El senador nacional, entrevistado en «La otra campana», reclamó una ley de emergencia para sostener la producción y el empleo. Advirtió que el ajuste nacional desplomó la recaudación de provincias y municipios, paralizó obras estratégicas y debilitó servicios esenciales. Afirmó que el peronismo debe construir un programa de desarrollo antes que una estrategia electoral, con eje en la industria, el empleo, la infraestructura y las economías regionales, y abogó por el fortalecimiento del sector agropecuario. A la hora de analizar el gobierno del Chaco, puso al desnudo una gestión que sigue sin rumbo y tensiona la relación puertas adentro de la UCR chaqueña, donde comienzan a analizarse variantes electorales tanto para la fórmula como para las intendencias de Resistencia y Sáenz Peña.
El senador nacional, exgobernador y presidente del Partido Justicialista del Chaco, Jorge Capitanich, entrevistado por «La otra campana», el programa clásico radial que se emite todos los domingos por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní con la conducción de Gustavo Ojeda y de Facundo Sagardoy, advirtió sobre el deterioro de la actividad económica y afirmó que la crisis golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Señaló que ya cerraron 26.448 pymes en el país, que la cifra podría alcanzar las 40 mil antes de fin de año y que se perdieron alrededor de 368 mil empleos formales. Ante ese escenario, propuso un paquete de medidas que incluye alivio tarifario, moratorias impositivas y previsionales, reducción de contribuciones patronales y un régimen especial para preservar empresas en crisis.
El exmandatario también cuestionó el impacto del modelo económico sobre las provincias y los municipios. Sostuvo que la caída de la actividad redujo la recaudación coparticipable, afectó el financiamiento de obras públicas y limitó la prestación de servicios esenciales.
Además, criticó la paralización de proyectos de infraestructura, como el segundo puente Chaco-Corrientes, y aseguró que la disminución de las transferencias nacionales compromete la capacidad de gestión de las administraciones provinciales.
En el plano político, Capitanich sostuvo que el peronismo debe construir primero un programa de gobierno antes que una estrategia de unidad electoral. Entre sus principales propuestas mencionó el fortalecimiento de la política industrial, el desarrollo de las economías regionales, la inversión en infraestructura, la promoción del empleo y el respaldo al sector agropecuario mediante la eliminación de retenciones, financiamiento productivo y mejoras logísticas. También cuestionó la gestión del gobierno del Chaco por el deterioro de la salud, la educación, la seguridad y la obra pública.
-Entrevistamos al ex gobernador del Chaco en tres oportunidades, ex jefe de Gabinete, senador nacional y presidente del Partido Justicialista del Chaco. En vísperas del 9 de Julio, cuando el debate sobre la independencia y la soberanía económica vuelve a cobrar relevancia, Capitanich presentó un informe que describe un escenario crítico para las pequeñas y medianas empresas. Además, este contexto coincide con el inicio del proceso político rumbo a las elecciones de 2027.
-¿Senador, nos escucha?
-Sí, ¿qué tal? Un gusto saludarlos.
-El gusto es nuestro. Se presentó un informe en el Congreso que describe una situación muy compleja para las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el diagnóstico?
-Como presidente de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Economía Social del Senado, impulsamos una agenda de trabajo para evaluar la situación de las empresas en todo el país. Iniciamos este proceso con una serie de exposiciones de distintos sectores productivos.
Los datos son preocupantes. Ya cerraron 26.448 pequeñas y medianas empresas en la Argentina y las proyecciones indican que esa cifra podría llegar a 40 mil antes de fin de año. Las ventas pyme cayeron 1,3 % mensual en el último relevamiento, el primer semestre cerró con indicadores negativos y el consumo continúa en retroceso.
Durante las audiencias recibimos planteos coincidentes de las entidades empresarias, desde la Came hasta representantes de las economías regionales. Todos identifican cuatro problemas centrales que requieren una respuesta legislativa urgente.
