formal. El embarazo y el parto ocurrieron en absoluta soledad, atravesados por años de violencia física, sexual y económica, sin redes de contención ni acceso oportuno al sistema de salud.
Para las organizaciones, estas condiciones fueron sistemáticamente ignoradas por la justicia, que optó por una respuesta punitiva antes que por una mirada integral del contexto.
falta de pruebas
Uno de los ejes centrales del reclamo se centra en la debilidad probatoria de la causa. Según detallaron las organizaciones, la condena se construyó principalmente sobre el testimonio de un policía y sobre una pericia científica -la docimasia pulmonar- ampliamente cuestionada por la comunidad médica y científica, debido a su escasa fiabilidad para determinar si un recién nacido respiró o no.
Incluso, el propio informe forense incorporado al expediente había señalado dudas respecto de ese punto, que no fueron consideradas al momento de dictar sentencia.
En ese marco, se descartaron líneas de investigación fundamentales que podrían haber permitido comprender el hecho como una muerte fetal ocurrida en el contexto de un parto en avalancha, una situación médica de emergencia que impide el acceso inmediato a la atención sanitaria y que no puede ser evaluada con los parámetros de una práctica médica profesional.
Para las organizaciones, el proceso estuvo plagado de irregularidades, lo que derivó en una condena injusta basada más en suposiciones que en certezas.
Estereotipos
de género
Otro de los aspectos señalados con mayor énfasis por la campaña fue la aplicación de estereotipos de género durante el juicio. De acuerdo con el análisis presentado, Paola fue juzgada desde una mirada patriarcal, que le reprochó no haber actuado como lo haría un profesional de la Salud, exigiéndole conductas imposibles de cumplir para una mujer sin formación médica, en estado de shock y atravesando una emergencia obstétrica.
La Justicia le atribuyó responsabilidad por no haber pedido ayuda inmediata o por no haber realizado maniobras técnicas, desconociendo por completo las condiciones reales del hecho y el contexto de violencia estructural y pobreza en el que vivía.
Para las organizaciones, esta lógica reforzó una visión punitiva sobre las mujeres pobres, especialmente aquellas que no encajan en el ideal hegemónico de la «buena madre», consolidando una condena atravesada por prejuicios .
violencia institucional
La campaña también denunció graves falencias en la defensa oficial que tuvo Paola durante el proceso judicial. Según se detalló, su defensa no solicitó la absolución pese a la falta de pruebas, puso en duda su relato de inocencia y omitió presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, lo que le impidió acceder a una revisión efectiva de la sentencia.
Esta actuación fue calificada como negligente y considerada un factor clave para la consolidación de la condena perpetua.
A ello se sumó la denuncia de violencia institucional y obstétrica durante su detención, situación que fue reconocida en una sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en 2022.
«Lejos de garantizar sus derechos como madre, el Estado profundizó el desamparo, negándole condiciones dignas y limitando su derecho a ejercer la maternidad, mientras permanecía privada de su libertad», sostuvieron desde la campaña.
El pedido al Tribunal Superior
En abril de 2024, la defensa de Paola presentó un Recurso de Revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acompañado de un informe médico forense que acreditó el desarrollo biológico de un parto en avalancha.
En esa presentación, se solicitó la aplicación efectiva de la perspectiva de género, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha no hubo respuesta del Poder Judicial, mientras Paola continuó detenida .
Desde la campaña se remarcó que el TSJ tiene en sus manos la posibilidad de reparar 13 años de injusticia, reconociendo que una emergencia obstétrica no es un delito y que el sistema penal no puede seguir castigando la pobreza y la vulnerabilidad. En ese sentido, las organizaciones exigieron la absolución y la libertad inmediata de Paola Ortiz.
un reclamo que
se multiplica
El caso de Paola fue presentado como parte de un problema estructural, que excede su situación individual. Según señalaron las organizaciones, miles de mujeres en la Argentina y en el mundo fueron criminalizadas por eventos obstétricos, en procesos judiciales atravesados por mandatos patriarcales y desigualdades sociales.
La campaña insistió en que «nunca más presas por parir» debía convertirse en una consigna sostenida en el tiempo y traducirse en políticas públicas y decisiones judiciales concretas .
En ese marco, numerosas organizaciones manifestaron su apoyo al recurso de revisión, tanto a nivel colectivo como individual, y convocaron a firmar peticiones, compartir materiales y sumarse a futuras acciones públicas. «Paola no está sola», afirmaron, al tiempo que subrayaron que cada día que permanece detenida profundiza una deuda del Estado con los derechos humanos.
Emergencia obstétrica
La consigna que atravesó toda la campaña buscó interpelar al sistema judicial y a la sociedad en su conjunto. Para las organizaciones, seguir sosteniendo condenas como la de Paola implica legitimar un modelo punitivo que castiga la pobreza, la maternidad y la falta de acceso a la salud, en lugar de garantizar derechos.
En vísperas de las fiestas, el llamado apuntó a construir una Navidad sin mujeres presas por emergencias obstétricas, como símbolo de un reclamo más amplio por justicia social y equidad de género . Mientras el Tribunal Superior de Justicia aún no se pronunció, la campaña continúa sumando adhesiones y mantiene activo el reclamo.