El Gobierno nacional oficializó una reestructuración en el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, que incluye la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad en reemplazo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), disuelta a fines del año pasado. Los cambios fueron formalizados a través del decreto 27/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida, que había sido anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se enmarca en una revisión integral de la cartera sanitaria con el objetivo de reforzar el rol rector, de control y de fiscalización del Estado nacional sobre el sistema de salud. Además del área de discapacidad, el decreto también introduce modificaciones en la política nacional sobre drogas.
Según los considerandos de la norma, la decisión de disolver la ANDIS se apoya en el informe final de la intervención del organismo, que detectó “irregularidades de gravedad” en procesos de contratación, debilidades estructurales en los controles internos y un sistema tecnológico fragmentado que afectaba la gestión de políticas clave.
Entre los programas impactados se encuentran el Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones no contributivas por invalidez y el Programa Federal Incluir Salud, áreas que ahora pasarán a depender directamente del Ministerio de Salud, bajo la órbita de la nueva secretaría.
De esta manera, la Secretaría Nacional de Discapacidad mantendrá la responsabilidad sobre el diseño de políticas públicas en la materia y la conducción del proceso de otorgamiento de pensiones, pero perderá el carácter de organismo descentralizado, quedando integrada plenamente a la estructura ministerial.
La reforma se produce en un contexto de fuerte controversia política y judicial, luego del escándalo que involucró al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien quedó bajo investigación tras la difusión de audios que obran en poder de la Justicia. En esas grabaciones, el exfuncionario habría denunciado presuntos pagos de coimas por parte de empresas proveedoras de medicamentos a funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para acceder a contratos estatales.
Desde el Gobierno aseguraron que el cambio de estructura apunta a mejorar la trazabilidad de los expedientes, fortalecer las auditorías internas y transparentar la gestión, mientras avanza la investigación judicial sobre los hechos denunciados.