El primero es la emergencia tarifaria. Los costos energéticos crecieron de manera exponencial mientras los ingresos disminuyeron por la caída del consumo. Las empresas venden menos, afrontan mayores gastos, pierden rentabilidad y, finalmente, muchas terminan cerrando.
Por ese motivo presentamos un proyecto para reducir al 50% el IVA aplicado al servicio energético y aliviar la carga tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de una iniciativa consensuada con distintos bloques parlamentarios.
El segundo eje es una moratoria previsional e impositiva. Muchas empresas enfrentan embargos preventivos que paralizan su actividad. Proponemos un régimen de regularización con planes de 60, 48 y 36 cuotas, acompañado por la condonación parcial o total de intereses resarcitorios y punitorios.
Si esa situación no se resuelve, las empresas continúan acumulando deudas y recurren cada vez más al financiamiento bancario. La cantidad de cheques rechazados oscila entre 145 mil y 178 mil por mes, según el período analizado.
Al mismo tiempo crece el endeudamiento de las familias. La mora en el sistema financiero ronda el 13%, mientras que en los préstamos no bancarios alcanza entre el 30% y el 32%, con tasas de interés muy elevadas. También aumenta la morosidad de las empresas, que llega al 3,7%. Todo este contexto termina afectando aún más el consumo.
El tercer punto es la emergencia laboral. En la Argentina existen 359 mil microempresas con menos de cinco trabajadores, donde se concentra el 77% de la informalidad laboral.
Durante el debate de la reforma laboral propusimos reducir significativamente las contribuciones patronales para incentivar la formalización del empleo. Esa propuesta no fue incorporada y hoy insistimos con un esquema de reducción de cargas sociales acompañado por mecanismos de financiamiento.
El cuarto aspecto es la emergencia comercial. Muchas empresas podrían preservar sus puestos de trabajo mediante procedimientos concursales más ágiles. Nuestra propuesta establece un régimen excepcional de 90 días, prorrogable por otros 45, que suspenda ejecuciones prendarias e hipotecarias y facilite la continuidad de las pymes.
El proyecto contempla 45 artículos y tendría una vigencia inicial de un año. Su objetivo es proteger a las pequeñas y medianas empresas, preservar el entramado productivo y evitar una mayor destrucción del empleo formal.
Las proyecciones indican que ya se perdieron cerca de 368 mil puestos de trabajo registrados. En la mayoría de los casos, esos empleos son reemplazados por ocupaciones de menor calidad y mayor precarización.
La experiencia demuestra que existen alternativas. Entre 2002 y 2015 la economía generó alrededor de 3,4 millones de empleos privados formales y más de 4.3 millones de puestos de trabajo en total.
Durante ese período también se registró una fuerte inversión extranjera directa, cercana a los USD50 mil millones, sin necesidad de un régimen como el Rigi.
Actualmente, en cambio, el saldo es negativo en aproximadamente USD1.300 millones y numerosas empresas multinacionales abandonaron el país.
En definitiva, la recuperación de la actividad económica requiere políticas que fortalezcan el mercado interno, mejoren la rentabilidad de las empresas y generen condiciones estables para invertir, producir y sostener el empleo.
«La recaudación cae por decisiones del gobierno nacional y perjudica a provincias y municipios»
-Contador, en estos momentos también preocupa mucho la caída de la recaudación en las arcas provinciales y municipales. ¿Qué nos puede decir al respecto?
-Sí, la verdad es que debo confesar mi sorpresa respecto de cuál es el sistema de seducción que ejerce el gobierno nacional sobre los gobernadores aliados. Sinceramente, no lo entiendo.
Primero, bajaron el impuesto sobre los Bienes Personales no incorporados al proceso económico, y eso reduce drásticamente los niveles de transferencia de recursos coparticipables. Segundo, la actividad económica cae como producto de la reducción de las ventas de bienes de consumo masivo. Baja la recaudación del impuesto al valor agregado, que también es coparticipable.
Tercero, todos los gobernadores tuvieron un ingreso excepcional en junio de 2024 como consecuencia de la rentabilidad de las operaciones del sistema financiero durante el ejercicio 2023. Pero, en definitiva, con el impuesto a las ganancias y las operatorias del Rigi y el Súper Rigi, quienes más ganan pagan menos y, por lo tanto, disminuyen los recursos coparticipables.
