Lucila Masin (PJ) cuestionó con dureza la intervención realizada en la Reserva Natural Caraguatá y aseguró que el desmonte registrado en el lugar constituye un «ecocidio manifiesto». La edil afirmó que el Concejo Municipal ya solicitó informes al Ejecutivo para determinar quién autorizó los trabajos y si se realizó un estudio de impacto ambiental.
En diálogo con La Voz del Chaco, Masin explicó que durante las últimas semanas mantuvo contacto con organizaciones ambientalistas que alertaron sobre lo que estaba ocurriendo en el parque.
«Estas semanas estuvimos en contacto con organizaciones ambientalistas que nos advirtieron lo que estaba pasando con el Parque Caraguatá. La situación es extrema y gravísima por la forma en que se ha procedido desde la gestión municipal», sostuvo.
La concejala relató que el lunes pasado recorrió el lugar para constatar las denuncias y que allí pudo comprobar la magnitud de la intervención. «Nos acercamos al parque y constatamos el desmonte que se generó durante los días previos. La verdad es que esto lo podemos tipificar como un ecocidio manifiesto», afirmó. Según indicó, los trabajos se realizaron sin la información pública necesaria ni la participación de especialistas. «Existen normativas nacionales e internacionales que establecen cómo deben preservarse estas reservas naturales. Se requiere un estudio de impacto ambiental y cuidados específicos para preservar la flora y la fauna. Nada de eso sucedió», remarcó.Masin señaló además que intentó comunicarse con funcionarios municipales para obtener explicaciones, aunque hasta el momento no recibió respuestas claras.«El mismo lunes envié mensajes a funcionarios del Ejecutivo municipal para tener una respuesta más acorde sobre lo que estaba pasando. Hasta ahora no hemos tenido una confirmación fehaciente de quién es el responsable o los responsables de este ecocidio», expresó.
Pedido de informes y medida cautelar
Ante esta situación, la concejala confirmó que presentó un pedido de informes al Ejecutivo municipal para que se detalle cómo se realizó la intervención en el área protegida. «Solicitamos que nos informen si existió un estudio de impacto ambiental, quién dio la orden de intervenir, quiénes participaron y cuáles fueron las razones de estas acciones», explicó.Además, adelantó que impulsarán una medida cautelar para frenar cualquier nueva intervención hasta que se esclarezca la situación. «Vamos a presentar una cautelar para que se detengan este tipo de trabajos. Las intervenciones deben ser cuidadas y armoniosas con el ambiente», subrayó.
Proyecto para crear un consejo asesor del parque
En paralelo a la denuncia, Masin recordó que en septiembre del año pasado presentó un proyecto para crear un sistema de administración y gestión participativa del Parque Caraguatá. «La iniciativa propone dotar al parque de un consejo asesor integrado por especialistas, universidades, organizaciones ambientalistas y representantes del municipio», detalló. El objetivo, explicó, es diseñar un plan de manejo que permita utilizar el parque con fines educativos, turísticos y recreativos sin afectar su valor ecológico. «Creemos que el parque puede tener una finalidad educativa, recreativa y turística, pero siempre con los cuidados que establece la normativa ambiental», señaló.
Ordenanza para regular el arbolado urbano
La concejala también informó que trabaja en otra iniciativa vinculada al cuidado ambiental: una ordenanza integral sobre el arbolado público en Resistencia. Según explicó, actualmente existen varias normativas dispersas que regulan diferentes aspectos del arbolado urbano, como árboles históricos o la cantidad de ejemplares por manzana.«Lo que queremos es unificar todas esas ordenanzas en una sola normativa que establezca las bases para el manejo del arbolado público en la ciudad», explicó.
La propuesta busca consolidar un marco legal que permita planificar y fortalecer la forestación urbana.
«Esperamos que este año podamos sancionar una ordenanza que dé un encuadre general y un impulso real al arbolado público en la ciudad», indicó.
Críticas al discurso de los gobiernos nacional y provincial
Durante la entrevista, Masin también se refirió a los discursos políticos en la apertura de sesiones legislativas y cuestionó tanto al gobierno nacional como al provincial. En primer lugar, apuntó contra el mensaje del presidente Javier Milei, al que calificó como confrontativo. «Me parece que el mensaje del Presidente fue un mensaje cargado de extrema violencia, que permanentemente entra en la provocación y en la división de nuestra sociedad», sostuvo la concejala. En esa línea, consideró que el discurso presidencial no abordó los problemas estructurales que atraviesa la población. «Fue un mensaje de fragmentación de nuestro pueblo, totalmente desconectado de lo que pasa con la realidad de los argentinos y las argentinas», afirmó.
Masin también cuestionó la falta de definiciones en materia de empleo, industria y servicios públicos. «No hubo respuestas claras sobre qué va a pasar con los puestos de trabajo que se están perdiendo, con las fábricas que cierran o con la importación desmedida que afecta al trabajo local», señaló. La concejala también planteó que la situación impacta directamente en áreas sensibles como la salud y la educación. «Hoy vemos un sistema educativo desfinanciado y un sistema de salud que no está dando respuestas. Son cuestiones centrales que deberían estar en el centro del debate político», remarcó.
Cuestionamientos a la gestión provincial
En ese mismo sentido, Masin también expresó críticas hacia el gobierno provincial encabezado por Leandro Zdero, al considerar que existe una falta de respuestas frente a los problemas que atraviesan distintos sectores. «En términos provinciales también vemos la misma lógica. Se reconoce que hay problemas, que hay docentes y trabajadores de la salud atravesando situaciones difíciles, pero después no se toman decisiones que den respuestas concretas», sostuvo. Para la edil, los gobernantes deben asumir su responsabilidad institucional frente al contexto social y económico actual. «Lejos de ponerse en un lugar de víctima, los gobiernos tienen que asumir el rol que les corresponde, que es gestionar y dar respuestas a la sociedad», afirmó. Finalmente, Masin sostuvo que las principales consecuencias de las políticas actuales recaen sobre la población. «Las únicas víctimas de estas políticas son el pueblo argentino y el pueblo chaqueño, que hoy están atravesando una situación muy difícil y esperando respuestas para mejorar su calidad de vida», concluyó.
Un área protegida y de
alto valor ambiental
Masin recordó que el Parque Caraguatá forma parte de un sistema de áreas naturales que cuentan con protección ambiental. «Es una zona protegida y está vinculada con sitios reconocidos internacionalmente, como los humedales Ramsar. Por lo tanto, esta reserva tiene que preservarse como tal», afirmó. En ese sentido, insistió en que la normativa ambiental vigente exige participación ciudadana y articulación con organizaciones de la sociedad civil. «Tenemos acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, además de la ley de educación ambiental. Todos establecen que la comunidad debe tener participación activa en las decisiones vinculadas al ambiente», explicó.
Otro de los aspectos que preocupa a los ambientalistas es el impacto que los trabajos podrían haber generado sobre la fauna del lugar. Masin señaló que las organizaciones que monitorean la reserva advirtieron sobre el desplazamiento de animales y aves. «Nos informaron que se han visto animales huyendo de la zona. El parque tiene una enorme diversidad de aves y otras especies. Cuando se produce una intervención de esta magnitud, el hábitat se altera y los animales intentan refugiarse en otros lugares», sostuvo. Para la concejala, el daño ambiental podría ser significativo. «El impacto que se le está causando al parque es enorme y, lamentablemente, muchas veces irreversible», agregó.