Vendedores ambulantes de Resistencia realizaron un facturazo en la plaza 25 de Mayo, como forma de protesta para reclamar la regulación de la actividad y denunciar lo que definieron como una política de persecución y hostigamiento por parte de la Municipalidad.
La medida también buscó abrir un canal de diálogo con las autoridades, aunque, según aseguraron, hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.
Uno de los referentes del sector, Juan Roldán, sostuvo que la movilización tuvo una amplia convocatoria y permitió fortalecer la organización de los trabajadores, aunque lamentó que el reclamo no haya generado avances en las negociaciones con el municipio ni con el gobierno provincial.
«Ayer tuvimos el facturazo. La verdad que fue muy bueno, muy exitoso porque hizo que todos los vendedores ambulantes nos fortalezcamos en el grupo. Realmente esto fue un impacto, pero no se abrió ningún diálogo ni con Gobernación ni con el municipio», afirmó.
El dirigente explicó que el principal objetivo del reclamo es lograr una normativa que establezca condiciones claras para desarrollar la actividad sin temor a perder la mercadería o las herramientas de trabajo.
«Es un reclamo por el derecho al trabajo. Nosotros solamente queremos trabajar, que se regule la actividad de venta ambulante. Necesitamos una normativa, nos queremos ajustar a la normativa, pero no hay ninguna solución», expresó.
Denuncias de hostigamiento
Durante la entrevista, Roldán aseguró que los trabajadores atraviesan una situación de permanente incertidumbre debido a los controles municipales y a los decomisos que, según indicó, se realizan de manera cotidiana en distintos espacios públicos de la ciudad.
«Hay un hostigamiento, una persecución de parte del municipio. Hay decomisos de mercadería, secuestran las herramientas y esto ocurre todos los días en la ciudad. No nos permiten trabajar y desarrollar esta actividad», denunció.
Según explicó, los operativos afectan a vendedores de distintos rubros que desarrollan su actividad de manera itinerante, entre ellos quienes comercializan alimentos, juguetes, artículos de uso cotidiano y otros productos.
Roldán remarcó que el sector no ocupa locales comerciales sino que trabaja en plazas, parques y otros espacios públicos, recorriendo distintos circuitos donde habitualmente se concentra la circulación de personas.
«Hay jugueteros, pancheros, paseros, quienes venden tortitas, churreros. Estamos todos dentro de la modalidad de venta ambulante. No estamos apostados en un solo lugar y, sin embargo, no nos permiten trabajar», indicó.
Asimismo, cuestionó que desde algunos sectores se intente instalar la idea de que la actividad es ilegal.
«Quieren hacer ver que esta actividad es ilegal e irregular ante la sociedad. Nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes. Por eso hicimos visible esta realidad que está pasando en Resistencia», remarcó.
Siete meses de conflicto
De acuerdo con el referente, la situación se agravó en los últimos siete meses y se intensificó en las semanas previas a la Bienal Internacional de Escultura.
Roldán opinó que el incremento de los controles responde a la intención de impedir la presencia de vendedores durante uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de la provincia.
«Esto hace más de siete meses que viene pasando, pero ahora se intensificó por la proximidad de la Bienal. Quieren ocultar la crisis que está atravesando nuestra ciudad y nuestra provincia», sostuvo.
En ese sentido, vinculó el crecimiento de la venta ambulante con el contexto económico y la falta de oportunidades laborales.
«Las familias están saliendo a la calle porque no saben qué hacer. Hay una falta enorme de oportunidades y la gente busca una manera de llevar un plato de comida a su casa», afirmó.
El dirigente consideró que la actividad constituye una alternativa de subsistencia para numerosos hogares chaqueños que quedaron fuera del mercado laboral formal y aseguró que la cantidad de vendedores continúa creciendo.
«Nosotros somos 72 vendedores agrupados, pero son muchísimos más. Cada día esto se incrementa porque la situación económica obliga a muchas familias a buscar una salida laboral», dimensionó.
trabajar dentro de la ley
Lejos de rechazar una eventual reglamentación, Roldán aseguró que el sector reclama precisamente la intervención del Estado para ordenar la actividad y establecer criterios uniformes que permitan desempeñar el trabajo con previsibilidad.
