El conflicto por el futuro del parque Caraguatá sumó en los últimos días un respaldo de peso. El Conicet Nordeste y cuatro de sus institutos de investigación manifestaron públicamente su acompañamiento a las iniciativas destinadas a proteger la biodiversidad del predio y apoyaron la posibilidad de que el espacio sea preservado bajo una figura legal de conservación, como una Reserva Natural Urbana.
A través de una nota dirigida a las autoridades municipales, organizaciones sociales, instituciones educativas y la comunidad en general, los investigadores señalaron que el área posee un valor ambiental que excede la escala local y remarcaron que la discusión actual debe convertirse en una oportunidad para construir consensos en torno a la preservación de uno de los últimos grandes espacios verdes de la capital chaqueña.
La declaración fue suscripta por el director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), Adrián Di Giacomo; la directora del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone), Ana María González; la directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Iighi), María Laura Salinas; y la directora interina del Instituto de Investigación y Desarrollo del Territorio y Hábitat Humano (Iidthh), María Andrea Benítez.
En el documento, los científicos manifestaron su acompañamiento a las iniciativas orientadas a la protección del área natural y reconocieron la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto de las intervenciones realizadas recientemente en el predio.
Asimismo, sostuvieron que el parque Caraguatá constituye un relicto ambiental de gran relevancia para la ciudad y para toda la región. Según explicaron, forma parte del corredor ecológico asociado al valle de los ríos Paraguay y Paraná, reconocido internacionalmente como un área importante para la conservación de las aves y la biodiversidad.
Los investigadores destacaron que la conservación de estos espacios urbanos resulta fundamental porque permite mantener hábitats para la fauna nativa, sostener servicios ecosistémicos, preservar vegetación autóctona y ofrecer oportunidades para la educación ambiental y la recreación responsable.
En uno de los párrafos centrales del documento afirmaron que el actual escenario representa «una oportunidad valiosa para encauzar un proceso de planificación participativo, transparente y técnicamente fundado, que permita compatibilizar el acceso público con la conservación efectiva de la biodiversidad».
Además, respaldaron explícitamente la posibilidad de otorgarle al predio una figura legal de protección.
«Manifestamos nuestro apoyo a que el parque Caraguatá sea protegido bajo una figura adecuada de conservación, como Reserva Natural Urbana u otra categoría equivalente que asegure la preservación de sus valores ecológicos, hídricos, paisajísticos, culturales, educativos y recreativos», señalaron.
Los especialistas también pusieron a disposición la capacidad técnica de sus institutos para colaborar con relevamientos de biodiversidad, monitoreo ambiental, restauración ecológica, diseño de senderos interpretativos, educación ambiental y asesoramiento para la planificación del espacio público.
En otro tramo del documento, el Conicet consideró que la controversia actual no debería entenderse únicamente como un conflicto.
«Entendemos que el conflicto actual no debe ser visto únicamente como una controversia taxativa, sino como una oportunidad para construir una agenda común entre autoridades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones científicas, instituciones educativas, pueblos originarios, vecinos y usuarios del espacio», expresaron.
La reacción
de Misión Eco
El respaldo científico fue recibido con satisfacción por la organización ambiental Misión Eco, una de las entidades que desde hace años impulsa la protección formal del predio. A través de un comunicado, la ONG agradeció el acompañamiento brindado por el Conicet Nordeste y los institutos Cecoal, Ibone, Iighi e Iidthh, y consideró que la intervención de la comunidad científica representa un paso importante para fortalecer el reclamo ambiental.
Desde la organización señalaron que el pronunciamiento académico ayuda a visibilizar la importancia estratégica del Parque Caraguatá y aporta fundamentos técnicos al pedido de declaración como Reserva Natural Urbana.
«Este respaldo representa un paso fundamental para visibilizar la importancia del Parque Caraguatá y fortalecer el pedido de que el área sea protegida bajo una figura legal de conservación», sostuvieron.
