En vísperas del Día del Empleado Judicial, los gremios judiciales del Chacoo expresaron su preocupación por la designación del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Varela, al frente de un tribunal que debe intervenir en una controversia vinculada con el régimen salarial del sector. Además, ratificaron su rechazo a cualquier modificación del sistema de porcentualidad y al denominado desenganche salarial.
La Intergremial Judicial del Chaco difundió este jueves 12 de noviembre un comunicado en el que manifestó su preocupación por la conformación de un tribunal Ad Hoc que interviene en una controversia relacionada con los derechos salariales de los trabajadores judiciales. La organización sindical planteó cuestionamientos sobre las garantías de independencia e imparcialidad y advirtió sobre posibles conflictos de intereses.
Bajo la consigna “La Justicia no puede ser juez y parte”, la entidad hizo referencia a los acontecimientos registrados en la causa conocida como “Alonso de Martina”, vinculada, según el comunicado, con el origen del Proyecto de Ley Nº 2141/26.
De acuerdo con lo expresado por la Intergremial, el doctor Sergio Cáceres Olivera, luego de dictar sentencias complementarias cuyo procedimiento legal fue cuestionado, se apartó del expediente y posteriormente promovió una acción de amparo para reclamar derechos relacionados con sus propias resoluciones.
La organización consideró que esta situación amerita un análisis institucional, especialmente por las implicancias que podría tener sobre el régimen de remuneraciones del Poder Judicial chaqueño.
Cuestionamientos a la designación de Varela
Uno de los principales puntos del comunicado está relacionado con la designación del doctor Sergio Varela, presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, como titular del tribunal Ad Hoc encargado de intervenir en la controversia.
Para la Intergremial, esta integración genera interrogantes acerca de la objetividad e independencia del órgano judicial, debido a que la discusión involucra cuestiones salariales que también alcanzan a las autoridades del Poder Judicial.
Los gremios señalaron que el presidente del máximo tribunal provincial tiene responsabilidades administrativas sobre decisiones que afectan directamente a los empleados judiciales, entre ellas los descuentos de haberes aplicados por medidas de fuerza.
En ese contexto, cuestionaron que la misma autoridad presida un tribunal encargado de resolver una controversia de relevancia para los trabajadores del sector.
“¿Puede garantizarse una justicia verdaderamente imparcial cuando quienes intervienen en las decisiones institucionales también participan en el juzgamiento de sus consecuencias?”, planteó la organización sindical.
La Intergremial sostuvo que resulta indispensable despejar cualquier duda sobre la imparcialidad de quienes deben intervenir en el expediente y garantizar una integración del tribunal ajena a posibles conflictos de intereses.
Los planteos corresponden a la posición expresada por los gremios y no implican, por sí mismos, que se haya determinado judicialmente la existencia de incompatibilidades o irregularidades.
Rechazo al desenganche salarial
Además de los cuestionamientos institucionales, la Intergremial ratificó su defensa del sistema de porcentualidad salarial, mecanismo que vincula las remuneraciones de los trabajadores judiciales con una estructura de porcentajes dentro del Poder Judicial.
La organización advirtió que no aceptará modificaciones que puedan afectar ese régimen, al considerar que se encuentran en juego derechos salariales y patrimoniales históricos del sector.
“No aceptaremos que mediante decisiones judiciales o iniciativas legislativas se pretenda avanzar sobre el sistema de porcentualidad salarial, quebrar el enganche y vulnerar derechos patrimoniales y de propiedad históricos de los trabajadores judiciales”, expresó el comunicado.
En ese sentido, los representantes sindicales vincularon su preocupación con el Proyecto de Ley Nº 2141/26 y las posibles consecuencias que, según su interpretación, podrían derivarse de la controversia judicial.
El reclamo está dirigido principalmente a las autoridades del Poder Judicial del Chaco, especialmente por la integración del tribunal Ad Hoc y los cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Sin embargo, hay una referencia indirecta al ámbito político y legislativo, porque los gremios mencionan el Proyecto de Ley Nº 2141/26 y rechazan cualquier iniciativa legislativa que pueda modificar el sistema de porcentualidad salarial.
Reclamo en vísperas del Día del Empleado Judicial
La declaración se difundió en vísperas del Día del Empleado Judicial, una fecha que los sindicatos aprovecharon para reiterar sus demandas laborales y expresar su preocupación por la situación institucional.
“En vísperas de nuestro día, en lugar de reconocimiento a quienes diariamente sostienen el servicio de justicia, nos encontramos nuevamente ante situaciones que amenazan nuestras conquistas salariales”, señalaron.
La Intergremial insistió en la necesidad de preservar las garantías de independencia e imparcialidad judicial, así como los derechos laborales y salariales de los empleados del sector.
Finalmente, cerró su pronunciamiento con dos consignas: “No al desenganche salarial” y “Por una Justicia independiente e imparcial”.
Antecedentes del conflicto
El pronunciamiento se suma a una serie de presentaciones realizadas por los sindicatos judiciales en los últimos meses. El 13 de octubre, la Intergremial solicitó a la Legislatura provincial que investigara la actuación de los integrantes del tribunal Ad Hoc en la causa Alonso de Martina.
Asimismo, el 4 de noviembre, representantes gremiales participaron de una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde reiteraron su pedido de archivo del Proyecto de Ley Nº 2141/26 y reclamaron la aplicación del artículo 9 de la Ley 3424-A para todo el personal judicial.
La controversia mantiene abierto el debate sobre el régimen de remuneraciones del Poder Judicial, la relación salarial entre magistrados y empleados, y las garantías de imparcialidad en las actuaciones judiciales vinculadas con ese sistema.