Según explicó, los vendedores están dispuestos a cumplir con todos los requisitos que disponga el municipio, incluso a incorporarse a un registro oficial y afrontar las obligaciones tributarias que correspondan.
«Necesitamos que el municipio regule la actividad. Lo ponemos a disposición. Aceptamos cualquier norma. Si debemos pagar un impuesto, vamos a pagarlo. Queremos que el Municipio se haga cargo y regule esto. Queremos trabajar», manifestó.
En ese sentido, remarcó que gran parte de los vendedores ya cumple con exigencias vinculadas a la comercialización de alimentos, como la capacitación en manipulación y las certificaciones sanitarias.
«Tenemos carnet de manipulación de alimentos, tenemos todo lo que nos requiere la Municipalidad. Estamos regulados en ese tema, estamos capacitados, pero no hay una regla clara», afirmó.
Roldán sostuvo que esa contradicción genera desconcierto entre quienes desarrollan la actividad, ya que, pese a reunir la documentación solicitada por distintas áreas municipales, continúan siendo intimados a retirarse de los espacios públicos.
«Cuando vienen y te quieren sacar las herramientas de trabajo o decomisar la mercadería, nosotros les mostramos todo lo que nos pidieron. Pero ellos tampoco saben explicar por qué nos sacan.
No hay una regla clara. Incluso los propios inspectores muchas veces no conocen cómo debe aplicarse la normativa», cuestionó.
La incertidumbre cotidiana
El referente describió el impacto emocional que, según dijo, provoca salir cada día a trabajar sin saber si podrán regresar a sus hogares con la mercadería o si terminarán perdiendo toda la inversión realizada.
Explicó que muchos vendedores deben comprar previamente los productos para luego recorrer distintos sectores de la ciudad con la expectativa de concretar algunas ventas, en un contexto de fuerte retracción del consumo.
«Estamos con el corazón en la boca cada vez que salimos a trabajar porque no sabemos si vamos a volver con nuestra mercadería o si nos la van a sacar», expresó.
Asimismo, relató situaciones que, según afirmó, reflejan el nivel de angustia que atraviesa el sector.
»Hace pocos días a una señora que estaba vendiendo le restringieron el trabajo y se puso a llorar. Nosotros estábamos ahí y fue algo muy feo. Comprar mercadería hoy cuesta muchísimo dinero y después venir a trabajar para que te la quieran sacar genera una frustración enorme», sostuvo.
Por otro lado, Roldán agregó que la crisis económica también redujo considerablemente las ventas. «No es como antes. Hoy cuesta muchísimo vender.
Ya es difícil recuperar la inversión y encima tenemos que soportar los controles permanentes. Es muy triste volver a casa con toda la mercadería porque no pudimos vender o porque nos impidieron trabajar», lamentó.
Multas impagables
Otro de los puntos que cuestionó fue el monto de las multas que, según denunció, deben afrontar quienes sufren decomisos de mercadería o herramientas de trabajo.
El referente aseguró que las sanciones económicas resultan inaccesibles para trabajadores que viven de ingresos diarios y que, en muchos casos, apenas logran cubrir los gastos básicos de sus familias. «¿Sabe cuánto está ahora la multa? $600 mil. Un vendedor ambulante no tiene ese dinero. Si te sacan la herramienta de trabajo, te arruinan. Después no tenés cómo pagar esa multa para recuperar lo que es tu sustento», afirmó.
A su entender, esas sanciones terminan expulsando a los trabajadores de una actividad que, para muchos hogares, constituye la única fuente de ingresos.
Un registro y reglas claras
Consultado sobre la posibilidad de integrar un registro municipal de vendedores ambulantes, Roldán respondió que el sector no solo está de acuerdo sino que considera indispensable avanzar en ese sentido para terminar con la incertidumbre. «Por supuesto que queremos formar parte de un registro. Lo que pedimos es que haya reglas claras para poder trabajar tranquilos», expresó.