El diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, cuestionó con dureza el operativo policial desplegado en el barrio 238 Viviendas de General San Martín, donde, según denunció, se restringió el acceso a vecinos y adjudicatarios sin orden judicial.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el legislador calificó la situación como «inadmisible» y aseguró que se trató de «una especie de estado de sitio» de hecho. «La Policía estaba impidiendo el acceso no a un barrio, sino a tres. Habían colocado un bloqueo con conos y vallas», relató.
Leiva explicó que al presentarse en el lugar junto al diputado provincial Rubén Guillón, solicitaron explicaciones a los efectivos. «Nos dijeron que tenían información sobre posibles usurpaciones, pero nunca pudieron acreditar nada ni exhibir una orden judicial», sostuvo.
«Para bloquear un barrio o una calle tiene que haber una orden judicial. No es que la policía puede hacerlo por decisión propia. Además, deben dar aviso inmediato a la fiscalía, cosa que no ocurrió», afirmó.
Tensión, negociación y retiro parcial del vallado
Según detalló, tras una serie de gestiones con autoridades provinciales, se logró descomprimir parcialmente la situación.
«Se estableció un punto intermedio: levantaron el vallado y nosotros, por responsabilidad, avanzamos solo unos metros para concretar la reunión con los vecinos, aunque no era lo que correspondía», explicó.
El legislador anticipó que se avanzará con presentaciones administrativas y judiciales. «Es inadmisible que la policía se arrogue la potestad de decidir quién puede ingresar o no a un lugar, sin documentación ni respaldo legal», insistió.
Polémica por la posible reasignación de viviendas
Otro de los puntos centrales del conflicto radica en la situación de las viviendas. Leiva denunció que el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Fernando Berecoechea, planteó la posibilidad de realizar un nuevo sorteo de las unidades.
«Estamos hablando de 138 familias que fueron adjudicadas hace dos años, en base a una resolución vigente. Si el organismo consideraba irregular esa adjudicación, debió notificar y accionar judicialmente, cosa que no hizo», remarcó.
En esa línea, cuestionó la contradicción del propio funcionario: «Es la misma resolución que en su momento le permitió acceder a una vivienda al actual presidente del Instituto. Hoy la desconoce para otros», señaló.
Leiva aclaró que muchas de las viviendas aún no están habitadas debido a la falta de servicios básicos, aunque varias familias ya intentaron ingresar. «Hay gente que no pudo acceder porque la policía se los impide», indicó.
Contexto local y crítica a la gestión
Consultado sobre la situación general de General San Martín, que recientemente celebró su 117° aniversario, el legislador fue crítico con la gestión provincial.
«Desde el 10 de diciembre de 2023 no se inició una sola obra de vivienda, ni desde la Nación ni desde la provincia. Tampoco hubo mejoras en rutas», afirmó.
Además, cuestionó la relación del gobierno provincial con la dirigencia local: «El gobernador visita la localidad, pero solo se reúne con su sector político, ignorando a otras representaciones institucionales».
Debate político y sistema electoral
En el plano político, Leiva se refirió al debate sobre las PASO y defendió su vigencia como herramienta democrática.
«El sistema electoral no define al dirigente, pero las PASO son el mecanismo más transparente para seleccionar candidatos. Quienes hoy las cuestionan fueron elegidos por ese mismo sistema», expresó y agregó: «Tenemos diferencias dentro del espacio, pero está claro quiénes son nuestros adversarios políticos a nivel nacional y provincial».
Guillón: «Se afectaron derechos básicos de los vecinos»
Por su parte, el diputado provincial Rubén Guillón brindó detalles sobre el operativo y aseguró que la medida impactó directamente en la vida cotidiana de los habitantes.
«La Policía cortó el acceso unos 400 metros antes, afectando no solo al barrio 238 Viviendas, sino también a otros como Los Álamos y Cooperativa», explicó.
Según indicó, durante varias horas los vecinos no pudieron circular libremente.
«Se vulneró el derecho al tránsito, al trabajo y a la reunión. El barrio estuvo prácticamente militarizado», denunció.
Guillón remarcó que la convocatoria realizada por Leiva tenía carácter público y pacífico.
«La gente no fue a usurpar, fue a reunirse y a analizar la situación. Todos tienen constancias de preadjudicación firmadas por el propio Instituto de Vivienda», subrayó.
Advertencia por judicialización
Finalmente, el legislador provincial advirtió que, de avanzar la idea de un nuevo sorteo, los adjudicatarios recurrirán a la Justicia.
«No se puede desconocer todo el proceso que hizo la gente durante dos años. Tienen documentación que respalda su derecho», afirmó.
Y concluyó con una crítica al operativo de seguridad: «Bajo el argumento de prevención del delito, se terminó restringiendo la libertad de circulación y de reunión. Es una situación que no puede naturalizarse».