La responsable de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil, Claudia Leguiza, entrevistada por LA VOZ DEL CHACO, objetó con firmeza la lectura optimista de los indicadores recientes de pobreza y advirtió sobre las limitaciones de un enfoque centrado exclusivamente en cifras, al referirse a los datos que ubican la pobreza en el 28% a nivel nacional y en el 48% en el Chaco.
Leguiza planteó una crítica estructural a los parámetros de medición vigentes, remarcando que los mismos no contemplan a la calidad de vida como un eje central del análisis.
Interrogó además sobre la capacidad de las personas para desarrollarse en condiciones dignas, afirmando: «¿Dónde está tu capacidad de crecer, de sentirte digno como ser humano?», marcando una distancia entre las métricas económicas y las condiciones reales de vida.
La titular de Conin vinculó esta problemática con las expectativas sociales y los discursos que recaen sobre los sectores más vulnerables. «¿De qué manera pueden hacer algo con su vida si no, desde la infancia, no buscamos la manera de revertir eso?», expresó, en referencia a la falta de oportunidades estructurales que condicionan el desarrollo individual desde edades tempranas.
Asimismo, contextualizó la situación del Chaco en términos históricos recientes, al recordar que la provincia llegó a registrar niveles cercanos al 70% de pobreza. «Eso no es bueno», remarcó y advirtió que este escenario genera efectos encadenados sobre los sistemas públicos, especialmente en salud y educación, que se ven «desbordados» ante la demanda creciente.
Leguiza también señaló las limitaciones estructurales del desarrollo económico provincial, destacando la ausencia de industrias y la dependencia del empleo público y el comercio. «Todo es una cadena de problemas», sintetizó, al tiempo que subrayó la necesidad de políticas de Estado sostenidas en el tiempo, en lugar de medidas coyunturales.
LA NECESIDAD DE MEDIR LAS CONDICIONES
DE VIDA
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la necesidad de reformular los indicadores de pobreza. Leguiza remarcó que no alcanza con medir ingresos, sino que es imprescindible evaluar las condiciones concretas de acceso a derechos básicos. «¿Accede al agua? ¿Accede a una educación? ¿Accede a la salud pública? ¿Cómo?», enumeró, proponiendo una mirada más integral.
En esa línea, planteó que la pobreza debe analizarse como una situación multidimensional. «No medimos la pobreza, tenemos que medir situaciones de pobreza», afirmó, insistiendo en que la realidad social requiere herramientas más complejas de diagnóstico.
La referente de Conin explicó que esta perspectiva permitiría obtener un panorama más preciso sobre las condiciones de vida de las familias, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Según indicó, la combinación entre ingresos y acceso efectivo a servicios básicos es clave para comprender la magnitud del problema.
Este enfoque, señaló no solo tiene implicancias analíticas, sino también operativas, ya que condiciona el diseño de políticas públicas. La ausencia de indicadores adecuados, advirtió, puede derivar en intervenciones insuficientes o mal orientadas.
En ese marco, insistió en la necesidad de construir diagnósticos territoriales que permitan identificar con precisión las carencias estructurales y orientar las respuestas estatales y sociales de manera más eficaz.
El trabajo territorial en articulación con el Estado
La titular de Conin describió en detalle la modalidad de trabajo de la organización, basada en el acompañamiento semanal de madres y niños. «Semana tras semana tienen que estar en la fundación», explicó, señalando que las familias reciben atención integral durante jornadas de más de tres horas.
El esquema incluye controles nutricionales, asistencia social y espacios educativos, con atención personalizada para cada caso. Este abordaje, indicó, permite un seguimiento continuo y una intervención más efectiva.
En cuanto a la detección de casos, destacó la importancia del trabajo territorial y las redes comunitarias. «Las madres recomiendan a otras madres», señaló, además del rol de los centros de salud en la derivación de situaciones de riesgo.
Leguiza anunció además la implementación de operativos territoriales con un camión sanitario equipado con consultorios, que permitirá ampliar la cobertura en distintas localidades. Estas acciones se desarrollarán en articulación con organismos provinciales.
En este punto, remarcó la necesidad de un Estado presente. «El Estado tiene que estar acompañando esto, y ser el gran protagonista», afirmó, subrayando que la fundación cumple un rol complementario en la atención.
El impacto de la pandemia
Leguiza destacó que la pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión en el trabajo de la fundación. «Para nosotros la pandemia marcó un antes y un después», afirmó, al explicar que antes de ese período el enfoque estaba centrado exclusivamente en la prevención.
Según detalló, las acciones previas incluían trabajo territorial, captación de familias en situación de vulnerabilidad y seguimiento semanal con talleres y controles. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente tras la crisis sanitaria.
«A partir de ahí comenzamos a trabajar ya con niños que tienen casos de bajo peso y desnutrición», explicó, señalando que actualmente la organización aborda cuadros de desnutrición leve, moderada y, en casos excepcionales, grave.
En relación con los casos más complejos, aclaró que la fundación articula directamente con el sistema público de salud. «No podemos absorber nosotros porque no tenemos la capacidad para hacerlo», indicó, subrayando la necesidad de complementariedad con el Estado.
Asimismo, aseguró que actualmente no registran casos de desnutrición grave en su ámbito de intervención, aunque mantienen un trabajo constante con pediatras y centros de salud para el seguimiento de los niños.
Voluntariado, fondos y desafíos estructurales
La responsable de Conin destacó el rol clave del voluntariado y del sector privado en el sostenimiento de la organización. «El voluntariado es importante», sostuvo, tanto en la difusión como en el apoyo económico.
Explicó que los costos de tratamiento son elevados, especialmente en casos de desnutrición, donde las leches especiales pueden alcanzar valores de hasta $500 mil por semana. Esta situación exige una planificación financiera constante.
En ese marco, valoró las donaciones y las actividades de recaudación como herramientas fundamentales para garantizar la continuidad del trabajo. También señaló que la asistencia estatal, si bien existe, suele presentar demoras.
Como ejemplo de la fragilidad del sistema, relató que entre diciembre y enero los casos de desnutrición aumentaron significativamente. «Cuando volvimos a abrir el 10 de enero teníamos 10 desnutridos», indicó, evidenciando la rapidez con que se agrava la situación sin asistencia sostenida.
Finalmente, destacó la importancia de la primera infancia como etapa crítica del desarrollo. Advirtió que la falta de intervención temprana genera consecuencias a largo plazo y condiciona el futuro del país.