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    Política

    Crisis en el Ministerio de Producción: funcionarios técnicos desmienten a Dudik y exigen restituir el Fondo Estímulo

    6 de febrero de 2026
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    Aseguran que 800 familias perdieron hasta el 80% de sus ingresos por cambios en el FEP. “Nos recortaron el salario”: directores de Producción cruzan al ministro que dijo que se trató de «un acuerdo político del anterior gobierno», cuando fue aprobado por ley y por unanimidad en 2015.

    Más de 25 funcionarios de carrera rechazaron los argumentos oficiales sobre el Fondo Estímulo Productivo. Aseguran que la medida afecta a 800 familias y hablan de presiones administrativas.

    La interna en el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco escaló en las últimas horas luego de que más de 25 directores de carrera difundieran un duro comunicado público en el que denunciaron un “recorte salarial encubierto” de entre el 60% y el 80% de sus ingresos y desmintieron las declaraciones del ministro Oscar Pablo Dudik.

    El documento, titulado “Comunicado — Directores”, cuestiona los fundamentos oficiales utilizados para justificar la falta de pago o la modificación del Fondo Estímulo Productivo (FEP), un componente clave de la estructura salarial del área técnica.

    Según expresaron, las recientes decisiones políticas “están agravando un conflicto que ya produjo un daño salarial concreto” y trasladan responsabilidades a trabajadores técnicos por medidas que, sostienen, son estrictamente políticas.

    Cruce por el origen de la ley

    Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la Ley 2398-I (ex 7709), que regula el fondo.

    Mientras el ministro Dudik afirmó que la norma fue producto de un “acuerdo gremial” del gobierno anterior, los directores aseguraron que existen registros legislativos que prueban que fue sancionada por unanimidad el 11 de noviembre de 2015, con respaldo tanto del oficialismo como de la entonces oposición.

    En ese sentido, remarcaron que actuales funcionarios provinciales, como el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez y el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez, votaron a favor del proyecto cuando eran legisladores, lo que —según sostienen— le otorga “consenso institucional pleno y no sectorial”.

    La polémica por los fondos “intangibles”

    Otro de los ejes de la discusión es la interpretación sobre los fondos de afectación específica, como los vinculados a Bosques.

    Desde la cartera se habría argumentado que esos recursos no pueden utilizarse para calcular el FEP por su carácter “intangible”. Sin embargo, los directores rechazaron esa postura.

    Explicaron que:

    • El FEP no se paga directamente con esos fondos.
    • Se abona con Rentas Generales.
    • La recaudación solo funciona como parámetro o referencia de cálculo.
    • La intangibilidad impide desviar el dinero, pero no usarlo como base estadística.

    Para los firmantes, se trata de una “interpretación maliciosa” que busca justificar el recorte.

    Impacto social y salarial

    El comunicado pone el foco en las consecuencias económicas del conflicto.

    “Esto no es un debate técnico abstracto, es el sustento de cientos de hogares”, advierten.

    De acuerdo con los datos difundidos, la medida afecta a:

    • 600 trabajadores activos
    • más de 200 jubilados

    En total, unas 800 familias, de las cuales el 70% reside en el interior provincial.

    Los directores aseguran que la quita del fondo implica pérdidas salariales de entre el 60% y el 80%, lo que describen como un “golpe directo al poder adquisitivo”.

    Exigencias y clima interno

    Entre los reclamos planteados figuran:

    • Restablecimiento inmediato del pago del FEP bajo el régimen vigente
    • Cese de presiones hacia áreas técnicas
    • Transparencia en los fundamentos del recorte

    Además, adjuntaron la Resolución N° 0076, firmada por Dudik, en la que se intima a la liquidación del fondo bajo apercibimiento de sumarios administrativos, situación que —afirman— evidencia un “clima de hostilidad administrativa”.

    El documento lleva la firma de referentes del área como Rubén Bast, Héctor Benítez y Paola Dellamea, entre otros.

    Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y suma tensión a la gestión de una cartera estratégica para el desarrollo productivo de la provincia.

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