El referente del Colegio de Abogados, Miguel Vigier, participó de un encuentro junto a representantes de distintas circunscripciones judiciales con el objetivo de analizar las modificaciones introducidas en el proceso de selección de magistrados.
La reunión se desarrolló en un contexto de actualización normativa impulsada por la Corte, que propone cambios sustanciales en los criterios de evaluación y acceso a la función judicial, en una instancia considerada clave para el funcionamiento del sistema de justicia.
La actividad contó con la presencia de la consejera de la Magistratura de la Nación, Jimena de la Torre, quien expuso los alcances del nuevo reglamento.
Consultado al respecto en El Resumen de Natagalá, Vigier explicó que el eje de la convocatoria estuvo centrado en comprender el impacto de esta reforma y remarcó que uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es la revalorización de la trayectoria profesional previa de los aspirantes a jueces.
«Hay un punto central en ese reglamento que nos interesa, que es que la Corte ha valorado mucho y ha pedido que se valore mucho en la selección de jueces y juezas la actuación profesional previa», destacó, subrayando que esta orientación implica un cambio significativo respecto de criterios anteriores, en los que dicha experiencia era considerada, pero no con el carácter determinante que ahora adquiere.
En la misma línea, el dirigente explicó que esta modificación responde a un reclamo histórico del sector. «Esto es algo que los colegios y el Consejo siempre reclamamos: que se tenga en cuenta como primer paso necesario e imprescindible -así lo marca la Corte- para la función jurisdiccional, haber ejercido la profesión», sostuvo.
Asimismo, indicó que el nuevo reglamento introduce incentivos para que más profesionales del derecho se presenten a concursos judiciales. «La Corte, a través de este reglamento, lo que hace es incentivar también a quienes ejercemos la profesión a presentarnos al concurso de la magistratura, porque se valora mucho el ejercicio profesional», agregó.
AGILIZACIÓN DE VACANTES
Y EXPERIENCIA PROVINCIAL
Otro de los puntos abordados durante el encuentro fue la necesidad de agilizar la cobertura de vacantes en el sistema judicial, una problemática que afecta especialmente al ámbito federal.
En ese marco, Vigier consideró que el nuevo reglamento apunta a reducir los tiempos administrativos y mejorar la eficiencia del proceso de designación de magistrados.
El referente recordó que en el Chaco ya se aplican mecanismos con ese objetivo. «En el Chaco tenemos una duración de dos años cuando un magistrado concursa», sostuvo.
En relación con su funcionamiento, detalló que «el examen de oposición se considera aprobado para un cargo -obviamente de similar competencia y materia- dentro de los dos años, como plazo de vigencia». Esta modalidad, según explicó, contribuye a acelerar los nombramientos sin resignar criterios de idoneidad, al tiempo que optimiza los recursos institucionales.
Vigier indicó que la problemática de las vacantes responde a múltiples factores. «Hoy, un enorme problema que tiene la Justicia Federal en todo el país es la gran cantidad de vacantes que se producen», afirmó, atribuyendo las demoras tanto a los tiempos de los concursos como a las etapas posteriores que dependen del Poder Ejecutivo.
En esa línea, precisó: «Esto tiene que ver con dos instancias; son responsables ambas: la de selección, a través de los concursos, donde se demora la realización de los mismos, y luego también el Ejecutivo, que demora en enviar los pliegos al Senado».
A partir de este diagnóstico, consideró que las nuevas disposiciones podrían contribuir a mejorar la dinámica general del sistema.
LEY DE HONORARIOS Y DEBATE INSTITUCIONAL
En paralelo al análisis del nuevo reglamento, Vigier celebró la reciente promulgación de la Ley de Honorarios Profesionales en la provincia (Ley 4228-C). El dirigente destacó el proceso de elaboración y debate que precedió a su sanción, al tiempo que valoró el respaldo institucional obtenido durante su tratamiento.
En ese marco, enfatizó que la aprobación de la norma representa «la coronación de un trabajo inmenso que ha hecho la abogacía del Chaco, primero durante dos años elaborando el proyecto, investigando, estudiando y proponiendo».
Además, resaltó el acompañamiento legislativo y el proceso de discusión pública que atravesó la iniciativa.