El diputado provincial y exministro de Economía, Santiago Pérez Pons, solicitó al gobernador Leandro Zdero que regularice la deuda correspondiente a cinco cláusulas gatillo acumuladas con los docentes de la provincia.
El planteo fue acompañado por un análisis sobre la evolución de la política salarial del sector educativo y sobre las modificaciones implementadas durante la actual gestión provincial en materia de derechos laborales y mecanismos de actualización de haberes.
En ese sentido, el legislador afirmó que el informe analiza la situación salarial de los trabajadores de la educación a partir de los cambios introducidos desde el inicio de la actual administración. En esa línea, sostiene que las modificaciones alcanzaron distintos componentes de la política salarial y que el congelamiento de los ingresos tuvo un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los docentes.
Pérez Pons afirmó que, al momento del cambio de gestión, el esquema salarial docente se encontraba sustentado por una serie de mecanismos de actualización y garantías previamente vigentes. En ese marco expresó: «El salario docente no estaba desordenado cuando asumió esta gestión; había un piso de derechos conquistados que empezaron a desarmar desde el primer mes».
El legislador señaló además que la deuda correspondiente a cinco cláusulas gatillo constituye uno de los principales puntos del reclamo dirigido al Ejecutivo provincial.
De acuerdo con su planteo, la actualización salarial suspendida generó un desfasaje entre la evolución de los salarios y el comportamiento de la inflación acumulada durante los últimos trimestres.
DERECHOS LABORALES SEÑALADOS EN EL INFORME
En la presentación, Pérez Pons recordó cuáles eran, según su descripción, los instrumentos que integraban la política salarial docente al inicio de la actual gestión.
Entre ellos mencionó la cláusula gatillo trimestral, los incrementos salariales por encima de la inflación, las bonificaciones correspondientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el adicional de Conectividad, las paritarias libres y la percepción del salario completamente remunerativo.
El diputado sostuvo que esos seis componentes conformaban el marco de derechos vigente para los docentes chaqueños al momento de la asunción del actual gobierno provincial. Sobre esa situación manifestó: «Hoy, de esos seis derechos, no queda ninguno».
De acuerdo con el informe difundido, el proceso descripto comenzó con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del adicional de Conectividad a principios de 2024.
Posteriormente, el documento señala la suspensión de las paritarias y, finalmente, indica que durante 2025 se resolvió dejar sin efecto la aplicación de la cláusula gatillo, medida que derivó en el congelamiento de los salarios.
La cláusula, el eje
del reclamo
El reclamo formulado por Pérez Pons coloca a la cláusula gatillo como uno de los principales mecanismos de actualización salarial mencionados en el informe.
Según lo expuesto, la suspensión de ese instrumento produjo la acumulación de cinco trimestres sin aplicación de las actualizaciones previstas.
El legislador sostuvo que la interrupción de ese mecanismo generó una diferencia entre la evolución de la inflación y la evolución de los salarios percibidos por los trabajadores de la educación. En ese contexto, reiteró el pedido para que el gobierno provincial regularice la deuda salarial acumulada.
El informe también presenta la evolución de distintas herramientas de negociación y actualización salarial vigentes con anterioridad. Entre ellas menciona las paritarias, los adicionales salariales y los mecanismos automáticos de recomposición de haberes, señalando que esos instrumentos dejaron de aplicarse durante la actual gestión.
Posición crítica
En el tramo final de su presentación, Pérez Pons atribuyó a las políticas salariales implementadas durante la gestión anterior con los acuerdos alcanzados en el ámbito paritario y con la planificación presupuestaria destinada al sistema educativo provincial.
«Demostramos con firmas y acuerdos paritarios reales que proteger el salario de quienes enseñan es una prioridad presupuestaria.
Lo que hoy vemos en el Chaco es una decisión política de ajustar a los docentes para cerrar cuentas que no contemplan a la gente», sostuvo.
Impacto económico sobre los haberes
El informe incorpora una serie de estimaciones vinculadas con la evolución del poder adquisitivo de los salarios docentes desde la suspensión de la cláusula gatillo. Según los datos difundidos, la inflación acumulada durante ese período alcanzó el 42%, mientras que los incrementos salariales otorgados sumaron un 5%.
Sobre la base de esos valores, el documento sostiene que la pérdida real del poder de compra de los trabajadores de la educación alcanza el 26%. El análisis atribuye esa diferencia al desfasaje entre la evolución de los precios y la actualización de los salarios durante el período considerado.
En relación con los ingresos de un docente sin antigüedad, el informe indica que actualmente percibe un salario de $795 mil cuando, de acuerdo con los cálculos presentados, debería alcanzar los $1.095.000. Esa diferencia representa un monto mensual de $300 mil.
El documento agrega que, acumulada durante un período de 15 meses, esa diferencia supera los $2.100.000, cifra que identifica como equivalente a tres salarios completos.
Asimismo, el informe señala que, en el caso de docentes con diez años de antigüedad, la diferencia mensual asciende a $355 mil, mientras que para quienes cuentan con veinte años de servicio alcanza los $445 mil.