El juicio oral contra cuatro policías de Machagai, acusados por apremios ilegales y amenazas contra una familia de madereros, ingresó en su etapa final.
Durante los alegatos de clausura, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la querella solicitaron penas de entre 3 y 5 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La audiencia se realizó en la Cámara Segunda en lo Criminal de Saénz Peña, a cargo de la jueza Fanny Zamateo, publicó el portal judicial Litigio. Esta debió pasar a un cuarto intermedio por cuestiones de tiempo, por lo que la defensa de los efectivos expondrá sus argumentos el próximo 8, en lo que será la última instancia antes de la sentencia.
Según se expuso en los alegatos, tanto la fiscala Silvia Sluzar como la querella, a cargo de Ramiro Cabaña, consideraron acreditada la responsabilidad penal de los cuatro imputados por los hechos ocurridos en 2022.
Para el comisario Daniel Báez y el subcomisario Fernández, se solicitaron una pena de 5 años de prisión efectiva, junto con la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
En tanto, para los otros dos imputados -el sargento Dante Gerzel y el cabo Leonardo Villalobos- la fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso, mientras que la querella requirió 4 años de cumplimiento efectivo.
En todos los casos, también se solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Desde la querella insistieron en que los cuatro acusados deben cumplir penas de prisión efectiva, según pudo saber Litigio.
LA RECONSTRUCCIÓN
Durante los alegatos, las partes acusadoras destacaron como agravante central el «desprecio por la dignidad humana» evidenciado en el procedimiento policial, al que calificaron como desproporcionado en relación con la situación que lo originó.
En ese sentido, atribuyeron roles concretos a cada uno de los imputados. Según la acusación, Villalobos habría golpeado con un culatazo en la cabeza a una de las víctimas, mientras que Gerzel fue señalado por el uso excesivo de gas pimienta en al menos tres ocasiones contra personas en estado de indefensión.
Por su parte, Fernández fue acusado de propinar patadas, aplicar gas pimienta y proferir insultos contra las víctimas.
En el caso de Báez, se sostuvo que ejerció violencia directa contra una de las personas que intentaba registrar el procedimiento, además de haberle quitado el teléfono celular.
También se remarcó que las víctimas permanecieron esposadas y tendidas en la ruta durante un tiempo prolongado, en condiciones humillantes, antes de ser trasladadas a la comisaría.
Según lo expuesto, fueron demoradas cerca de la medianoche, pero recién recibieron atención médica alrededor de las 3.30.
EL CASO
El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2022, sobre la ruta nacional 16, a la altura de Colonia Aborigen, cuando un camión cargado con madera fue interceptado por efectivos de la División Rural de Machagai.
De acuerdo con la acusación, tras cuestionar la documentación, los policías demoraron el vehículo y, en medio del procedimiento, ejercieron violencia física y amenazas contra los ocupantes y otros familiares que llegaron al lugar.
Siete personas fueron reducidas, golpeadas y rociadas con gas pimienta. Una de las víctimas sufrió la fractura de una muñeca, lesión que requirió intervención quirúrgica y le dejó secuelas permanentes.
Posteriormente, ya en la comisaría, sufrieron amenazas para que no denuncien lo ocurrido.
Tanto la fiscalía como la querella sostienen que no existen dudas sobre la comisión de los delitos y la participación de los imputados, quienes enfrentan cargos por apremios ilegales agravados por violencia y amenazas.
El tribunal dará a conocer su veredicto una vez finalizada la etapa de alegatos.