Continúa hoy el paro nacional de la docencia universitaria que comenzó ayer y se proyecta con nuevas medidas de fuerza en los próximos días, en un conflicto que permanece abierto por reclamos salariales y presupuestarios. Esto tras cumplir una semana de protestas con el levantamiento de carpas en todas las universidades del país, medidas que se extenderán al menos hasta el próximo 20.
En el ámbito local, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), junto a no docentes, estudiantes y organizaciones sociales participaron de una jornada de protesta en el campus de Resistencia, donde realizaron un ruidazo y una volanteada en el marco de la «Carpa por la defensa de la universidad y la soberanía» el pasado viernes.
La actividad reunió a gremios como Adiunne y Codiunne, junto a trabajadores del sistema científico y referentes de distintas centrales sindicales como ATE, UPCP, CTA, y organizaciones sociales.
Allí, los participantes visibilizaron la situación del sector y anticiparon la profundización del plan de lucha. Como continuidad de estas acciones, convocaron a una nueva concentración para mañana frente al Rectorado de la Unne, en Corrientes, en lo que será otra instancia de protesta regional.
Deuda con la universidad
Desde Adiunne señalaron que el conflicto actual responde a una acumulación de problemas que afectan tanto a trabajadores como a estudiantes. «El presidente Milei tiene una deuda con trabajadores y trabajadoras y estudiantes de la Universidad pública y el sistema científico y tecnológico del país.
Sin salarios dignos porque están por debajo de la línea de pobreza, becas estudiantiles congeladas, sin convocatoria a paritaria salarial desde diciembre de 2023, incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada y resistida por amplia mayoría en el Congreso de la Nación y reclamada por la ciudadanía en la calle con tres marchas federales y desobediencia judicial al desconocer dos fallos que instan al gobierno a cumplir con trabajadores/as y estudiantes de las universidades nacionales», enumeraron desde Adiunne los motivos de la protesta. «Exigimos a Milei que cumpla con la ley y respete la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de las Universidades Nacionales y del sistema Científico y tecnológico», expresaron.
En la misma línea, desde Codiunne remarcaron la necesidad de sostener la unidad del sector y profundizar las medidas de fuerza.
Según indicaron, la situación actual exige una respuesta colectiva para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.
La referente del gremio Clara Chevalier expresó: «El fallo judicial es una conquista de la comunidad universitaria, fruto de la acción articulada que logró ponerle un límite al afán autoritario del gobierno de Milei. El plan de lucha continúa hasta que paguen la deuda que tienen con nosotros».
Ambos gremios coincidieron en que la continuidad del plan de lucha es necesaria frente a la falta de respuestas oficiales, y llamaron a sostener la participación en las actividades previstas durante la semana.
Un paro que se profundiza
A nivel nacional, el paro docente se desarrolla desde ayer y continúa hoy, en el marco de una convocatoria que se extiende con distintas acciones hasta el sábado 18. La medida afecta el dictado de clases en universidades públicas de todo el país.
El reclamo central apunta a una recomposición salarial cercana al 50%, en línea con la inflación acumulada, y al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según datos difundidos por el sector, el deterioro salarial se mantiene como uno de los principales ejes del conflicto. Los docentes universitarios arrastran más de un año de pérdida del poder adquisitivo, con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan a cubrir el costo de vida.
Referentes gremiales advirtieron que esta situación genera renuncias, pluriempleo y dificultades para sostener las actividades académicas, en un contexto que consideran crítico para el sistema educativo.
una sentencia clave
Uno de los puntos más relevantes del conflicto actual es la situación judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.
«Se trata de un fallo clave y contundente, porque reconoce lo que venimos diciendo las universidades, y porque rebate todos y cada uno de los argumentos que presentó el Poder Ejecutivo.
De acá en adelante, cada día que el gobierno pasa sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario somos testigos de la transformación de una República en una autocracia», aseveró.
La norma, aprobada por el Congreso y ratificada tras un veto presidencial, establece la actualización de salarios y partidas presupuestarias para el sector.
En ese marco, la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo que ordena al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con los artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial docente y a las becas estudiantiles.
La sentencia confirmó una medida cautelar previa y dejó en claro que el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema universitario.
Además, rechazó los argumentos del gobierno nacional, que intentaba justificar la no aplicación de la norma por razones presupuestarias.
Entre los aspectos más destacados, el tribunal sostuvo que el impacto fiscal de la ley es reducido en relación al presupuesto total y que no puede prevalecer sobre derechos constitucionales como el acceso a la educación.
También remarcó que el deterioro salarial constituye un daño concreto y urgente, lo que justifica la intervención judicial.
En ese sentido, la resolución subrayó que la situación de los trabajadores universitarios tiene carácter alimentario, lo que refuerza la necesidad de una respuesta inmediata.
Pese a este fallo, los gremios denunciaron que el Gobierno aún no cumple con lo dispuesto por la Justicia, lo que profundiza el conflicto y suma un componente legal a la disputa.
Salarios en caída
y conflicto creciente
Referentes del sector sostuvieron que la pérdida del poder adquisitivo fue uno de los principales detonantes del paro. En ese sentido, el economista y docente universitario Antonio Rosselló afirmó que la situación salarial «se volvió insostenible» y aseguró que el conflicto actual «ya no es solo una discusión de paritarias, sino una disputa legal».
Rosselló indicó que un docente con una década de antigüedad percibía ingresos muy por debajo de la canasta básica, lo que, según dijo, reflejaba una «brecha insalvable» entre salarios y costo de vida.
En esa línea, detalló que incluso los cargos de mayor dedicación no alcanzaban a cubrir el umbral de pobreza.
Los gremios remarcaron que los docentes universitarios acumularon al menos 16 meses consecutivos de pérdida salarial y que, desde fines de 2023, el deterioro del ingreso real se ubicó entre el 33% y el 36%. Esta situación, afirmaron, derivó en un creciente pluriempleo y en la migración de profesionales hacia otras actividades.
Impacto en el sistema educativo
Desde el sector universitario advirtieron que la crisis no solo afectó a los trabajadores, sino que comenzó a tener consecuencias estructurales en el sistema educativo y científico. En ese marco, señalaron que más de 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en los últimos meses, lo que generó dificultades en la continuidad académica de diversas carreras.
Además, indicaron que áreas estratégicas, como las vinculadas a tecnología y ciencias exactas, registraron una fuerte reducción de personal docente. Según explicaron, en algunos casos más de la mitad de los profesores dejaron sus cargos o solicitaron licencias.
La problemática también impactó en el estudiantado. Los gremios señalaron que el congelamiento de las becas, sumado al deterioro económico general, provocó un aumento de la deserción universitaria.
En ese sentido, advirtieron que casi la mitad de los estudiantes provenía de hogares en situación de vulnerabilidad, lo que dificultaba la continuidad de sus estudios.
«Se está destruyendo la educación pública, la ciencia y la tecnología», sostuvo Rosselló, quien consideró que el proceso actual comprometía el desarrollo futuro del país.
más medidas: marcha federal
En este contexto, el conflicto universitario no muestra señales de resolución inmediata. Los gremios anticiparon que el plan de lucha continuará con nuevas acciones, tanto a nivel local como nacional. Entre las iniciativas en evaluación se encuentra la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para principios de mayo, con el objetivo de ampliar la visibilidad del reclamo y sumar apoyo social.
Así, con movilizaciones en marcha, una sentencia judicial sin aplicar y reclamos que se acumulan, la comunidad universitaria continúa en estado de alerta, en defensa de la educación pública y a la espera de respuestas concretas.