Por orden de la jueza Zunilda Niremperger, la Justicia Federal avanzó con allanamientos en la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH), en la Municipalidad de Sáenz Peña y en dependencias de Charata. Las medidas fueron ejecutadas por la Fiscalía Federal junto a la Policía Federal Argentina.
La investigación por las inversiones financieras realizadas con fondos del municipio de Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo.
El objetivo fue reunir documentación, registros informáticos y comunicaciones vinculadas a las operatorias financieras que quedaron bajo sospecha tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons.
Según la presentación judicial, el municipio habría invertido fondos públicos en instrumentos financieros no garantizados a través de la BCCH, luego de modificar su perfil inversor para habilitar operaciones de mayor riesgo. La denuncia sostiene que no existía una partida presupuestaria específica ni ordenanza que autorizara esas colocaciones.
En el expediente se menciona al intendente Bruno Cipolini, a los secretarios María Alejandra Quintana (Economía) y Diego Landriscina (Gobierno), bajo la hipótesis de posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.
En paralelo, el gerente general de la Bolsa del Chaco, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para declarar como testigo ante la Justicia provincial. En ese procedimiento se le secuestró el teléfono celular por orden judicial. Su abogado aclaró que no existió detención y que el dispositivo fue entregado en cumplimiento de la medida.
El embargo y el depósito de los fondos
Mientras avanza la investigación penal, existe otro frente judicial: la medida cautelar promovida por la Municipalidad de Sáenz Peña.
La Justicia hizo lugar a esa acción días atrás y ordenó un embargo preventivo por $1.890.691.105,07. La resolución dispuso la retención de los fondos y su transferencia a una cuenta judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.
En ese marco, la BCCH informó que ya depositó los fondos y los puso a disposición del juzgado interviniente. El reciente depósito se inscribe dentro del proceso en curso y constituye un paso en la ejecución de lo ordenado por el tribunal.
Los recursos municipales se encuentran actualmente bajo la órbita del juzgado, lo que asegura su resguardo e integridad, independientemente de cualquier situación vinculada a terceros inversores. El fallo además prevé que la eventual restitución deberá realizarse con los intereses correspondientes, con el objetivo de proteger de manera integral el patrimonio público.
Desde la Municipalidad de Sáenz Peña indicaron que continuarán impulsando las acciones necesarias hasta lograr el recupero total y definitivo de los recursos, mientras la investigación federal busca determinar si en el origen de las operatorias existieron responsabilidades penales.
La BCCH pidió una investigación profunda
La Bolsa de Comercio del Chaco informó que el allanamiento dispuesto por la Justicia Federal se encuentra plenamente en línea con lo solicitado oportunamente por esta institución, en el marco de su total predisposición a colaborar con el esclarecimiento de los hechos y el avance de la investigación en curso.
En relación con el procedimiento, la entidad aclara que el mismo se circunscribió específicamente a tres oficinas pertenecientes a empleados de la Bolsa, en el marco de una investigación vinculada a operaciones de cheques no garantizados y que está limitada a un grupo reducido de inversores y emisores de esos instrumentos.
Asimismo, la entidad enfatiza en que la información requerida y brindada en el marco de este proceso es exclusivamente la referida a esos libradores e inversores respecto de los cuales se levantó el secreto bursátil. Por ende, la Bolsa brinda absoluta tranquilidad al resto de los clientes en cuanto a que su información no forma parte de la investigación ni fue objeto de acceso o revisión.
En ese marco, la Bolsa de Comercio del Chaco vuelve a sostener como pilar central de su accionar la transparencia y la entera predisposición a colaborar en el procedimiento judicial es una continuidad y una ratificación de ello.
La entidad recordó que desde el inicio de las actuaciones, fue la propia Bolsa la que requirió expresamente a las autoridades competentes que profundicen el análisis del caso, con el objetivo de que se lleve adelante una investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente los hechos.