La crisis del transporte público del Gran Resistencia llegará hoy al ámbito legislativo. La Comisión de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Chaco convocó para las 11 a una reunión con autoridades del Ejecutivo provincial y representantes de las empresas prestatarias con el propósito de analizar la suspensión de recorridos de colectivos que dejó sin servicio a miles de usuarios y buscar alternativas que permitan revertir la situación.
La convocatoria fue realizada por la presidenta de la comisión, la diputada Katia Blanc, quien citó al subsecretario de Transporte de la provincia, José Luis Picaluk, además de los responsables de las empresas que operan el sistema de transporte urbano e interurbano.
El encuentro buscará conocer las razones de la interrupción de distintas líneas, evaluar la situación económica que atraviesa el sector y escuchar las explicaciones de cada una de las partes involucradas.
El debate legislativo se producirá en un contexto marcado por los reiterados reclamos de vecinos de distintos barrios del área metropolitana que desde hace semanas denuncian la suspensión de recorridos, largas caminatas para acceder a otras líneas y dificultades para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o atención médica.
barrios sin conexión
Entre los principales temas que abordará la comisión figura la suspensión de recorridos correspondientes a las líneas 2 y 106 BC, una medida que impactó directamente sobre numerosos barrios del Gran Resistencia.
Según la información difundida por la comisión, la interrupción del servicio afectó a vecinos de Carpincho Macho, 44 Viviendas, 100 Viviendas STM, 160 Viviendas, 92 Viviendas, Los Pinos e Italia. A ello se sumó la suspensión del ramal 106 BC, que dejó sin transporte a habitantes de San Antonio, 56 Viviendas, 40 Viviendas, Los Milagros, Lote 296, Aipo, San Carlos I y II, 110 Viviendas, 152 Viviendas y parte de las 500 Viviendas.
La falta de colectivos obligó a numerosos pasajeros a modificar sus rutinas diarias, caminar varias cuadras para acceder a otros recorridos o recurrir a medios de transporte alternativos, con el consecuente incremento en los costos y tiempos de traslado.
Desde la comisión sostuvieron que el encuentro permitirá poner sobre la mesa las consecuencias concretas que la reducción del servicio genera sobre miles de familias que dependen exclusivamente del transporte público para desarrollar sus actividades cotidianas.
funcionarios
y empresarios
La reunión tendrá como eje central escuchar tanto la posición del gobierno provincial como la de las empresas prestatarias.
Para ese fin fueron invitados el subsecretario de Transporte, José Luis Picaluk, y representantes de las compañías encargadas de prestar el servicio, quienes deberán brindar precisiones sobre las razones que llevaron a la suspensión de recorridos y las posibilidades de restablecer la normalidad.
La intención de la comisión será abrir un espacio de diálogo que permita identificar responsabilidades y explorar alternativas para garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial.
La convocatoria surgió luego de que legisladores recibieran numerosos planteos de vecinos afectados por la falta de colectivos en distintos sectores del área metropolitana.
La crisis del transporte
Al fundamentar la convocatoria, Katia Blanc advirtió que la problemática excede la suspensión puntual de algunas líneas y se vincula con el escenario económico que atraviesan las empresas.
La legisladora afirmó que «el ahogamiento de las pymes también llegó al sector del transporte público», al considerar que las dificultades económicas impactan tanto sobre las prestatarias como sobre los usuarios que diariamente necesitan el servicio.
En ese sentido, sostuvo que la situación requiere una participación activa del Estado y reiteró la necesidad de implementar políticas que permitan sostener la actividad.
La diputada planteó que resulta necesario contar con «un Estado impulsor, que tenga como prioridad el sostenimiento de la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia», al entender que la crisis demanda respuestas coordinadas entre el sector público y privado.
Recorrida por
los barrios
Antes de impulsar la reunión de comisión, Blanc visitó algunos de los barrios afectados para interiorizarse sobre la situación que atraviesan los usuarios.
Durante esas recorridas dialogó con vecinos que describieron las complicaciones que enfrentan desde la interrupción del servicio.
Uno de los testimonios correspondió a Raquel, vecina del barrio Carpincho Macho, quien relató las dificultades cotidianas que padecen numerosas familias.
«Nos enteramos por los vecinos que el colectivo dejó de pasar. Hace dos semanas que estamos sin servicio y nadie vino a dar una explicación, ni la empresa ni el Gobierno», expresó la mujer al describir la situación que viven los habitantes del barrio.
La vecina explicó además que la falta de transporte perjudica especialmente a quienes dependen del colectivo para concurrir a sus trabajos.
«Nos quedamos a pie», resumió al describir el impacto que tuvo la suspensión del recorrido.
Reclamos anteriores
Durante la recorrida también surgieron cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio antes de la interrupción definitiva.
Raquel señaló que las frecuencias ya presentaban importantes demoras y describió las condiciones en las que los pasajeros debían esperar la llegada de las unidades. «El colectivo pasaba cada dos horas. Cuando llovía nos mojábamos en la parada y cuando hacía frío esperábamos sin resguardo. Además, muchas veces trataban mal a la gente», manifestó.
Esos planteos fueron incorporados por la comisión como parte del diagnóstico que buscará debatirse durante la reunión de este martes.
Para los legisladores, las quejas no solo reflejan la suspensión reciente de algunos recorridos, sino también problemas estructurales vinculados con la calidad del servicio.
El rol del Estado en el debate
Otro de los puntos que probablemente forme parte de la discusión será la responsabilidad del Estado frente a la prestación del transporte público.
Blanc cuestionó las declaraciones del gobernador Leandro Zdero, quien atribuyó exclusivamente a la empresa Ersa la responsabilidad por la suspensión de las líneas afectadas. Desde la presidencia de la comisión sostuvieron que, independientemente de la situación económica de las empresas, el Estado mantiene la obligación de garantizar el funcionamiento de un servicio considerado esencial para la población.
La legisladora entendió que ese aspecto deberá formar parte del intercambio con los funcionarios provinciales durante la reunión prevista para este martes.
Además de conocer las explicaciones de funcionarios y empresarios, los integrantes de la comisión procurarán determinar qué medidas pueden implementarse para recuperar los recorridos suspendidos y evitar que nuevos barrios queden sin cobertura.
El debate también permitirá conocer el diagnóstico oficial sobre la situación financiera del sistema y las posibilidades de sostener el servicio en el actual contexto económico.