La última sesión ordinaria del año del Concejo Municipal de Resistencia expuso, con nitidez, las tensiones políticas, los desacuerdos de fondo y las diferencias de criterio que atravesaron al cuerpo legislativo local durante 2025. En ese marco, no prosperó el tratamiento del proyecto de modificación del Código Único de Tránsito y Transporte, una iniciativa clave que buscaba regular el funcionamiento del transporte de pasajeros mediante plataformas digitales en la capital chaqueña.
La concejala Lucila Masín, integrante del bloque Frente Chaqueño, en declaraciones a radio Natagalá realizó un balance crítico tanto de la sesión número 41, la última del período ordinario. como del año legislativo en su conjunto. Según explicó, la sesión fue breve precisamente por la imposibilidad de alcanzar consensos en torno a un tema que calificó como «sensible, estructural y de alto impacto para la vida cotidiana de la ciudad».
«Fue una sesión relativamente corta porque había un tema sustancial que requería discusión profunda. Y cuando no se llega a los consensos necesarios en una iniciativa de esta magnitud, avanzar de manera apresurada sería una irresponsabilidad», sostuvo la edil.
Un cierre de año legislativo
atravesado por desacuerdos
El proyecto que no logró avanzar proponía la derogación de 77 artículos del actual Código Único de Tránsito y Transporte de Resistencia, una normativa que —según recordó Masín— fue fruto de un proceso extenso de debate y construcción colectiva en años anteriores.
«Hoy estaba incorporado el proyecto de modificación del Código Único de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad. Un proyecto que planteaba la derogación de 77 artículos que hoy están vigentes. No logramos arribar a ningún acuerdo ni consenso para modificar la redacción de esta iniciativa y, por lo tanto, todas esas modificaciones quedaron sin efecto», explicó.
Para la concejala, el problema no fue únicamente el contenido del proyecto, sino la forma en que se intentó avanzar. «Estamos hablando de un código que hace a la vida cotidiana, a la seguridad vial, a las garantías de los usuarios y de los trabajadores del transporte. Son discusiones que necesitan madurar, llevar su tiempo y respetar procesos legislativos claros», remarcó.
La regulación del transporte por
aplicaciones: una discusión inconclusa
Uno de los ejes centrales del debate frustrado fue la regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales, un fenómeno que ya forma parte de la realidad urbana de Resistencia.
Masín recordó que desde su concejalía se presentó una propuesta en agosto del año pasado, entendiendo que la expansión de estas plataformas exigía un marco normativo claro.
«Desde esta concejalía entendíamos que era preciso regular el servicio de plataformas electrónicas para el transporte de personas en nuestra ciudad. A partir de ahí se incorporó otra iniciativa ingresada por el bloque oficialista y comenzamos a discutir algunos puntos relevantes», relató.
Sin embargo, la edil cuestionó con dureza el procedimiento legislativo. Según explicó, el Ejecutivo municipal introdujo modificaciones sustanciales recién en la instancia de audiencia pública, sin que esas propuestas hubieran sido trabajadas previamente en comisión
«Existe una práctica legislativa clara: cuando se llega a la audiencia pública, el proceso previo de discusión, debate, propuestas y modificaciones ya debería estar agotado. Todo ese proceso no se vivió. En la audiencia pública surgieron observaciones de distintos sectores que dejaron en evidencia vacíos importantes», señaló.
Derogaciones masivas
Uno de los puntos más polémicos fue la decisión de avanzar con la derogación de 77 artículos del Código vigente.
«El Ejecutivo presentó en la audiencia pública la derogación de estos artículos, algo que no había sido discutido en comisión. Eso generó muchísima incertidumbre y preocupación en los sectores involucrados», explicó Masín.
En ese sentido, consideró que el proyecto «lejos de avanzar, retrocede», ya que elimina regulaciones que fueron consensuadas en su momento sin ofrecer un esquema superador claramente definido.
«Creemos que las discusiones tienen que madurar y llevar su tiempo. No se puede desarmar un código que fue trabajado durante años sin un proceso serio de revisión y participación», insistió.
Exigencias desiguales
Otro de los cuestionamientos centrales de la concejala apuntó a lo que definió como una regulación asimétrica. Según explicó, el proyecto ponía el foco en imponer mayores requisitos a los conductores de aplicaciones, pero no establecía obligaciones claras para las empresas que operan las plataformas.
«Estamos hablando de exigir mayores requisitos a los conductores —licencia profesional, determinadas condiciones del vehículo, requisitos de seguridad— pero no así a la empresa como tal, que en nuestro país no tributa, no tiene relación contractual ni laboral con quienes prestan el servicio», advirtió.
Masín fue aún más contundente: «Si no hay exigencias para una empresa multinacional que se queda con el esfuerzo y el trabajo de los argentinos, entonces no estamos regulando de manera equitativa. La competencia sigue siendo desigual y asimétrica».
Una contradicción
política de fondo
La edil también marcó una contradicción entre el discurso oficial y las decisiones concretas. «A nivel nacional se aprueban regímenes como el RIGI para atraer inversiones extranjeras, y el municipio adhiere con ese mismo objetivo. Pero cuando discutimos ordenanzas que podrían permitir que estas empresas tributen en nuestra ciudad y generen beneficios locales, eso no se contempla», cuestionó.
«Me parece que además de derogar artículos, hay que poner el acento en estas consideraciones, porque a la larga también generan complicaciones para miles de personas que hoy utilizan este servicio como alternativa laboral para llegar a fin de mes», agregó.
Incrementos, judicialización e incertidumbre para los vecinos
Masín recordó que los incrementos aprobados para 2025 oscilaron entre el 80 y el 100 por ciento en tasas, impuestos y patentes.
«Si el Superior Tribunal de Justicia nos da la razón, el municipio debería generar un saldo a favor de los contribuyentes que pagaron esos tributos», sostuvo. «Hoy los vecinos están pagando, pero no tenemos certeza de si lo aprobado es constitucional o no. Eso genera una enorme inseguridad jurídica», remarcó.
El futuro del peronismo
En el tramo final de la entrevista, Masín amplió la mirada hacia el escenario político provincial y nacional. Consultada sobre el futuro del peronismo, sostuvo que atraviesa un proceso de reconfiguración profunda.
«Tenemos que recuperar una agenda territorial, social, económica y política que vuelva a vincularnos con nuestra comunidad. Necesitamos un mensaje claro y un proyecto colectivo que genere esperanza», expresó.
Advirtió además sobre el impacto de las políticas nacionales: «El desfinanciamiento del sistema educativo, de la ciencia y la tecnología debería encontrarnos en una enorme preocupación como sociedad».
«El desafío es volver a representar»
Para Masín, el principal desafío político es reconstruir el vínculo social. «Hay que dejar de lado los enojos individuales y pasar a una representación social y colectiva. El 2026 debería ser un año para reconfigurarnos y ofrecer una propuesta superadora de cara a la sociedad», concluyó.
Presupuesto municipal
En su balance del año legislativo, Masín también se refirió a la aprobación del presupuesto municipal, que el Frente Chaqueño acompañó de manera parcial.
«La semana pasada se aprobó el presupuesto municipal con nuestra advertencia y postura contraria a algunos artículos, particularmente los vinculados a la proyección tributaria», explicó.
La concejala recordó que la ordenanza tributaria vigente está judicializada. «Existe un fallo del fuero contencioso administrativo que determinó la inconstitucionalidad del proceso de aprobación. Mientras no tengamos una sentencia definitiva del Superior Tribunal de Justicia, no podemos tener previsibilidad en una nueva tributaria», afirmó.