En una audiencia celebrada el viernes en la Cámara Federal de Apelaciones, la jueza Rocío Alcalá resolvió mantener la ampliación de la prisión preventiva de 100 a 150 días para el jefe de la División Consumos Problemáticos de la Policía del Chaco, César Alegre.
El comisario está acusado de intentar robar 9 kilos de cocaína en una quema judicial de estupefacientes, junto a otros seis policías.
Según pudo saber el portal judicial Litigio, la audiencia de impugnación, que se extendió por casi una hora bajo una modalidad híbrida, se centró exclusivamente en la discusión sobre los plazos de detención. La defensa de Alegre calificó de «arbitraria» la decisión previa del juez Enrique Bosch.
Los abogados defensores argumentaron que el juez de revisión había otorgado un plazo de detención superior al solicitado originalmente por la fiscalía, alegando una vulneración a la imparcialidad judicial y al sistema acusatorio. Por ello, solicitaron que se restableciera el plazo original de 100 días.
Por su parte, Juan Gabriel Jiménez, en representación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, rechazó los planteos de la defensa.
El fiscal aclaró que la complejidad de la causa justifica la medida, mencionando que aún restan producirse pruebas fundamentales, tales como peritajes sobre una gran cantidad de teléfonos celulares; la posible identificación de nuevos implicados en la red delictiva y la necesidad de avanzar en una investigación cuya etapa preparatoria vence recién en julio de este año.
Tras escuchar a ambas partes, Alcalá concluyó que la resolución impugnada contaba con la motivación suficiente y que no se habían vulnerado derechos constitucionales. La magistrada consideró que la ampliación a 150 días de prisión preventiva es una medida «razonable y proporcional», dada la naturaleza de los delitos investigados: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (agravada por el número de partícipes y su condición de funcionario) en concurso real con peculado.
Con esta decisión, el comisario Alegre continuará detenido en la sede de la Prefectura Naval de Barranqueras hasta, al menos, el próximo 16 de mayo.
LOS IMPUTADOS
Por este caso, están imputados, además de Alegre, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el subcomisario Andrés Franco Ramírez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Quizama y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas.
Los siete policías fueron detenidos el 18 de diciembre pasado, cuando funcionarios de la Justicia Federal detectaron una maniobra irregular durante la incineración judicial de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína. Según la investigación, se habría intentado sustraer parte de la cocaína, unos 9 kilos, valuados en aproximadamente 225 millones de pesos— ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero.
El hecho generó un fuerte impacto institucional, ya que el operativo se realizaba en presencia del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía, Fernando Romero; el juez federal Ricardo Mianovich, y medios de comunicación que cubrían la quema.
La maniobra fue advertida por secretarios judiciales antes de que pudiera concretarse.