La Municipalidad de Resistencia volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica tras el escandaloso operativo realizado este sábado en el local comercial “Las Locas Mayoristas”, sobre avenida 9 de Julio al 2900, un procedimiento que terminó con tensión, denuncias cruzadas, acusaciones de corrupción y la intervención de la Policía del Chaco.
Lo que comenzó como una inspección municipal por presuntas irregularidades en la habilitación del comercio terminó exponiendo mucho más que una simple falta administrativa: dejó al descubierto el creciente malestar de comerciantes y ciudadanos frente a controles que muchos consideran arbitrarios, selectivos y atravesados por sospechas de discrecionalidad política y burocrática.

El operativo y la versión oficial
De acuerdo con el informe policial difundido oficialmente este domingo, inspectores municipales realizaron actas de infracción y avanzaron con la clausura preventiva del comercio. Según esa versión, cuando el personal intentó colocar las fajas de clausura, empleados del local comenzaron a increpar a los agentes para impedir el procedimiento.
Ante la tensión, intervino personal de la Comisaría Novena. En medio del conflicto, un hombre de 34 años fue demorado acusado de haber lesionado a uno de los inspectores municipales.
La Policía informó además que dos agentes municipales denunciaron agresiones físicas y fueron examinados por Medicina Legal, que constató lesiones leves.
Tras controlar la situación, las fuerzas policiales garantizaron que se concretara la clausura y posteriormente se retiraron del lugar.

La otra versión: “Nos piden coimas”
Sin embargo, la versión del comercio contradice fuertemente el relato oficial y abre interrogantes incómodos para la gestión municipal.
A través de transmisiones en vivo y publicaciones realizadas desde las redes oficiales de “Las Locas Mayoristas”, integrantes del staff reconocieron públicamente que el comercio todavía no posee la habilitación definitiva, aunque aclararon que el trámite administrativo ya fue iniciado.
Pero el dato más explosivo llegó después: acusaron directamente a la Municipalidad de Resistencia de trabar la habilitación por presuntos pedidos de coimas.
“Quieren coimas”, afirmaron durante los videos difundidos mientras decenas de clientes aguardaban ingresar al local.
Además, denunciaron que otros comercios de la ciudad funcionarían en condiciones similares sin recibir controles ni clausuras, lo que alimentó aún más las críticas sobre posibles inspecciones selectivas.
La situación rápidamente escaló en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron el accionar municipal y reclamaron explicaciones públicas sobre los criterios utilizados para los controles comerciales.






Un municipio bajo cuestionamientos
El episodio vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de habilitaciones comerciales de la Municipalidad de Resistencia, históricamente cuestionado por comerciantes debido a la burocracia, demoras administrativas y denuncias informales sobre supuestos pedidos irregulares.
Hasta el momento, el Municipio no emitió ninguna respuesta oficial específica sobre las graves acusaciones de presuntos pedidos de coimas lanzadas por el comercio.
Tampoco hubo aclaraciones sobre por qué el local continuaba operando con el trámite iniciado ni si existieron inspecciones previas, intimaciones o controles anteriores.
La polémica crece aún más porque “Las Locas” ya había quedado envuelto semanas atrás en otro hecho de alto impacto público, luego de la muerte de un trabajador electricista que realizaba tareas en una de sus sucursales sobre avenida Castelli.




Más preguntas que respuestas
Mientras la Justicia avanza con la investigación de las agresiones denunciadas durante el operativo, el caso abrió un debate mucho más amplio en la capital chaqueña: el modo en que se aplican los controles municipales, la transparencia de los procesos de habilitación y el nivel de conflictividad que existe entre comerciantes y el Estado local.
Por ahora, la única certeza es que un procedimiento administrativo terminó transformándose en un nuevo escándalo político y social para la gestión municipal de Resistencia.

