El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
El legislador calificó la medida como inconstitucional, discrecional y peligrosa, y advirtió que habilita un salto hacia esquemas de vigilancia masiva, sin controles democráticos ni debate parlamentario. En ese sentido, remarcó que el uso del DNU para modificar un marco normativo tan sensible vulnera la división de poderes y debilita las garantías constitucionales.
El proyecto de Capitanich se basa en varios ejes de impugnación, utilizando en parte un análisis del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que cita textualmente al indicar la creación de una «policía secreta” dadas las atribuciones que otorga el DNU, incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial.
Por otro lado, menciona que este decreto pone un manto de legalidad a un espionaje antidemocrático e inconstitucional, señalando que, al expandir las facultades de contrainteligencia, se consolida la lógica del «enemigo interno» y se habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas, prácticas expresamente prohibidas por la ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó.
En la misma línea, cuestiona que el decreto concentre en la SIDE la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, configurando esquema opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático.
Por último, señala que la creación de la «Comunidad Informativa Nacional» para integrar datos en tiempo real, sin un marco robusto de control, «habilita prácticas de vigilancia masiva» y convierte a organismos como el ReNaPer y la ARCA en «brazos ejecutores de la vigilancia estatal».
UN CONFLICTO DE PODERES
Más allá del contenido específico, Capitanich cargó también contra el mecanismo utilizado. «El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por decreto» afirmó y remarcó que no existe la «necesidad y urgencia» que exige la Constitución para validar un DNU, aclarando que el presidente tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia mediante la elaboración de un proyecto, y no arrogándose facultades propias del Poder Legislativo.
Desde el Senado, planteó la necesidad de recuperar el rol del Poder Legislativo en la discusión de políticas públicas estratégicas y de garantizar que cualquier reforma en materia de inteligencia se realice con transparencia, límites claros y pleno respeto por los derechos fundamentales.
«Este no es solo un DNU. Es la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional. El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional» concluyó.