La concejala del CER, Soledad Villagra Delgado, entrevistada en La Radio, cuestionó la ejecución de obras públicas por parte del municipio de Resistencia advirtiendo que existen quince intervenciones realizadas sin licitación pública y mediante contrataciones directas.
En ese sentido, la dirigente del CER afirmó que las denuncias presentadas ante los organismos de control aún no recibieron respuesta.
Asimismo, manifestó su preocupación y explicó que las actuaciones fueron elevadas tanto al Tribunal de Cuentas como a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), organismos encargados de ejercer controles internos y externos sobre el manejo de los recursos públicos.
La edila enfatizó que las observaciones se centran especialmente en la modalidad utilizada para contratar diversas obras ejecutadas durante la actual gestión municipal.
Villagra sostuvo que el mecanismo empleado difiere de procedimientos observados en administraciones anteriores, donde las controversias derivadas de licitaciones públicas fueron objeto de observaciones y correcciones institucionales una vez detectadas por los organismos competentes.
Además, remarcó que la principal diferencia radica en que «ninguna está por licitación pública, son todas contrataciones directas», en referencia a un conjunto de quince obras públicas sobre las que recaen los cuestionamientos presentados.
De acuerdo con su descripción, algunas de esas contrataciones incluso habrían excedido los montos establecidos por la normativa provincial para la utilización de ese mecanismo excepcional.
Por otra parte, la concejala puso como ejemplo intervenciones realizadas en el predio del Domo del Centenario, donde, según indicó, una obra de características integrales habría sido fragmentada en distintas contrataciones.
En ese contexto, afirmó que se procedió a «partir en cuatro o en cinco la obra y hacer contrataciones directas con dos empresas o una o tres familiares, amigas», situación que consideró llamativa por la forma en que se estructuraron los procedimientos administrativos.
LOS ORGANISMOS
DE CONTROL Y LA ESPERA DE RESPUESTAS
Consultada sobre la reacción institucional ante las denuncias presentadas, Villagra Delgado respondió de manera categórica: «Ninguna» y sostuvo que hasta el momento no recibió observaciones, requerimientos ni actuaciones visibles por parte de los organismos de control involucrados en el análisis de los expedientes denunciados.
La dirigente explicó que el funcionamiento administrativo del sistema de control implica plazos que suelen extenderse más allá del ejercicio presupuestario en curso. Por ese motivo, indicó que las cuentas correspondientes al año actual recién podrán ser investigadas formalmente durante el año siguiente, una vez concluidos los procedimientos previstos por la legislación vigente.
No obstante, señaló que en administraciones anteriores existieron intervenciones más tempranas por parte del Tribunal de Cuentas y de la FIA cuando surgían denuncias de características similares. A su entender, esas actuaciones preliminares constituían una señal institucional que permitía advertir posibles desvíos o inconsistencias antes de la conclusión definitiva de los procesos administrativos.
En otro punto manifestó que, en las condiciones actuales, las investigaciones podrían desarrollarse recién durante el próximo año. «Esperemos, vamos a tener que esperar que se consume el hecho, que cobren todas las empresas como vienen cobrando y seguramente el año que viene en marzo, lamentablemente un año electoral», expresó al describir los tiempos que estima para el tratamiento de las denuncias.
Quiosko municipal
La edila también se refirió a la polémica construcción y puesta en funcionamiento de un kiosco en dependencias municipales, y alertó sobre el desproporcionado monto destinado a la obra, que despertó interrogantes públicos.
Además, recordó que la inversión ronda los $42 millones, enfatizando que el monto comprometido supera los límites establecidos para las contrataciones directas, situación que motivó nuevos pedidos de informes y presentaciones ante organismos de control.
Legitimidad, territorio
y proyección política
La concejala sostuvo que, en ausencia de elecciones internas, los propios dirigentes deberían asumir el costo de las competencias partidarias. «¿Quién tiene que pagar la interna? Nosotros tenemos que pagar la interna», expresó al referirse al deber de evitar que las disputas políticas generen cargas económicas adicionales para la ciudadanía.
Asimismo, cuestionó los mecanismos de designación surgidos exclusivamente de acuerdos entre referentes partidarios y admitió que tanto ella como otros integrantes de la conducción local fueron designados mediante consensos políticos. «Todos los consejos de Circuito de Resistencia, como la Junta Capital, fuimos elegidos por un acuerdo de las distintas fuerzas, o sea, fuimos puestos a dedos», afirmó.
Al ser consultada sobre la legitimidad de esas designaciones, respondió sin matices: «Por supuesto que sí. La legitimidad se tiene que dar por el voto que te elige el otro compañero. El de territorio». La dirigente remarcó que la validación democrática debe surgir de la participación directa de los afiliados y militantes en los procesos electorales internos.
Villagra Delgado propuso que las elecciones partidarias destinadas a definir autoridades del PJ capital, congresales y otros cargos orgánicos se realicen durante diciembre. Según argumentó, ese cronograma permitiría iniciar un proceso de renovación interna antes de que la dinámica electoral provincial y nacional termine desplazando nuevamente las discusiones partidarias de fondo.