El Frente Chaqueño presentó una denuncia judicial contra el Ministerio de Salud del Chaco y apuntó a fallas estructurales en los controles del sistema sanitario provincial.
El caso de la falsa médica que ejercía sin título habilitante en el Chaco escaló ahora al plano judicial y político. El interbloque del Frente Chaqueño denunció formalmente al Ministerio de Salud provincial por las presuntas fallas de control que permitieron que una mujer trabajara tanto en el ámbito privado como en hospitales públicos, firmando documentación oficial e incluso actas de defunción.
Según detallaron desde el espacio opositor, la presentación judicial incluye pruebas documentales que demostrarían que la situación era conocida —o al menos visible— dentro del sistema sanitario. Entre los elementos aportados figuran planillas internas de guardia, cronogramas mensuales, comprobantes de pagos y documentación firmada por la acusada.
“Esto no pasó en la oscuridad. Estaba en las planillas, en los cronogramas, en los registros. Todos lo sabían o debían saberlo”, sostuvieron desde el Frente Chaqueño al confirmar la denuncia.
Uno de los aspectos más delicados del caso es que la mujer habría firmado actas de defunción de más de diez pacientes durante el tiempo en que ejerció sin matrícula ni título habilitante.
“Hay más de 10 familias que fueron a buscar atención médica y terminaron velando a sus seres queridos. Esto no es un error administrativo: es una falla estructural que tiene consecuencias humanas”, remarcaron los denunciantes.
La acusación también alcanza al ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, y a otros funcionarios del área, a quienes señalan por presuntas responsabilidades derivadas de la falta de supervisión y control interno.
Desde el Frente Chaqueño advirtieron que el caso expone una crisis más profunda dentro del sistema sanitario provincial y cuestionaron la capacidad del Estado para garantizar controles mínimos sobre quienes ejercen funciones médicas.
“Falló el privado, falló el hospital y falló el Estado. Cuando nadie controla, el sistema se rompe. Y cuando el sistema se rompe, el costo lo pagan las familias”, afirmaron.
Además, plantearon interrogantes sobre posibles irregularidades similares en otros centros de salud de la provincia. “Si esto pasó durante tanto tiempo sin que nadie intervenga, la pregunta es inevitable: ¿cuántas situaciones más puede haber en otros hospitales?”, expresaron.
Finalmente, exigieron que la Justicia avance con rapidez en la investigación y reclamaron definiciones políticas frente al escándalo sanitario.
“No alcanza con mirar para otro lado. Cuando fallan todos los controles, las responsabilidades son de las máximas autoridades. Y alguien tiene que hacerse cargo”, concluyeron.
