El senador nacional Jorge Capitanich encabezó una reunión de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación, en la que presentó los lineamientos de un proyecto de ley destinado a declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El encuentro reunió a representantes de cuatro entidades empresarias nacionales y dio inicio a una agenda de trabajo orientada a relevar la situación de las economías regionales mediante un proceso de diálogo institucional con los distintos sectores productivos del país.
La convocatoria contó con la participación de Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos; Alejandro Bertín, secretario del Movimiento Nacional Pyme; Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer; y Diego Ojeda, representante de ENAC. Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en señalar el deterioro que atraviesan las pequeñas y medianas empresas como consecuencia del incremento sostenido de los costos operativos, la retracción del consumo, las dificultades para acceder al financiamiento y el cierre de establecimientos productivos.
Al inaugurar la jornada, Capitanich explicó que la comisión impulsará un trabajo permanente junto a las instituciones representativas del sector con el propósito de consolidar un ámbito parlamentario de diálogo entre el Estado y quienes desarrollan actividades productivas en todo el territorio nacional. En ese marco, sostuvo que la participación de las entidades permitirá incorporar información directa sobre la realidad de cada actividad económica y fortalecer la elaboración de propuestas legislativas.
«Este es un espacio de intercambio y de participación que se inicia hoy», aseguró Capitanich al abrir el encuentro. «Vamos a convocar sucesivamente a representantes de las economías regionales y de las instituciones para conocer con nivel de detalle la situación de las pequeñas y medianas empresas. Queremos escuchar, debatir y construir herramientas que permitan resolver sus problemas», afirmó el senador al presentar la metodología de trabajo que la comisión prevé desarrollar en las próximas reuniones.
PROYECTO DE EMERGENCIA
PARA LAS MIPYMES
Durante la exposición central, Capitanich explicó que el proyecto de emergencia fue elaborado luego de un proceso de consultas con distintas entidades empresarias y que su objetivo principal consiste en preservar el entramado productivo nacional y proteger el empleo generado por las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa propone un régimen excepcional con una vigencia de trescientos sesenta y cinco días para atender la situación que atraviesa el sector.
Entre las medidas previstas por el proyecto se incluye una reducción del costo tarifario y del Impuesto al Valor Agregado aplicado a los servicios energéticos, una moratoria impositiva y previsional, la creación de una cuenta tributaria única para compensar saldos fiscales, mecanismos de financiamiento destinados al capital de trabajo y procedimientos de pago acelerado para proveedores del Estado. Además, contempla incentivos para la transformación tecnológica y un régimen especial de reestructuración de pasivos orientado a evitar el cierre de empresas consideradas viables.
El senador sostuvo que la propuesta responde al agravamiento progresivo de las condiciones económicas que afectan a las pequeñas y medianas empresas. «Las pequeñas y medianas empresas aumentaron sus costos de una manera extraordinaria: alquileres, energía, agua, combustibles y transporte. Al mismo tiempo bajaron sus ingresos por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del consumo. Cuando bajan los ingresos y aumentan los costos, primero se absorbe con ahorro; después, con endeudamiento; y finalmente aparece la asfixia financiera», expresó al fundamentar la necesidad de avanzar con la iniciativa.
Capitanich también expuso datos vinculados con la evolución reciente del sector empresarial y del empleo formal. «Si proyectamos esta tendencia podemos tener 40.000 pymes menos. Estamos hablando del sector que representa el 98,5 por ciento del total de las empresas argentinas», afirmó, luego de advertir que el país registra el cierre de 26.448 empresas y una pérdida cercana a 350.000 puestos de trabajo formales.
Posición de las entidades empresarias
Las intervenciones de los representantes de las organizaciones empresarias coincidieron en respaldar el diagnóstico presentado durante la reunión y en destacar la necesidad de adoptar medidas para atender la situación de las pequeñas y medianas empresas. Los expositores señalaron que la combinación entre el incremento de los costos, la disminución del consumo y las restricciones financieras constituye uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector productivo.
Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), calificó el proyecto de emergencia como una herramienta inmediata frente al escenario económico descripto durante el encuentro. «Necesitamos la emergencia económica. Esto es un salvataje», afirmó al referirse a la iniciativa impulsada en el ámbito de la comisión del Senado.
En el mismo sentido, Rosato sostuvo que el reclamo de las empresas está vinculado con la posibilidad de sostener la actividad productiva y el desarrollo industrial. «No estamos pidiendo mucho. Estamos pidiendo producir en la Argentina. Desarrollar la Argentina», concluyó al exponer la posición de la entidad que representa.
Por su parte, Alejandro Bertín, secretario del Movimiento Nacional Pyme, manifestó que la declaración de emergencia constituye una respuesta necesaria para el contexto actual, aunque consideró que posteriormente deberán impulsarse políticas permanentes para fortalecer el desarrollo del sector. «La emergencia hoy es absolutamente necesaria. Pero cuando salgamos de la emergencia debemos tener una política estructural y de largo plazo», señaló durante su intervención.
Diagnóstico del sector productivo
Bertín explicó además que el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas requiere políticas orientadas a la creación de nuevas unidades productivas, la ampliación del financiamiento destinado a la inversión y la consolidación de reglas estables que favorezcan el crecimiento de la actividad económica. Sus planteos se incorporaron al conjunto de diagnósticos expuestos por los representantes de las entidades participantes.
En representación de la Fundación Pro Tejer, Marco Meloni describió la situción que atraviesa la industria textil mediante una expresión que resumió el escenario planteado durante la reunión. «Estamos llenos de cicatrices y vamos al frente, pero no somos inmortales», afirmó al referirse a las dificultades que enfrenta el sector industrial.
Las distintas intervenciones desarrolladas durante la jornada coincidieron en señalar la importancia de preservar la continuidad de las empresas y el empleo mediante instrumentos que permitan afrontar las dificultades financieras y productivas. Los representantes empresarios respaldaron la necesidad de sostener espacios institucionales de diálogo con el objetivo de aportar diagnósticos y propuestas sobre la realidad de las economías regionales.
La reunión constituyó el primer encuentro de una agenda de trabajo impulsada por la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, orientada a incorporar la participación de organizaciones representativas del sector privado y de las diferentes actividades productivas distribuidas en el territorio nacional.