La investigación judicial por el caso de la denominada «falsa médica», que tiene como principal imputada a Lidia Ojeda, se encuentra en su etapa final y resta incorporar una medida de prueba vinculada con el teléfono celular secuestrado durante el procedimiento.
El fiscal Marcelo Soto confirmó que la causa está prácticamente concluida y señaló que el análisis del dispositivo será determinante para establecer si surge algún elemento que permita ampliar las líneas de investigación. «En realidad, la declaración de ella no cambia nada. Salvo que del teléfono surja algún elemento nuevo que involucre a otras personas, pero la investigación está prácticamente terminada», afirmó el funcionario judicial.
Soto explicó que la apertura y el análisis del teléfono celular ya cuentan con una fecha fijada para septiembre, por lo que la Fiscalía deberá notificar previamente a las partes involucradas en el proceso.
Según precisó, durante ese procedimiento existirá la posibilidad de que las partes designen peritos para que estén presentes en la extracción de la información contenida en el dispositivo. «Ya llegó el informe desde Resistencia fijando la fecha. Ahora debemos notificar a las partes para que, si lo consideran necesario, propongan un perito que esté presente durante la apertura del teléfono», detalló el fiscal al referirse a la medida pendiente.
La pericia informática constituye, de acuerdo con lo señalado por el fiscal, una de las últimas medidas previstas antes de completar la investigación. El resultado del análisis deberá determinar si existen comunicaciones, datos u otros elementos que incorporen información relevante para la causa o que permitan establecer la eventual participación de otras personas.
En ese marco, la fiscalía mantiene pendiente la incorporación formal de ese resultado antes de avanzar hacia la siguiente instancia del proceso judicial, mientras la situación de la principal imputada continúa vinculada a las actuaciones ya reunidas en el expediente.
LA AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA IMPUTADA
La reciente ampliación de la declaración de Lidia Ojeda no produjo modificaciones sustanciales en el rumbo de la investigación, según confirmó Soto.
Durante esa audiencia, la imputada volvió a sostener que había ejercido como médica y mencionó a distintas personas relacionadas con el sistema de salud, a quienes atribuyó haberle facilitado el uso de una matrícula profesional y de sellos médicos.
Las manifestaciones fueron incorporadas al expediente, aunque el fiscal aclaró que, por sí mismas, no permiten avanzar contra las personas mencionadas si no existe evidencia adicional que permita corroborarlas.
En ese sentido, Soto explicó el alcance procesal de las declaraciones realizadas por una persona imputada y remarcó que sus dichos no tienen carácter de prueba suficiente cuando carecen de elementos externos que los respalden. «La declaración de un imputado no se realiza bajo juramento. Ella no está obligada a decir la verdad y puede involucrar a quien quiera. Si no existe otra prueba que permita corroborar esas afirmaciones, no tienen valor para avanzar contra otras personas», sostuvo el fiscal.
De esta manera, las referencias efectuadas por Ojeda durante la ampliación de su declaración no modificaron las decisiones adoptadas hasta el momento respecto de la investigación.
La fiscalía mantiene así el criterio de que cualquier eventual avance sobre otras personas mencionadas durante la declaración requiere elementos objetivos que permitan comprobar esas afirmaciones. La ampliación de la declaración fue incorporada al proceso, pero no alteró la situación general de la causa ni modificó las medidas pendientes.
LA SITUACIÓN DEL EX DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUITILIPI
Entre las personas mencionadas por Ojeda durante su declaración se encuentra Freddy Acuña, ex director del hospital de Quitilipi, cuya situación también fue consultada al fiscal.
Soto indicó que las manifestaciones de la imputada no produjeron cambios en la situación procesal del exfuncionario y señaló que, hasta el momento, no existen elementos que permitan corroborar el supuesto préstamo de un sello profesional al que hizo referencia Ojeda. «Si no tengo elementos que revaliden lo que ella manifiesta respecto del supuesto préstamo de un sello profesional, no puedo avanzar sobre esa base», explicó.
El fiscal también precisó que el supuesto préstamo de un sello profesional no constituye por sí mismo el eje central de la investigación que tiene como principal imputada a Ojeda.
En ese sentido, remarcó que ese aspecto de la declaración no resulta suficiente para modificar el alcance de las actuaciones judiciales ni para impulsar medidas contra otras personas sin pruebas adicionales. «El hecho de haber prestado un sello, por sí solo, no es lo que interesa en esta causa», remarcó Soto al explicar el alcance de esa situación dentro del expediente.