El diputado provincial Santiago Pérez Pons anunció la ampliación de la denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos del municipio de Sáenz Peña y solicitará la imputación del jefe comunal y del funcionario Diego Landriscina. Según la presentación, se habrían comprometido más de $2 mil millones en operaciones financieras sin aval institucional, incluyendo desvío de intereses, rescate de cheques a empresarios vinculados al poder, licitaciones direccionadas, compras de combustible y cobro de comisiones. La causa, conocida como el escándalo de la timba financiera, también cuestiona la intención del Ejecutivo municipal de convalidar estas decisiones mediante un acuerdo con la Bolsa de Comercio, mientras la Justicia analiza las pruebas aportadas para determinar eventuales responsabilidades.
El escándalo por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña sumó un nuevo capítulo con la ampliación de la denuncia que involucra al intendente Bruno Cipolini.
La presentación judicial fue impulsada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons, quien anunció la incorporación de nuevas pruebas destinadas a profundizar la investigación.
Según el legislador, los elementos aportados permitirán esclarecer la operatoria denunciada y determinar las responsabilidades correspondientes en el ámbito judicial.
De acuerdo con lo manifestado por Pérez Pons, las irregularidades detectadas no responderían a decisiones aisladas, sino a un esquema estructurado de administración indebida de recursos públicos. En este contexto, la causa judicial adquiere mayor relevancia institucional, al involucrar presuntas maniobras que comprometerían el patrimonio municipal.
El legislador explicó que la investigación se centra en inversiones consideradas irregulares realizadas desde el municipio termal, lo que generó un fuerte impacto político y administrativo en la región. La magnitud de los montos involucrados y la naturaleza de las operatorias denunciadas contribuyeron a intensificar el debate público.
En este escenario, la ampliación de la denuncia se presenta como un paso clave para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales. La causa se encuentra ahora bajo análisis de la Justicia, que deberá evaluar la veracidad de las pruebas y la legalidad de las decisiones adoptadas por las autoridades municipales.
DENUNCIAS POR MANEJOS IRREGULARES DE FONDOS PÚBLICOS
Según explicó Pérez Pons, los fondos municipales habrían sido desviados mediante maniobras de corrupción, configurando un esquema más amplio de presuntas irregularidades. Esta interpretación sostiene que las operaciones investigadas exceden el ámbito de decisiones administrativas y podrían constituir delitos contra la administración pública.
En ese sentido, el diputado afirmó: «No solo se timbearon más de $2 mil millones de los saenzpeñenses en operaciones sin garantía. También hubo desvío de intereses, compras de combustible, licitaciones direccionadas y cobro de comisiones con pruebas que tendrá la justicia».
La acusación señala que los recursos públicos habrían sido utilizados en operaciones financieras sin respaldo institucional, lo que implicaría un riesgo significativo para las arcas municipales. Este tipo de prácticas, de confirmarse, podría derivar en sanciones judiciales y administrativas de gran alcance.
Asimismo, Pérez Pons detalló que las irregularidades incluirían la presunta utilización de fondos para beneficiar a determinados actores económicos, generando un escenario de concentración de beneficios y transferencia de riesgos hacia el Estado municipal.
En ese marco, el legislador remarcó: «Salvaron a empresarios amigos del poder comprando sus cheques para que la empresa no pierda los fondos y si los pierda el municipio».
» Expectativas judiciales
El diputado provincial confirmó que la investigación continuará y que se ampliará la denuncia con nuevos elementos probatorios. Esta decisión busca profundizar el esclarecimiento de los hechos y garantizar la intervención de la Justicia.
La causa se proyecta como un proceso de largo alcance, en el que se analizarán las operaciones financieras, las decisiones administrativas y los posibles beneficios obtenidos por terceros vinculados al poder político y económico.
En ese marco, Pérez Pons sostuvo: «Esto no se cierra con un acuerdo. Al contrario, abre más preguntas: qué pasó con los intereses, quién cobró comisiones y cómo se tomaron estas decisiones».
El legislador también subrayó la necesidad de esclarecer la totalidad de las operatorias denunciadas para determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en la gestión pública.
Finalmente, concluyó: «Cuando uno junta todo, operaciones sin garantía, comisiones, rescates a empresarios cercanos y contrataciones direccionadas, queda claro que no fue un error, sino un esquema; y eso lo tiene que investigar la Justicia».
El rol del Consejo y la Bolsa de Comercio
Otro de los aspectos señalados por el denunciante se vincula con la intención del Ejecutivo municipal de lograr la aprobación de un acuerdo con la Bolsa de Comercio. Según el legislador, esta iniciativa buscaría regularizar decisiones adoptadas sin la intervención previa del Concejo Municipal.
Pérez Pons advirtió que las operatorias originales no habrían sido sometidas a la aprobación del órgano deliberativo, lo que generó cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia en la gestión pública.
En ese sentido, afirmó: «No podían hacerlas y las hicieron igual. Hoy intentan que el Concejo les convalide a posteriori una maniobra irregular».
Se remarca que este señalamiento abre un debate sobre los mecanismos de supervisión y la responsabilidad de los organismos de control en la administración de los recursos públicos.
La discusión adquiere relevancia en el contexto de la transparencia y la rendición de cuentas.
Pedido de imputación
Como parte de la ampliación de la denuncia, Pérez Pons adelantó que solicitará la imputación del intendente Bruno Cipolini y de su colaborador cercano, Diego Landriscina. La medida busca que ambos sean convocados a prestar declaración en el marco de la causa judicial en curso.
El pedido se fundamenta en la presunta existencia de movimientos de comisiones vinculadas a las operatorias investigadas.
De confirmarse estos hechos, podrían configurarse delitos relacionados con el manejo irregular de fondos públicos y la administración fraudulenta.
En este contexto, el diputado subrayó la gravedad de la situación al afirmar: «Se comprometieron más de $2 mil millones sin aval institucional. Es gravísimo».
La investigación judicial se orienta a determinar la legalidad de las decisiones adoptadas y a establecer si existieron responsabilidades individuales. El avance del proceso dependerá del análisis de las pruebas presentadas y de las actuaciones que disponga la Justicia.