La diputada nacional por Corrientes en Unión por la Patria, Nancy Sand, entrevistada por LA VOZ DEL CHACO, expresó su rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad penal.
La legisladora advirtió que la medida no resuelve el problema de la violencia ni del delito y, además, contradice los estándares internacionales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, alertó que el debate no debe centrarse exclusivamente en la edad, sino en la responsabilidad del Estado frente a situaciones de exclusión, abandono y ausencia de políticas públicas integrales.
Sand remarcó que una respuesta penal temprana constituye una salida simplificada y jurídicamente regresiva, enfatizando que no existe evidencia empírica que respalde que la baja de la edad contribuya a disminuir el delito juvenil.
La legisladora advirtió que en los países que adoptaron esa decisión no se registraron reducciones sostenidas de la criminalidad adolescente y, en algunos casos, se agravaron los niveles de reincidencia.
Además, alertó que el sistema penitenciario argentino no se encuentra en condiciones de recibir a menores de edad, e incluso existen graves dificultades para garantizar derechos básicos a la población adulta privada de libertad.
-¿Está de acuerdo con reducir la edad de imputabilidad penal?
-No. Reducir la edad de imputabilidad penal no resuelve el problema de la violencia ni del delito, y además contradice los estándares internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El debate no puede centrarse exclusivamente en una edad, sino en la responsabilidad del Estado frente a trayectorias de exclusión, abandono y falta de políticas públicas integrales. La respuesta penal temprana es una salida fácil, pero jurídicamente regresiva.
-¿Considera que la baja de la edad es una respuesta eficaz frente al aumento de delitos cometidos por menores?
-No es eficaz ni está respaldada por evidencia empírica. Los países que redujeron la edad de imputabilidad no lograron disminuir el delito juvenil, y en muchos casos agravaron los niveles de reincidencia.
La baja de la edad no previene, solo anticipa el contacto de adolescentes con el sistema penal, que en contextos de desigualdad estructural funciona más como un mecanismo de exclusión que de reinserción.
Imputabilidad y exclusión, el eje de la disputa
-¿Cree que el sistema penitenciario argentino está preparado para recibir a menores de edad?
-Definitivamente no. El sistema penitenciario argentino no está preparado ni para garantizar derechos básicos a los adultos, mucho menos para alojar adolescentes.
Las condiciones de detención, la falta de dispositivos especializados, de equipos interdisciplinarios y de programas socioeducativos reales hacen que cualquier ampliación del universo de personas privadas de libertad sea irresponsable y violatoria de derechos.
-¿Existe riesgo de que la baja de la edad de imputabilidad criminalice la pobreza?
-Sí, el riesgo es altísimo. En la práctica, los adolescentes que terminan en el sistema penal son mayoritariamente pobres, provenientes de contextos de exclusión social, con derechos vulnerados desde la infancia.
Bajar la edad de imputabilidad no amplía el alcance de la justicia, sino que profundiza la selectividad penal, reforzando un modelo que castiga la pobreza en lugar de combatir sus causas estructurales.
-¿Qué mensaje político y social considera que transmite el Congreso al debatir este tema en el actual contexto económico y social?
-El mensaje es preocupante. En un contexto de crisis económica, ajuste, debilitamiento de políticas sociales y aumento de la desigualdad, debatir la baja de la edad de imputabilidad transmite la idea de que el Estado renuncia a su rol de garante de derechos y elige el castigo como respuesta a su propio fracaso.
Se corre el eje del debate: en lugar de discutir inclusión, educación, salud y protección integral, se instala una lógica punitiva que no resuelve los problemas de fondo y deteriora la democracia.
Desigualdad estructural
Sand alertó sobre el riesgo de que la reducción de la edad de imputabilidad derive en una mayor criminalización de la pobreza. Remarcó que la mayoría de los adolescentes que ingresan al sistema penal provienen de contextos de exclusión social y vulneración de derechos.
En la misma línea, enfatizó que, en el actual escenario de crisis económica y debilitamiento de políticas sociales, el debate transmite un mensaje preocupante al priorizar el castigo por sobre la inclusión, la educación y la protección integral.