El escenario de un paro nacional de colectivos vuelve a cobrar fuerza tras el estrepitoso fracaso de la audiencia paritaria celebrada este martes entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las Cámaras empresarias del sector. El gremio consideró como “una burla” la propuesta de incremento salarial del 1% y no descartaron convocar a medidas de fuerza si no mejoran la oferta.
La falta de acuerdo no solo tensó el vínculo entre las partes, sino que dejó a los usuarios en vilo ante la posibilidad de que se convoquen medidas de fuerza si no hay avances en el corto plazo.
Durante el encuentro, las Cámaras que agrupan a las transportistas (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) elevaron una propuesta de incremento salarial del 1%, cifra que fue calificada como una “burla” por el gremio que conduce Roberto Fernández.
Desde la UTA advirtieron que los trabajadores no aceptarán ser rehenes de la disputa financiera que mantienen las empresas con el Estado Nacional, por lo que el estado de alerta se mantiene vigente hasta la próxima audiencia virtual, programada para el martes 20 de enero a las 14 horas.
El nudo del conflicto radica en lo que el sector empresario denomina un “estrangulamiento financiero”. Según las cámaras, la combinación de una actualización insuficiente de la tarifa del boleto y el retraso en el flujo de subsidios estatales ha llevado al 40% de las compañías al borde de la quiebra.
Al respecto, Adrián Noriega, vocero de la CEAP, fue contundente al señalar que sin un mayor aporte de fondos públicos por parte de la Secretaría de Transporte, las empresas carecen de los recursos necesarios para afrontar las demandas salariales de los choferes.
Por su parte, la conducción de la UTA reafirmó que el salario básico actual, fijado en $1.370.000 más adicionales, se encuentra bajo presión y que no permitirán que se normalice la precarización o el cobro fuera de término.
En el acta difundida tras la reunión, el gremio solicitó formalmente la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para el próximo encuentro, con el fin de destrabar una negociación que hoy parece estancada en un cruce de reproches entre el sector privado y el Ministerio de Capital Humano.