Misión Eco recordó además que el predio constituye uno de los últimos relictos naturales de gran tamaño que permanecen dentro del ejido urbano de Resistencia y que alberga flora y fauna nativas de alto valor ecológico.
La organización también destacó la predisposición manifestada por los investigadores para colaborar en futuras tareas de monitoreo, restauración ecológica y planificación ambiental.
«Entendemos que la protección del Caraguatá es una oportunidad histórica para construir consensos entre autoridades, instituciones, organizaciones sociales, comunidades educativas y vecinos», expresaron.
Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar impulsando la declaración de reserva natural y garantizar la preservación del área para las futuras generaciones.
LA GÉNESIS Del conflicto
La controversia que hoy rodea al parque Caraguatá comenzó a escalar a principios de marzo de este año, cuando vecinos y organizaciones ambientales denunciaron el ingreso de maquinaria pesada al predio.
El 9 de marzo, Misión Eco y Jóvenes por el Ambiente difundieron una gacetilla en la que manifestaron su preocupación por desmontes y remoción de vegetación nativa dentro del humedal.
Según denunciaron, durante los primeros días de ese mes ingresaron tractores, excavadoras y otras maquinarias de gran porte para realizar tareas de limpieza y apertura de caminos.
Tras recorrer el lugar, los ambientalistas aseguraron haber constatado la remoción de especies vegetales nativas como aromitos, quebrachos jóvenes y caraguatás, además de la alteración de sectores que atravesaban procesos naturales de regeneración.
«Se desmontaron sectores completos del parque. No se trata de una limpieza menor, sino de la remoción de biodiversidad nativa en distintas áreas del humedal», advirtieron entonces desde las organizaciones.
Los denunciantes señalaron además que algunas de las áreas intervenidas coincidían con sitios frecuentemente utilizados por aves para nidificar y que eran empleadas en actividades de observación de fauna y educación ambiental.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la falta de información pública previa sobre las tareas realizadas y a la ausencia de estudios de impacto ambiental conocidos por la comunidad.
Ante esa situación, las organizaciones presentaron notas formales dirigidas al intendente Roy Nikisch y a distintas áreas municipales para solicitar explicaciones sobre el alcance de las obras, el marco legal de las intervenciones y los estudios técnicos que las respaldaban.
La posición del Municipio
Desde el municipio de Resistencia rechazaron las acusaciones de desmonte y sostuvieron que las tareas ejecutadas respondían a un proceso de recuperación y puesta en valor del predio.
De acuerdo con la postura oficial citada por el propio Conicet, las intervenciones estuvieron orientadas a la limpieza de senderos, recuperación del espacio, relevamiento del patrimonio natural y elaboración de un futuro plan de manejo ambiental.
La administración municipal argumentó además que el lugar permaneció durante años en estado de abandono y que las acciones buscaban generar condiciones para el uso público y recreativo del parque.
Sin embargo, la explicación no logró desactivar las críticas de vecinos y organizaciones ambientalistas, que continuaron denunciando daños sobre sectores de vegetación nativa.
El fallo judicial
El conflicto alcanzó un nuevo nivel en abril de este año, cuando el Juzgado Civil y Comercial 21 de Resistencia intervino ante una presentación judicial impulsada por sectores ambientalistas.
En una resolución considerada histórica por las organizaciones, el juez Julián Flores hizo lugar a un amparo ambiental, ordenó frenar las intervenciones y reconoció al parque Caraguatá como sujeto de derechos.
La medida también dispuso la realización de un diagnóstico ambiental integral para determinar el estado de conservación del predio y evaluar el impacto de las tareas realizadas.
El fallo colocó el debate en una dimensión inédita para la provincia, al incorporar conceptos vinculados con los derechos de la naturaleza y la protección jurídica de los ecosistemas.
Posteriormente, la Municipalidad apeló la decisión judicial. Desde el Ejecutivo comunal sostuvieron que las tareas desarrolladas correspondían a acciones de limpieza y recuperación de un terreno abandonado y cuestionaron el alcance jurídico otorgado al parque por la resolución.