El escándalo financiero en Chaco que tiene bajo la lupa al intendente radical Bruno Cipolini y a su exsecretario de Gobierno y mano derecha, Diego Landriscina promete más movimientos en los próximos días. Los allanamientos por presunto lavado de activos que involucran fondos municipales y millonarios cheques rechazados, es solo el comienzo de una investigación compleja que enciende la alarma en cómo los jefes comunales manejan el dinero de su comunidad.
Allanamientos por lavado de activos sacuden al Chaco y apuntan a operaciones financieras con fondos públicos.
La investigación federal por presunto lavado de activos y maniobras financieras con fondos públicos derivó en múltiples allanamientos en Resistencia, Sáenz Peña y Charata. La causa es impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini y apunta a operaciones con cheques no garantizados que generaron pérdidas millonarias en la Bolsa de Comercio del Chaco.
Una investigación federal por presuntas maniobras de lavado de activos y delitos financieros vinculados a fondos públicos derivó en una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina en distintas ciudades de la provincia del Chaco.
Los procedimientos fueron ejecutados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa que tramita en la Justicia Federal de Resistencia y que busca esclarecer posibles desvíos de dinero del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña hacia operaciones financieras vinculadas al sector agrario.
La investigación se inició a fines de febrero tras una denuncia presentada ante la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Nicolás Sabadini, quien solicitó a la División Unidad Operativa Federal Corrientes el inicio de tareas investigativas.
Ocho allanamientos y secuestro de equipos
A partir de tareas de campo y análisis de información, los investigadores detectaron indicios sobre desvíos de fondos públicos que habrían sido invertidos en activos financieros de bolsa, presuntamente vinculados a empresas del sector agrícola.
Con esos elementos, el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, ordenó allanamientos en ocho inmuebles ubicados en Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Charata.
Durante los operativos se secuestraron:
- tres notebooks
- varios discos rígidos con información
- documentación contable vinculada a la causa
- ocho teléfonos celulares
Del procedimiento participaron distintas áreas de la Policía Federal, entre ellas las DUOF de Corrientes, Goya, Resistencia, Sáenz Peña y Formosa, además de la División Lavado de Activos y el Departamento Técnico del Cibercrimen.
La denuncia que detonó el caso
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado y exsocio de la Bolsa de Comercio del Chaco, Víctor Ruiz Díaz, quien planteó sospechas sobre posibles delitos de lavado de activos y uso de información privilegiada en operaciones bursátiles.
A partir de esa presentación, la fiscalía federal impulsó una serie de medidas judiciales para obtener documentación y reconstruir el circuito de las operaciones financieras investigadas.
Entre los lugares allanados se encuentran oficinas municipales y el domicilio del secretario de Gobierno de Sáenz Peña, Diego Landriscina, además de sedes de empresas privadas en la ciudad de Charata y la vivienda del empresario agropecuario Rubén Medula.
El empresario con cheques rechazados por más de $3500 millones
Medula aparece como una figura clave en la investigación debido a que habría sido el librador de cheques de pago diferido negociados en el mercado de capitales.
Según registros del Banco Central, hasta mediados de febrero de 2026 acumulaba 195 cheques rechazados por más de 3.500 millones de pesos, mientras que su exposición financiera con entidades bancarias rondaba los 4.900 millones de pesos.
La cadena de incumplimientos comenzó en diciembre de 2025 y se extendió durante los meses siguientes, afectando a inversores que operaban en el segmento de cheques no garantizados del mercado bursátil.
Allanamientos en la Bolsa de Comercio del Chaco
La investigación también alcanzó a oficinas de la Bolsa de Comercio del Chaco y al domicilio de su gerente general, Julio Barrios Cima, a quien le fue retenido su teléfono celular durante un procedimiento realizado cuando se dirigía a declarar como testigo.
Desde la institución emitieron un comunicado en el que afirmaron que el allanamiento se encuentra en línea con el pedido de investigación que la propia entidad había solicitado y remarcaron su predisposición a colaborar con la Justicia.
Asimismo, aclararon que la información requerida por la investigación se limita a un grupo reducido de inversores y libradores de cheques, por lo que el resto de los clientes no está involucrado.
Otra investigación paralela por fondos municipales
En paralelo, en Sáenz Peña se tramita otra causa iniciada por una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons y concejales justicialistas contra autoridades del municipio.
La acusación sostiene que entre 1.500 y 2.500 millones de pesos de fondos municipales habrían sido invertidos en instrumentos financieros no garantizados del Mercado Argentino de Valores (MAV) sin autorización formal ni intervención del Concejo Deliberante.
Además, se investiga si el secretario de Gobierno Diego Landriscina habría percibido más de 14 millones de pesos en comisiones por administrar la cuenta del municipio en la Bolsa de Comercio.
El intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, rechazó las acusaciones y aseguró que el municipio es “víctima” de la situación, responsabilizando a la Bolsa de Comercio por las operaciones financieras.
Una causa que recién comienza
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia respaldó recientemente la decisión de la jueza Niremperger de no habilitar aún el acceso a cierta información reservada del municipio, al considerar que todavía no existen elementos suficientes para avanzar sobre esos datos.
Mientras tanto, la investigación continúa en etapa preliminar, aunque desde la fiscalía sostienen que los hechos bajo análisis configurarían delitos de naturaleza federal, entre ellos lavado de activos y maniobras financieras irregulares.
El caso ya generó un fuerte impacto político en la provincia y se perfila como uno de los escándalos institucionales más importantes desde la asunción del gobierno provincial en Chaco.
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