El cabo primero Juan Nicolás A. N., uno de los siete efectivos de la Dirección General de Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco detenidos por el intento de robo de nueve kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes, aseguró que fue víctima de una trampa tendida por sus propios camaradas.
La declaración fue realizada durante la audiencia de control de legalidad de las detenciones y comunicación de cargos, que se desarrolló vía zoom ante la jueza federal de Garantías, Zunilda Niremperger.
En la audiencia participaron los defensores de los imputados y la acusación, encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina, Ruth Hilgenberg.
Según pudo saber el portal judicial Litigio, A. N. negó haber tenido participación en el hecho y ratificó su inocencia. Afirmó que el “pan” de cocaína secuestrado en su mochila durante el operativo realizado en Colonia Benítez no fue colocado por él, sino por otros efectivos. En concreto, sostuvo que fue víctima de una “cama”. Cabe aclarar que las declaraciones de los imputados constituyen medios de defensa y que no están obligados a decir la verdad.
Además del acusado, prestaron declaración el comisario César A.; el oficial principal Lucas Exequiel M.; el sargento Gustavo Jesús A.y el cabo Néstor Ariel Urne Canteros. En tanto, el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Q., quienes optaron por hacer uso de su derecho a guardar silencio.
Todos los imputados negaron los hechos. No obstante, una de las explicaciones que llamó particularmente la atención fue la de Urne C., a quien se le halló una piedra de yeso empaquetada y sin signos de uso, similar a un ladrillo de cocaína. Los investigadores sospechan que el elemento iba a ser utilizado para camuflar la droga sustraída, aunque el acusado aseguró que lo empleaba para afilar sus herramientas de barbero, actividad que —según declaró— realiza de manera paralela a su función policial.
En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en los domicilios particulares de los acusados.
Si bien no se hallaron elementos incompatibles con la vivienda de un policía, en la casa de R. se encontró una balanza de precisión con restos de polvo blanco.
“Son balanzas que se utilizan en los procedimientos para el pesaje preliminar. No es extraño que un policía las tenga”, sostuvo el abogado defensor Ricardo Osuna, en declaraciones a Radio Libertad.
LAS IMPUTACIONES
Los siete efectivos están imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir este tipo de delitos, además de peculado, todo en concurso real.
En cuanto a la situación de detención, la mayoría de los imputados permanecerá alojada bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras. En tanto, R. y Q. continuarán detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional, en Formosa y Las Lomitas.
Días atrás, R. presentó una acción de hábeas corpus solicitando ser trasladado a Resistencia. Entre sus argumentos, señaló que el alojamiento fuera de la capital chaqueña afecta su derecho de defensa, ya que sus abogados ejercen en esa ciudad, y dificulta el contacto con su entorno familiar. También indicó que su esposa cursa un embarazo de 14 semanas.
Sin embargo, el Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia rechazó de manera inmediata la acción, al considerar que no se verificó un agravamiento ilegítimo de la detención que justifique la vía excepcional del hábeas corpus.
La resolución fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal, con los votos de los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch.
El tribunal sostuvo que los reclamos de la defensa pueden canalizarse a través de las vías judiciales ordinarias. En ese sentido, recordó que durante la audiencia de formalización de la imputación, la jueza Niremperger dictó la prisión preventiva y dispuso que, al gestionar futuros cupos de alojamiento, se tenga en cuenta la cercanía familiar para preservar el contacto del detenido con sus allegados.
El fallo también remarcó que las cuestiones vinculadas al lugar de detención deben ser resueltas por la magistrada a cargo de la causa principal, a fin de evitar una intromisión de otros tribunales en su competencia.