La causa por la desaparición de Axel González sumó un nuevo capítulo judicial tras el dictado de las prisiones preventivas para Antonio Omar Íñiguez y Leonardo Nicolás Silva, ambos imputados por encubrimiento. Luego de la resolución del Equipo Fiscal N° 14, los dos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria N° 7, una medida que fue cuestionada por sus abogados defensores.
Miguel Barceló y Macarena Barceló Fogar, representantes legales de ambos imputados, presentaron un hábeas corpus preventivo y una serie de pedidos de informes dirigidos tanto a la Fiscalía como al Juzgado de Garantías N° 3 para conocer quién ordenó el traslado y bajo qué fundamentos legales se dispuso la medida.
La acusación que sostiene la Fiscalía
Según la resolución fiscal, Axel González fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo cuando ingresó corriendo a una vivienda del barrio Anunciación de Fontana perteneciente a Antonio Omar Íñiguez. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, en ese lugar también se encontraba Leonardo Nicolás Silva.
Los investigadores sostienen que ambos habrían sido las últimas personas que tuvieron contacto con el joven antes de su desaparición.
La Fiscalía atribuye a Íñiguez haber ocultado una campera que Axel llevaba al momento de ingresar al domicilio, mientras que a Silva le reprocha haber brindado versiones contradictorias durante el desarrollo de la investigación. Sobre esa base, el Equipo Fiscal Especial resolvió dictar la prisión preventiva de ambos por el delito de encubrimiento.
Los cuestionamientos de la defensa
Tras conocerse la resolución, los abogados defensores iniciaron una ofensiva judicial para revisar distintas decisiones adoptadas en la causa.
En primer lugar, solicitaron formalmente que se informe si el traslado a la Unidad Penitenciaria N° 7 fue ordenado por la Fiscalía o por el Juzgado de Garantías y requirieron que se incorpore al expediente la documentación que respalde esa decisión.
La defensa sostiene que sus asistidos permanecían alojados en dependencias policiales y cuestiona el traslado a una unidad penitenciaria, por considerar que aún no existe una condena firme en su contra.
Además, promovieron un hábeas corpus preventivo para garantizar las condiciones de alojamiento y resguardar la integridad física de ambos imputados.
Una estrategia que busca revisar la investigación
Los nuevos planteos se suman a otras presentaciones realizadas durante los últimos días por Barceló y Fogar, quienes también solicitaron la declaración testimonial de peritos, funcionarios judiciales y testigos que participaron en los primeros allanamientos realizados en domicilios vinculados a Íñiguez.
La defensa sostiene que esos procedimientos presentaron irregularidades y cuestiona especialmente el orden en que ingresaron policías, peritos y perros rastreadores a las viviendas inspeccionadas.
Para los abogados, esas circunstancias deben ser aclaradas mediante nuevas declaraciones testimoniales dentro del expediente.
Semana clave para la causa
La situación procesal de Íñiguez y Silva se define en paralelo al avance de medidas consideradas centrales para la investigación.
Durante los próximos días comenzarán las pericias sobre rastros biológicos secuestrados en distintos allanamientos y continuará el análisis de teléfonos celulares incautados a detenidos y efectivos policiales mencionados en la causa.
Mientras tanto, la desaparición de Axel González sigue sin respuestas concretas. A más de veinte días de la última vez que fue visto, la investigación mantiene abiertas diversas hipótesis y continúa concentrando la atención de la sociedad chaqueña.