A su vez, lo que me parece más grave es que votaron un presupuesto en el que la compensación por las transferencias del sistema previsional, por ejemplo para 13 provincias, en realidad no existe o consiste en montos insignificantes.
Además, si se observa la evolución de los últimos doce meses, diez registran una caída de la recaudación en términos reales. Efectivamente, según cómo se ponderen los distintos mecanismos, la disminución ronda el 7,3%.
En consecuencia, la recaudación cae por decisiones del gobierno nacional y eso perjudica no solamente a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), sino también a más de 2.300 municipios, que no pueden realizar obras ni responder a las demandas sociales que el Gobierno nacional abandonó por completo.
Por otra parte, cerca de USD1.000 millones anuales dejan de aplicarse y esa cifra acumulada alcanzará aproximadamente los USD3 mil millones. Lo poco que se ejecuta corresponde a una porción muy reducida de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Entonces las rutas se deterioran, no se construyen más viviendas, no hay obra pública y desaparece el efecto multiplicador que genera empleo en las provincias. La pregunta que me hago es cuál es el factor que seduce a los gobernadores para convertirse en aliados incondicionales de este Gobierno. Sinceramente, no defienden un solo interés vinculado con las obras e infraestructuras estratégicas.
El otro día participé en una reunión de la Comisión de Infraestructura porque estoy reclamando por la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes. Lo hago por una razón muy sencilla: desde el 2 de noviembre de 2023 el directorio del BID aprobó un financiamiento de USD700 millones y todavía no se firma el convenio para ejecutar la obra.
Entonces vuelvo a hacerme la misma pregunta: ¿qué los seduce de este Gobierno? Porque es cierto que la inflación baja, pero, sinceramente, el modo en que el Indec compone el índice no refleja cómo impactan realmente los precios sobre la vida de las personas.
A la gente le reducen el poder adquisitivo del salario, aumentan los alquileres, disminuyen el valor real de las jubilaciones y de las pensiones no contributivas, reducen las transferencias sociales indirectas y aumentan el precio de la garrafa de gas, la factura de electricidad, el boleto del transporte público, el agua, las tarifas de los servicios y la telefonía.
Las familias están cada vez más endeudadas, no disponen de recursos suficientes y, sin embargo, los gobernadores continúan apoyando un programa económico que, a mi entender, beneficia a los sectores de mayores ingresos y profundiza el empobrecimiento de los más vulnerables.
«El Gobierno dice que tiene superávit fiscal, pero eso no es cierto»
-Senador, le pregunto: ¿este es el cambio de modelo al que hacen referencia muchos intendentes? Ellos sostienen que ahora deben administrar en un contexto de ajuste y redefinir prioridades. En este contexto aparece otra iniciativa. El Presidente de la Nación dice que el Banco Central nació de una estafa y reunió al bloque oficialista. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-Es lamentable lo que está ocurriendo en el Chaco. Fijate: pomposamente anunciaron el segundo acueducto del interior, una obra que está prácticamente terminada y a la que solo le faltan detalles operativos. La pintan de rosado y hacen todas esas cuestiones de marketing, pero la realidad es que la obra no aparece.
La verdad es que el segundo acueducto del interior se va a seguir demorando significativamente porque es falso que el Gobierno de Milei tenga superávit fiscal. Dicen que tiene un 0,2% de superávit financiero, pero el propio Fondo Monetario Internacional habla de un déficit del 0,8%. Y si yo computo todas las obligaciones que no pagan, el resultado es cercano al 8% de déficit fiscal.
Entonces, eso que sostiene el Gobierno no es cierto. Lo llamativo es que los gobernadores sean los únicos que parecen creerlo.
Hay otra cuestión muy grave. Las rutas de El Impenetrable quedaron paralizadas. Dicen que transfirieron todas las obras a la provincia, pero ¿con qué recursos las va a financiar? Si no transfieren las compensaciones del sistema previsional y la obra social, el Insssep está absolutamente quebrado.
