La Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Chaco, encabezada por Alicia Ogara, informó el 6 pasado que dispuso una intimación formal dirigida al intendente de la Municipalidad de Barranqueras, en forma conjunta con el director de Protección Civil municipal, a fin de que realicen una retractación pública por la difusión de información considerada falsa y carente de sustento.
La comunicación oficial precisó que las manifestaciones cuestionadas fueron difundidas a través de redes sociales institucionales del municipio.
De acuerdo con lo informado por el organismo provincial, la decisión se adoptó tras constatar la circulación de publicaciones que atribuyeron al Eco Equipo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, una supuesta intervención en un incendio ocurrido en Barranqueras.
En ese mismo marco, se indicó que dichas publicaciones asignaron responsabilidades al equipo provincial por hechos que, según se afirmó desde la Subsecretaría, no existieron.
La Subsecretaría aclaró de manera categórica que el Eco Equipo provincial no participó ni actuó en el episodio mencionado, desmintiendo cualquier tipo de intervención en el hecho señalado. Esta precisión fue incluida como parte central de la comunicación oficial, con el objetivo de establecer con claridad el alcance real de las acciones desarrolladas por el organismo.
Desde el área provincial se sostuvo que la difusión de estas afirmaciones careció de respaldo fáctico y se realizó sin verificación previa, lo que motivó la intervención administrativa. El organismo consideró necesario fijar una posición institucional frente a lo que describió como una atribución errónea de responsabilidades.
Asimismo, la Subsecretaría explicó que el uso de canales oficiales municipales para la difusión de información incorrecta reviste especial gravedad, dado que se trata de medios de comunicación que poseen carácter institucional y alcance público.
En ese sentido, se remarcó la responsabilidad que conlleva la utilización de dichas plataformas para informar a la comunidad.
CONTEXTO
DE LA DECISIÓN
Según se indicó oficialmente, la atribución de responsabilidades inexistentes a un organismo provincial afecta de manera directa el honor, el prestigio y la imagen institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y de los equipos que la integran. Este aspecto fue señalado como uno de los fundamentos centrales de la intimación cursada al Ejecutivo municipal.
El organismo provincial advirtió que la difusión de información errónea puede generar confusión en la ciudadanía y alterar la percepción pública sobre el accionar de las instituciones del Estado.
En este contexto, se subrayó la importancia de preservar la veracidad de los mensajes oficiales y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Desde la Subsecretaría se remarcó que la relación entre organismos provinciales y municipales debe sustentarse en el respeto institucional y en la correcta atribución de competencias y responsabilidades. La situación planteada fue presentada como un caso que requiere una corrección pública para restablecer la información veraz.
En ese marco, se señaló que la rectificación solicitada tiene como finalidad reparar el daño institucional ocasionado y evitar la persistencia de versiones inexactas en el espacio público. La Subsecretaría consideró que una retractación expresa resulta el mecanismo adecuado para aclarar los hechos ante la comunidad.
El comunicado oficial también contextualizó la medida dentro de las obligaciones legales de los funcionarios públicos, quienes deben garantizar que la información difundida desde canales oficiales sea precisa y verificable, especialmente cuando involucra a otros organismos del Estado.
La posición oficial
Ante este escenario, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial notificó formalmente al Ejecutivo municipal de Barranqueras, otorgándole un «plazo perentorio, improrrogable e impostergable de 24 horas» para efectuar una retractación pública, clara y expresa.
Se indicó que esta retractación deberá realizarse por los mismos medios en los que se difundieron las publicaciones cuestionadas.
El organismo provincial informó además que, en caso de incumplimiento de la intimación, se dará intervención inmediata a la Fiscalía de Estado del Chaco, para que actúe conforme a sus competencias. Esta eventualidad fue planteada como una instancia posterior, sin perjuicio de otras acciones administrativas o legales que pudieran corresponder.
Desde el área provincial se precisó que la intervención de la Fiscalía de Estado se enmarca en los procedimientos habituales previstos para la defensa de los intereses y la imagen institucional del Estado provincial, cuando se considera que estos han sido afectados por actos u omisiones de otros organismos.
La Subsecretaría dejó constancia de que la intimación no persigue otro objetivo que el restablecimiento de la información correcta y la preservación de la institucionalidad, enfatizando que la aclaración pública es un paso necesario para evitar interpretaciones erróneas en la opinión pública.
Finalmente, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial ratificó su compromiso con «la verdad, la legalidad y el respeto institucional», y expresó su rechazo a «cualquier intento de desinformación que pueda afectar el normal funcionamiento de los organismos del Estado», reafirmando su posición frente a lo ocurrido.