La Justicia federal ordenó un allanamiento en la Bolsa de Comercio del Chaco y citó a declarar a su gerente en la causa que investiga presuntas maniobras financieras irregulares contra el Municipio de Sáenz Peña. Se analizan comisiones, cheques sin respaldo y un perjuicio que rondaría los $1.800 millones.
La causa que sacude las finanzas públicas de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó este martes un movimiento clave: la Justicia ordenó un allanamiento en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco y citó a declarar como testigo a su gerente general, Julio Barrios Cima, en el marco de la investigación por presuntas operatorias con cheques que habrían perjudicado a la comuna y a decenas de inversores institucionales.
El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la AFIP-ARCA y la Policía Federal Argentina, que secuestraron documentación física y respaldos electrónicos vinculados a operaciones financieras de riesgo, especialmente en el segmento de cheques no garantizados.
Según los investigadores, la hipótesis central apunta a que se habrían aceptado instrumentos de pago sin una evaluación adecuada del riesgo o sin cumplir con los requisitos formales para operar, lo que habría dejado expuestos fondos públicos y privados. Desde la Bolsa sostienen que todas las operaciones se encuadraron dentro de la normativa vigente, incluso aquellas de mayor volatilidad, que prometen más rentabilidad.
Dato: Otro de los allanamientos pedidos por el fiscal Patricio Sabadini se concreta en el domicilio de Diego Landriscina, secretario de Gobierno del municipio de Sáenz Peña, que días atrás pidió licencia en el ejercicio de su cargo.
Los otros lugares allanados son: la Bolsa de Comercio del Chaco, en Resistencia y la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Todo esto en el marco de la investigación iniciada por «operaciones no garantizadas» que involucra a ambas instituciones.
La denuncia penal fue impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien declaró ante la Justicia y presentó documentación que, según afirmó, demostraría que el Municipio invirtió recursos públicos en instrumentos no garantizados sin respaldo presupuestario.
“Yo no especulé, denuncié y vine a la Justicia. La plata pública no se negocia. La plata de los vecinos no se timbea”, sostuvo tras su presentación.
De acuerdo con las actuaciones, el perjuicio patrimonial podría alcanzar al menos 1.800 millones de pesos. La causa también involucra al intendente Bruno Cipolini y a funcionarios de su gabinete, por presunto incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
Otro nombre bajo análisis es el de Diego Landriscina, quien habría intentado inscribirse como agente productor ante la Comisión Nacional de Valores, trámite que habría sido rechazado por su condición de Persona Políticamente Expuesta. Aun así, la Justicia investiga si pudo haber percibido comisiones equivalentes a las de un operador habilitado.
Además, se indaga si existieron pagos de comisiones por cheques que luego cayeron en incumplimiento y posibles vínculos entre asesores financieros y autoridades, un punto que, de confirmarse, podría configurar cohecho o conflicto de intereses.
Fuentes del expediente aseguran que alrededor de 50 organismos —entre ellos municipios, consejos y colegios profesionales— habrían resultado damnificados, aunque muchos evitaron formalizar reclamos para no exponerse públicamente.
Con el allanamiento y las nuevas declaraciones, la causa entra ahora en una etapa decisiva para determinar responsabilidades penales y el destino de los fondos públicos comprometidos.
📌 Dato clave: La investigación estima que habría cerca de 50 inversores institucionales afectados por cheques en default y que el perjuicio para el Municipio de Sáenz Peña rondaría los $1.800 millones, en operaciones financieras que no estaban previstas en el presupuesto ni contaban con autorización específica del Concejo.
Fotos Osvaldo Ramírez
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