No hay derivaciones, no se atiende adecuadamente a pacientes oncológicos ni pediátricos. Si uno analiza el sistema de salud, faltan recursos humanos para responder a la demanda. Además, hay cerca de un millón de afiliados que perdieron su obra social al quedar desempleados. ¿A dónde recurren? Al sistema público.
Y el sistema público no funciona. No funciona el programa Incluir Salud, no funcionan los mecanismos de compensación previsional ni la obra social del Insssep. Mientras tanto, durante las campañas electorales le mintieron a la gente y el ministro designado continúa haciéndolo como si nada hubiera ocurrido. La situación es realmente grave.
Hay un problema central: aumentan exponencialmente los costos de los medicamentos y de los insumos médicos. Además, están eliminando los laboratorios públicos dedicados a la producción de medicamentos. En materia de recursos humanos, el salario del sector público acumula una pérdida cercana al 40%.
Tengo que decir la verdad. Antes los médicos reclamaban por el impuesto a las ganancias; ahora vuelven a reclamar por ese mismo tema, pero prácticamente nadie escucha esos reclamos. Lo mismo sucede con los residentes y otros trabajadores del sistema sanitario.
Creo que lo que está en marcha es un proceso de destrucción integral del sistema de salud para avanzar hacia su privatización. Lo mismo ocurre con el sistema educativo, donde también se impulsa un modelo que apunta crecientemente a la educación domiciliaria.
El tercer problema es la seguridad. El narcotráfico ha penetrado en múltiples ámbitos y la Justicia aparece cooptada por un esquema de fuerte parcialidad.
¿Y qué veo hoy en la provincia? No hay obra pública. No se construyen viviendas. No existen efectos multiplicadores sobre la actividad económica.
Cierran comercios y empresas de servicios. La construcción permanece paralizada y la industria atraviesa un proceso de deterioro permanente.
Las principales actividades industriales registran una caída sostenida de la producción y una constante destrucción de puestos de trabajo.
En definitiva, este modelo es un modelo para la casta. Es un modelo profundamente oligárquico. Le irá bien a muy pocos, pero lamentablemente a provincias como el Chaco, Corrientes y Misiones les irá mal.
Yo hablo con los productores forestales y están protestando. También lo hacen los productores del norte y distintos sectores productivos. ¿Por qué? Porque la apreciación cambiaria favorece la especulación financiera y la denominada «timba financiera», pero no estimula la producción, la generación de empleo ni la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo.
Por eso creo que se trata de un modelo de ajuste estructural profundamente perverso, que concentra la riqueza en pocos sectores y excluye a la gran mayoría de los argentinos.
Consolidar un programa antes de las candidaturas
En el plano político, Capitanich afirmó que el peronismo debe construir primero un acuerdo programático antes que una unidad electoral.
Planteó como ejes una política industrial con valor agregado, generación de empleo, fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, desarrollo de las economías regionales, un ambicioso plan de infraestructura y reglas fiscales, monetarias y cambiarias que otorguen estabilidad.
Respecto del escenario chaqueño, sostuvo que existen numerosos dirigentes con vocación de competir por la gobernación en 2027, cuestionó la gestión provincial por el deterioro de la educación, la salud, la seguridad y la obra pública, y defendió el financiamiento estatal de las campañas electorales como garantía de transparencia y equidad.
Un plan para el agro
El exgobernador Jorge Capitanich presentó una propuesta de diez ejes para fortalecer al sector agropecuario, que incluye la eliminación de las retenciones, un seguro multirriesgo, la ampliación de la superficie bajo riego, financiamiento para infraestructura y logística, fortalecimiento de puertos y vías navegables, acceso al crédito y una ley de sanidad vegetal.
Sostuvo que la apreciación cambiaria, las retenciones y la pérdida de rentabilidad afectan la competitividad del campo, por lo que consideró necesario impulsar una estrategia que integre la producción agropecuaria con la industria y mejore la inserción argentina en los mercados internacionales.