La diputada nacional de Unión por la Patria, Julieta Campo, entrevistada por Radio Libertad, cuestionó el proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa representa un cambio profundo en el régimen vigente de protección de la propiedad rural.
La legisladora afirmó que la modificación elimina los límites actuales para la adquisición de tierras por parte de grupos económicos extranjeros y advirtió que ello implicaría una pérdida de soberanía sobre áreas consideradas estratégicas para el país. «Quieren abrir la puerta a la extranjerización de nuestras tierras», expresó al referirse al alcance de la propuesta que será tratada el 6 de agosto en el Senado, mientras la Cámara de Diputados aún no tiene una fecha definida para su tratamiento.
Campo explicó que el proyecto fue postergado en una sesión anterior debido a la falta de los votos necesarios para su aprobación y señaló que el debate continúa abierto en el Congreso.
En ese contexto, indicó que los aspectos que generan mayor preocupación están vinculados con la eliminación de los límites que actualmente regulan la propiedad extranjera sobre tierras rurales.
La legisladora recordó que la Ley de Tierras vigente fue sancionada en 2011 con el propósito de establecer restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros luego de la crisis financiera internacional de 2008.
Asimismo, explicó que aquella normativa buscó evitar que grandes grupos financieros adquirieran superficies estratégicas en distintos países como mecanismo de resguardo de capitales, estableciendo límites específicos para preservar el control nacional sobre esos recursos.
Campo precisó que la legislación vigente fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y además impide la adquisición de determinadas áreas consideradas estratégicas. «La ley establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y también impide la adquisición de zonas estratégicas, como áreas ribereñas, acuíferos, lagos y zonas de frontera.
Eso es lo que el Gobierno quiere eliminar», afirmó.
Asimismo, remarcó que el proyecto no está dirigido a ciudadanos extranjeros que deseen radicarse y producir en el país, sino a facilitar el acceso de grandes grupos económicos internacionales al territorio argentino.
EL IMPACTO
SOBRE EL CHACO
Al referirse a la situación actual de la propiedad rural en el país, Campo indicó que aproximadamente 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. Para dimensionar esa superficie, comparó esa extensión con el territorio de Inglaterra y sostuvo que la reforma abriría nuevas posibilidades para incrementar ese proceso de concentración de la tierra.
En relación con el Chaco, la diputada señaló que actualmente existen entre 250 mil y 300 mil hectáreas rurales pertenecientes a propietarios extranjeros. Según indicó, esa superficie equivale a 11e veces el tamaño de Buenos Aires, lo que refleja la magnitud de la presencia de capitales extranjeros sobre tierras chaqueñas.
La legisladora explicó que alrededor del 60% de esas tierras se concentra en el departamento General Güemes, donde se encuentra la región de El Impenetrable.
Destacó que se trata de un territorio de relevancia estratégica debido a su biodiversidad, la presencia de bosques nativos y las comunidades que habitan esa zona del norte provincial.
En ese marco, Campo sostuvo que la reforma propuesta favorecería el avance de grupos financieros internacionales sobre áreas de alto valor ambiental y territorial. «Esto viene por las joyas de la abuela. Busca abrir la puerta para que grupos económicos extranjeros puedan hacerse de nuestro territorio.
Es una pérdida enorme de soberanía», aseguró, advirtiendo que El Impenetrable constituye uno de los principales espacios de interés por sus características naturales y estratégicas.
SOBERANÍA
Y RECURSOS ESTRATÉGICOS
La diputada consideró que la eventual aprobación del proyecto implicaría una reducción de las herramientas legales con las que actualmente cuenta el Estado para proteger recursos considerados estratégicos.
Según explicó, la normativa vigente permite establecer límites sobre determinadas áreas cuya preservación responde a criterios de interés nacional vinculados con el territorio y los recursos naturales.
En ese sentido, Campo manifestó que la principal consecuencia sería una disminución de la capacidad estatal para ejercer control sobre esas zonas. «Lo que se pierde es soberanía porque vamos a perder el manejo de nuestro territorio. El Chaco tiene zonas de frontera, ríos y bosques que son estratégicos para el país», sostuvo al describir los efectos que, a su entender, tendría la modificación legislativa.
Asimismo, vinculó el tratamiento de la reforma con la política económica nacional y con la reciente visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. «La visita del FMI y esta reforma son parte de una misma política de desnacionalización de la economía.
Lo que buscan es avanzar sobre los bienes estratégicos de la Argentina», expresó durante su análisis sobre el contexto en el que se impulsa el proyecto.
Por otro lado, Campo agregó que, desde su perspectiva, la reforma forma parte de una política de apertura sobre activos considerados estratégicos y reiteró que el debate excede la cuestión de la propiedad privada para involucrar aspectos relacionados con el control del territorio y de los recursos naturales.
En ese marco, insistió en que la discusión debe contemplar el impacto que tendría sobre las provincias que cuentan con zonas de frontera, cursos de agua y áreas de alto valor ambiental.
Críticas al modelo
La legisladora sostuvo que las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional no han producido los resultados esperados en el Chaco. Señaló que los distintos regímenes promocionales anunciados no generaron las inversiones previstas ni impulsaron un crecimiento sostenido de la actividad económica local.
«No llegaron las inversiones prometidas ni con el Rigi ni con el resto de los regímenes. En cambio, encontramos más de mil empresas cerradas en el Chaco y alrededor de 8 mil personas que pasaron del empleo formal al trabajo informal», afirmó Campo al referirse a la situación productiva y laboral de la provincia.
La diputada también cuestionó el incremento de las tarifas de los servicios públicos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la reducción de la obra pública nacional.
Según indicó, esos factores conforman un escenario que repercute directamente sobre las economías familiares y sobre el funcionamiento de la actividad productiva provincial.
Pedido a legisladores
Campo manifestó además que le gustaría conocer la postura de los representantes de La Libertad Avanza respecto del impacto que tendría la reforma sobre el Chaco. «Me gustaría saber cuál sería el beneficio para la provincia.
Hasta ahora no vemos inversiones que generen empleo, sino un deterioro de la situación económica y laboral», señaló planteando interrogantes sobre los efectos concretos que, según afirmó, tendría la modificación normativa.
La legisladora sostuvo que hasta el momento no observa resultados positivos derivados de las políticas impulsadas por el gobierno nacional y remarcó que, por el contrario, identifica un contexto caracterizado por el cierre de empresas, el crecimiento de la informalidad laboral, la pérdida del poder de compra de los salarios y el aumento del costo de vida.
En ese sentido, reiteró que el debate sobre la Ley de Tierras debe contemplar tanto las consecuencias económicas como las vinculadas con la preservación de los recursos estratégicos.
Campo cuestionó el nivel de influencia de los organismos financieros internacionales sobre las decisiones económicas del país y afirmó que el endeudamiento no debe condicionar las políticas públicas nacionales. «No podemos permitir que organismos como el Fondo Monetario Internacional condicionen la manera de gobernar la Argentina.
Necesitamos un presidente que gobierne para los argentinos y no un gerente del FMI», concluyó.